Una extraña ley está avanzando entre la clase política del país la cual promete, entre otras cosas, que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) controle los datos biométricos de todas las personas en México.
En teoría esta ley promete solucionar la problemática en el Registro Civil y eficientar la cuestión de los trámites, pero entre todo hay un apartado que ha despertado una serie de dudas.
La principal preocupación es que en uno de sus artículos, intenta avalar que SEGOB (Secretaría de Gobernación) controle los datos biométricos que se solicitan; además de crear un Sistema Nacional, controlado por el Gobierno, que almacene la información de todos los mexicanos.
Las dudas sobre SEGOB y el control de los datos biométricos se aparecen porque la Cámara de Diputados acaba de aprobar una Ley General de Operación de los Registros Civiles.
Esta ley todavía necesita pasar por el Senado, así que no es un hecho.
Es un armatoste de 60 páginas, que principalmente se enfocan en arreglar los enredos del Registro Civil en México. En pocas palabras, intenta homologar los procesos en los estados y facilitar los requisitos para entregar todo tipo de actas, incluyendo las actas de nacimiento.
Suena bastante burocrático e incluso necesario, pero la cosa es que, para lograrlo, proponen que SEGOB controle los datos biométricos de las personas. Aquí es donde empiezan las dudas.
La propuesta intenta crear una Base de Datos Nacional del Registro Civil, que concentraría todas las actas de todos los estados, así como las oficinas consulares en el extranjero. Esa base de datos, repleta de información, estaría explícitamente a cargo de la SEGOB. Incluyendo, por supuesto, los datos biométricos.
Según la misma iniciativa, en el Artículo 35, se presenta un Formato Único que tiene que incluir la información de identidad de todos; aquí es donde vienen los datos biométricos que terminarían en SEGOB.
Ahora, no se especifica que datos biométricos van a tener, pero estos podrían ser más que los que se solicitan habitualmente, como las huellas digitales o del rostro, también el reconocimiento de iris, de la retina o incluso vascular (de las venas de la mano) y de igual manera está el reconocimiento de voz.
Ahora, eso no es lo único. La misma iniciativa pretende crear, en el Artículo 42, un Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID) que también sea controlado por SEGOB.
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Ese SID, se supone, es una plataforma informática que tendrá los datos de todos, incluyendo nuestros datos biométricos. La SEGOB, que será encargada de manejarla, podrá decidir quiénes la consultan, compartiéndosela a entidades públicas y también empresas privadas. En ninguno de los artículos mencionan mecanismos de control o de seguridad.
Pues hasta el momento, la propuesta para que SEGOB tenga los datos biométricos de todos está avanzando a paso firme. La iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados con 299 votos a favor y 131 en contra.
Siguiendo el camino legislativo, ahora está de camino al Senado, donde podría recibir algunos cambios.
Reabrirán caso ‘Kiki’ Camarena por pruebas falsas del FBI
El juicio celebrado hace más de 34 años por el asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena, será reabierto.
Lo anterior, porque los abogados de uno de los últimos sentenciados demostró irregularidades del FBI, como la presentación de pruebas falsas.
El juez federal de Estados Unidos, John A. Kronstadt, reconoció afectación en el proceso llevado a cabo contra el ex policía judicial de Guadalajara, Raúl López Álvarez.
Se sustentaron “evidencias defectuosas” aparentemente presentadas por Michael Malone, entonces jefe de la Unidad de Pelos y Fibras del Laboratorio del FBI, acusado de inexacto y corrupto.
Se le señala de realizar, junto con sus subordinados, análisis científicamente insostenibles en una casa de Guadalajara, donde ‘Kiki’ Camarena fue asesinado. Asimismo, de ofrecer testimonios exagerados.
Pese a la reapertura del caso, López Álvarez, condenado a cuatro sentencias consecutivas de 60 años, no podrá obtener la libertad bajo fianza, por lo que enfrentará el nuevo proceso en la cárcel.
La reapertura del juicio fue informada el 23 de marzo de acuerdo con documentos a los y deberá comenzar dentro de los 180 días posteriores a la publicación de la sentencia, es decir, en septiembre próximo.
“Dado que el último juicio contra el acusado ocurrió hace más de 34 años, el Gobierno necesitará tiempo adicional para ubicar testigos y pruebas, debido al paso de un tiempo significativo”, detalló el juez Kronstadt.
2022 fue el año más violento para la prensa en México
2022 fue el año más violento para la prensa en México, pues los periodistas y comunicadores se enfrentaron a un ataque cada 13 horas, en promedio.
Estos datos los revela el reporte anual “Voces contra la Indiferencia” de Artículo 19.
En este informe se revela que en el 2022 hubo 696 atentados contra periodistas y comunicadores, lo que representa un aumento de 4.3 veces en comparación al cuarto año de gobierno de Felipe Calderón en 2010 y 1.6 veces en comparación con el de Enrique Peña Nieto.
La mayoría de las agresiones contra la prensa son cometidas por autoridades públicas, ya que de los 696 casos registrados, un 42.53% fueron perpetrados por actores del estado, o bien funcionarios de muy alto rango.
Artículo 19 monitoreó las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y encontraron que en al menos 176 ocasiones se hicieron comentarios estigmatizantes dirigidos a los medios de comunicación, periodistas e incluso organizaciones de la sociedad civil.
De estos 176 situaciones, 44 fueron ataques contra la prensa y 33 de ellos fueron cometidos por el presidente directamente. Muy pero muy grave y en efecto, el 2022 fue el año más violento para la prensa mexicana.
Los 5 estados con más casos de ataques contra la prensa durante el año pasado fueron la ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.
Explica Artículo 19 que este estado se ha convertido en el epicentro de acoso judicial y administrativo contra periodistas. En 12 meses registraron 32 casos de este tipo de agresiones en todo el país pero solo Yucatán acumuló uno de cada 3 procesos.
Uno de cada 3 ataques contra la prensa fueron cometidos en la esfera digital, con un total de 196 agresiones en línea documentadas.
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“A todo lo anterior le sigue la impunidad, esa que prevalecen un 97% de los casos de violencia contra la prensa y no tiene visos de revertirse”, se lee en el informe.
Regresa López-Gatell a las mañaneras como el zar contra adicciones
Precisamente en la mañanera de ayer, 28 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que se viene el regreso de López-Gatell, pero ahora será un invitado más recurrente al tener una nueva misión: informar quién es quién en las adicciones.
“Todos los martes va a estar con nosotros el doctor Hugo-López Gatell”, amenazó AMLO. “Todos los martes, prevención de adicciones, es un tema para orientar sobre la campaña”.
El no oficial nombramiento de Hugo López-Gatell como zar contra las adicciones está enmarcado en el problema que tiene el gobierno de AMLO con el de Estados Unidos por el tema del fentanilo, problema que se ha intensificado, dado que el presidente ha negado que México sea país consumidor y, mucho menos, productor. Es decir, que el tema es problema exclusivo de Estados Unidos.
Lo anterior ha causado que representantes del gobierno de Joe Biden ya han salido a decir que cómo no se fabrica fentanilo en México, incluso desde el Departamento de Estado se ha asegurado que nuestro país ya está dominado por el crimen organizado en varias regiones.
Y ya ni hablar de lo que han dicho del bando republicano, donde hasta se ha pedido la intervención de las fuerzas armadas en territorio mexicano.
A todo lo anterior, AMLO se ha recomendado a los políticos de Estados Unidos que, en lugar de tratar de echar bala en México, mejor atiendan el problema de las adicciones entre los jóvenes. Y aquí es donde todo el tema del fentanilo y la lucha contra el crimen organizado llega a Hugo López-Gatell.
Luego de presentar a López-Gatell como zar contra las adicciones, AMLO pidió recordar que su administración sólo tiene dos campañas en medios masivos financiadas con dinero del presupuesto público: “la del no a las drogas, la prevención a las adicciones (…) y la de la buena alimentación”. Ambas campañas preventivas y ambas con miras a continuar por lo que resta del sexenio.