Actué bajo órdenes de un “aparato organizado de poder”, dice Lozoya ante juez

Después de transcurridas seis horas y media desde su primer audiencia, Emilio Lozoya confirmó a través de sus abogados lo que se venía especulando desde hace meses, le dijo al juez frente a la cámara colocada en su habitación en el hospital que si… que pudo haber cometido hechos que fueron delitos, pero los hizo sin intención y bajo las órdenes de un “aparato organizado de poder”.

Sin dar nombres ni puestos de quienes integraban este aparato, prometiendo que lo haría, pero el argumento de defensa- orquestado por uno de los abogados más influyentes del mundo- y de la temporalidad en la que se manejaron los hechos no dejan duda: fue el gobierno encabezado por el ex presidente Enrique Peña Nieto y sus secretarios de estado.

“Fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado…” dijo Lozoya, y completaron sus abogados: “en el marco de los hechos señalados por las y los agentes del Ministerio Público de la Federación, el señor Emilio L. fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social el día de hoy”.

Los hechos: la presunta adquisición a base de sobornos de una planta chatarra por la que PEMEX había perdido 8 mil millones de pesos ante gobierno, así como los presuntos sobornos hechos a través de la constructora brasileña Odebrecht, los cuales serán presentados en audiencia el día de hoy.

El que Lozoya Austin intente responsabilizar a sus superiores es algo que ya se preveía desde el momento en que se anunció que el exfuncionario peñista buscaba colaborar con FGR, para denunciar delitos mas graves de corrupción que los que a el se le imputan, a cambio de obtener beneficios legales.

Pero la audiencia de casi doce horas de duración dejó al descubierto una estrategia: un plan que ha sido utilizado con éxito para denunciar entramados criminales que permitió llevar a la cárcel al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, mientras que en Colombia permitió construir casos contra el crimen organizado.

La frase “aparato organizado de poder” referida ayer en la audiencia de Lozoya no es un concepto al azar. Es la definición de una doctrina concebida por uno de los penalistas más influyentes del mundo, el abogado y jurista alemán Claus Roxin, quien ha recibido, entre otros reconocimientos, más de 20 doctorados Honoris Causa de distintas universidades.

Roxin es además profesor de Miguel Ontiveros Alonso, el abogado que lidera la defensa de Emilio Lozoya, y quien al igual que su maestro es un estudio de las teorías del Derecho.

¿En qué consiste esta doctrina?

Se trata de una doctrina que parte de la teoría de existencia de estructuras de poder- como la de la delincuencia organizada- que cuenta con líderes difíciles de identificar en un inicio, pero que son los verdaderos beneficiarios de distintos hechos ilícitos.

Dichos líderes no cometen los crímenes de manera directa, sino que se valen de integrantes de menor rango de la organización para que ellos los cometan.

La doctrina de las estructuras de poder ya ha sido llevada a la práctica. La misma fue aplicada por la Fiscalía en Perú para imputar delitos graves al expresidente Alberto Fujimori y a integrantes de su gabinete.

¿Cómo demostraría Lozoya que fue utilizado?

El gran reto que enfrenta Emilio Lozoya y su equipo de defensa será probar que el ex director de PEMEX fue, en efecto, un simple instrumento de una estructura organizada para cometer los hechos ilícitos de los casos Agronitrogenados y Odebrecht.

La defensa debe evidenciar, primero, que existe una organización jerárquicamente superior a Lozoya. En opinión de los expertos penalistas esto es de fácil resolución pues es claro que el hoy procesado formaba parte de un gobierno en el que tenía al menos dos niveles de funcionarios superiores: los secretarios de Estado y el presidente de la República.

Desde el año pasado cuando Lozoya aún permanecía en libertad, sus abogados defensores ya habían argumentado que “el ex funcionario no se mandaba solo” y que detrás de las inversiones irregulares se encontraba el consejo administrativo de PEMEX, en el cual participan cuatro secretarías, entre las que está Hacienda, encabezada en ese entonces por Luis Videgaray.

Además, sus defensores llegaron a declarar públicamente que “nada sucedía sin que el presidente estuviera enterado”.

El otro gran aspecto que Lozoya debe probar o al menos evidenciar con indicios sólidos es que, en efecto, recibió órdenes o instrucciones para cometer hechos posiblemente delictivos, y que lo hizo sin tener conocimiento de que se trataba de actos irregulares o que si lo conocía, pero los cometió presionado o en contra de su voluntad.

Con ello se cumpliría el requisito que marca la ley de denunciar delitos más graves como condición para que Lozoya pudiera recibir un criterio de oportunidad, se le retiren sus cargos, y se vuelva testigo colaborador en las eventuales nuevas acusaciones contra sus superiores.