¿Anular prisión preventiva liberaría a 68 mil procesados como asegura titular de SEGOB?

L encargada de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Luisa María Alcalde, aseguró que la posible anulación de la prisión preventiva significa dejar en libertad a miles de procesados. Obviamente no es así, pues para empezar, ni siquiera en la Corte se propone anular la prisión preventiva.

Luego de lo que Alcalde dijo en la mañanera de ayer, 16 de abril, el colectivo de abogados Pena Sin Culpa aclaró que la posible “anulación” de la prisión preventiva por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no implica un riesgo a la seguridad nacional y mucho menos se trata de un atentado a la soberanía, ya que la decisión sería en respuesta a una sentencia de la Corte Interamericana.

“La Suprema Corte está proponiendo invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio (…) Y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy”, advirtió la titular de la SEGOB.

De acuerdo con Pena sin Culpa, la titular de SEGOB dijo que si la Suprema Corte anula la prisión preventiva se liberarán, en automático a 68 mil presos, porque se dio a conocer el proyecto con el que el ministro Pardo Rebolledo dará respuesta a una sentencia de la Corte Interamericana por el caso conocido como “García Rodríguez y otro vs México,” sin embargo, en esta sentencia ni siquiera se propone anular la prisión preventiva, sino hacer que los jueces la apliquen de manera razonable y justificable.

“De ninguna manera implica una liberación o exoneración masiva –como lo infirió de manera irresponsable el día de hoy la Secretaría de Gobernación– sino todo lo contrario (…) en vez de aplicar la prisión preventiva a raja tabla, dicho proceso debe ser en una audiencia pública donde se analicen los datos objetivos”, explica el comunicado difundido por el colectivo de abogados.

Lo que debería preocupar, agrega Pena Sin Culpa, es que Luisa María Alcalde lo que hizo fue aceptar públicamente que hay actualmente más de 68 mil personas encerradas en prisión sin que se les haya dictado sentencia condenatoria, es decir, en prisión preventiva.

De acuerdo con el colectivo, la sentencia de la Corte Interamericana al caso “García Rodríguez y otros vs México” se dio desde 2023 y es obligatoria e inapelable y se dio luego de darle oportunidad al Estado de ofrecer sus pruebas. Entonces, para Pena Sin Culpa, resulta preocupante que la sentencia que pide bajarle a la prisión preventiva se está dando de manera “unilateral” por la instancia internacional.

El caso que podría suspender la prisión preventiva de facto en México data de 2002, cuando Daniel García García fue detenido por el asesinato de María de los Ángeles Tamés, regidora del ayuntamiento donde él era secretario. Se le acusó de haber ordenado el crimen, estuvo en prisión preventiva por 17 años, hasta 2022, que se le dictó sentencia de 35 años, la cual fue apelada.

El caso fue llevado a la Corte Interamericana, donde se probó que García Martínez y Jaime Martínez (a quien se acusó de autor material del asesinato) fueron ilegalmente detenidos. “El caso se relaciona con la responsabilidad internacional de México por las torturas, violaciones al debido proceso y a la libertad personal”, señala el informe de la corte internacional.

Con información de Sopitas