Ahora los militares van a demandar por fabricación de pruebas en Caso Ayotzinapa

El caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se complica cada vez más desde que se derribó la denominada “Verdad Histórica” construida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, hasta fechas recientes.

En esta ocasión, la defensa de cuatro militares detenidos por su relación con este caso presentó una denuncia en contra de quienes resulten responsables por la presunta fabricación de pruebas que se han ido presentando contra este grupo militar.

Esta información la dieron a conocer los abogados defensores Alejandro Robledo y César González, quienes ya han estado ligados a otro caso: el del extitular de la Consejería Jurídica de Presidencia, Julio Scherer y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, por presunto tráfico de influencias en el caso de Juan Collado.

Los abogados de los militares detenidos en una prisión de las Fuerzas Armadas desde septiembre de 2022, aseguraron que sus clientes son inocentes y que la FGR y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) no cuentan con pruebas sólidas para relacionarlos con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, pues solo cuentan con “elementos de pruebas falsos”.

El general acusado, José Rodríguez, es señalado por presunta delincuencia organizada y nexos con Guerreros Unidos, mientras que los demás militares son acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Ante esto, los abogados defensores pidieron la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a quien acusan de viciar la investigación en la CoVAJ y todo el proceso para conocer la verdad tras ocho años de este caso sin resolver.

Este caso comienza a enredarse más, pues en pocos días ha pasado de la filtración del reporte de la CoVAJ, la cancelación de órdenes de aprehensión en contra de militares y funcionarios, así como declaraciones de Alejandro Encinas publicadas por The New York Times y que el mismo subsecretario desconoce sobre lo débil que está la investigación.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aclara que estas inconsistencias en el caso no restan importancia al hecho de que si hay indicio sólidos sobre la participación del Ejército en la desaparición de estos 43 estudiantes, así como el nexo entre el 27 Batallón y el narcotráfico.