Durante los últimos dos años semana tras semana aparecen en nuestro país iniciativas de ley o propuestas que terminan por poner en riesgo la privacidad de millones de personas en México.

Entre el contenido en internet, redes sociales, datos de la banca en línea y ahora los requisitos para adquirir un teléfono celular, la violación de la privacidad digital ha atacado desde todos los flancos.

En estos dos años se han visto desfilar una serie de propuestas en las Cámaras de Diputados y Senadores, muchas de las cuales quedaron para ser discutidas en un futuro y otras fueron desechadas con el paso del tiempo, por lo que este es un recuento de las iniciativas de ley que han aparecido durante el gobierno de la 4T.

Padrón de Usuarios de Telefonía

En abril de 2021 el Senado aprobó una iniciativa originada en la Cámara de Diputados (en el escritorio de Mario Delgado, por cierto) para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Lo más preocupante es que obligará a todas las personas que quieran un teléfono celular a entregar sus datos biométricos.

El registro, además, incluye muchísima información personal y los riesgos para la privacidad se cuentan por montones. Desde los riesgos de filtraciones, hasta las violaciones a la presunción de inocencia si alguien comete un delito con tu número de celular.

¿App del banco? Activa tu GPS

Esa es otra de las reglas extrañas que comenzaron recientemente. A partir de marzo de 2021, entraron en vigor unas nuevas reglas de la Secretaría de Hacienda en la que se obliga a todos los usuarios de banca en línea a tener activado el GPS durante cualquier operación.

La medida, supuestamente, busca detener los delitos financieros digitales. Sin embargo, fue señalada por su ataque a la privacidad.

Sobra decir que los datos del GPS son extremadamente sensibles, pues incluyen tu casa y los lugares que frecuentas. La Red en Defensa de los Derechos Digitales consideró que esta nueva medida era desproporcionada, peligrosa y además, tenía fundamentos equivocados sobre la presunción de inocencia. “(Se establece) bajo la presunción de que todas las personas usuarias son sospechosas de ser delincuentes”, señalaron.

Regularización de redes sociales

En medio de las discusiones, uno de los asuntos más bravos de estos últimos meses fue la regulación de las redes sociales. Aunque éstas no se han concretado, ¡por supuesto que se hicieron!

Una de las más reconocidas fue la publicada por Ricardo Monreal, senador de Morena.

A pesar de que una regulación de las redes sociales podría ser positiva si se hace con cuidado y en vigilancia de los derechos digitales, esta historia era una barbaridad. Planteaba permisos del Estado para operar en internet, se podían censurar contenidos con conceptos ambiguos y por supuesto, se hablaba de cierres y cancelaciones de cuentas. 

¿Censura? Aprobaron la “notificación y retirada”

Durante el verano de 2020, los legisladores aprobaron unos cambios a la Ley Federal del Derecho de Autor que, aunque buscaban proteger a los creadores de contenido terminaron por establecer mecanismos, hechos y derechos, de censura en internet.

El mecanismo se le conoce como “notificación y retirada” y llegó a México como parte de los acuerdos del T-MEC.

¿En qué consiste? Es bastante sencillo. Con esta herramienta legal, cualquier persona que alegue que un contenido en internet viola su derecho de autor, sin necesidad de ninguna prueba, conseguirá que se borre de manera automática. Imagínense las posibilidades de censura, porque además, incluyeron multas y problemas penales.

Bienvenido a los candados digitales

Al mismo tiempo que aprobaron la llegada de la “notificación y retirada” a México, nuestros diputados y senadores le dieron el visto bueno, también, a las penas de hasta 10 años de cárcel a quienes se brinquen, a propósito o sin querer, los candados digitales. 

¿Eso que es? Un candado digital, en brevísimas palabras, es una medida que, basándose en los derechos de autor, no te permita ver o modificar algún producto.

Normalmente, se pensaría que es para que no puedas piratear un DVD o para que no puedas descargar las películas de Netflix. Sin embargo, en México, también podría aplicarse para que no puedas arreglar tu teléfono de manera personal, para que no puedas inhabilitar la recolección de datos personales o para que, sencillamente, pierdas total control de dispositivos de tu propiedad. 

Lo que sabe el Gobierno de todos tus viajes en Uber

Si utilizas Uber, Didi o cualquiera de estas plataformas de transporte, el gobierno de la Ciudad de México tiene muchos más datos tuyos de los que te imaginas. Esa noticia, aunque viejita, también prendió las alertas de la privacidad en la capital.

Desde finales de 2019 recopilan datos de todos los viajes, incluyendo distancia, tiempo y por supuesto, ubicaciones.

Sin embargo, también vale la pena recordar que la condición para obtenerlos fue una iniciativa que obligaba a las aplicaciones a entregarlos o perder el permiso de operar en la Ciudad de México.

¿Se acuerdan del #MocheDigital?

Siguiendo con medidas que controlan las redes sociales, nuestro comportamiento en internet o la privacidad de nuestras interacciones digitales, se aprobó en México una ley que podría encarecer todos los productos tecnológicos, con el fin de compensar a los derechos de autor. 

La propuesta surgida en el escritorio del diputado Sergio Mayer, aunque podría parecer bien intencionada, tiene algunas consecuencias fuertes.

Em resumen, buscaba establecer un cargo adicional a todos los dispositivos de almacenamiento (como computadoras, celulares, discos duros, tarjetas SD o memorias USB) para entregarlas como compensación en un supuesto daño a los derechos de autor por “la realización de copias privadas”.

Y las que faltan

Esas son solo algunos de los ejemplos más sonados. Mientras lees esta nota, en el Poder Legislativo de México existen iniciativas para cobrar un impuesto del 7% a los consumidores de plataformas de streaming y una nueva Ley de Ciberseguridad que, si se aprueba, permitiría que la Guardia Nacional borre contenidos y baje publicaciones que “dañen la imagen pública” de algunas instituciones.

Con información de Sopitas