El caso Conacyt no tiene pruebas ni coherencia; no hay delitos, responde juez a FGR

Un juez federal rechazó en dos ocasiones la petición de la FGR de detener a 31 académicos denunciados por el Conacyt bajo el argumento de que la acusación presentada carecía, desde el principio, de pruebas y argumentos que acreditaran de forma coherente la existencia de un supuesto entramado delictivo, ni que justificaran la necesidad de encarcelarlos en un penal de máxima seguridad.

A ello se sumó posteriormente el hecho de que, desde el punto de vista del juez federal Gregorio Salazar Hernández, tampoco hay de origen ningún delito.

De acuerdo con la resolución judicial a la que Animal Político tuvo acceso, ya lo dicho por funcionarios judiciales a este medio, el juez concluyó que no solo hay problemas de fondo sino también de forma en la acusación presentada por los fiscales desde agosto pasado, y que fue reiterada, sin éxito, esta semana.

“La fiscalía se limita a establecer aspectos de carácter general que de ningún modo particularizan los aspectos específicos del por que cada uno de los justiciables tiene aparejada una conducta (delictiva) específica… No basta argumentar de manera categórica o dogmática sobre la acreditación de los hechos que la ley señala como delito y menos establecer la sola identificación de los datos de prueba”, señala el juez.

Incluso, el juez había solicitado desde finales de agosto a la FGR que reconsiderara lleva el caso en el penal federal del Altiplano tras advertirle que no bastaba citar razones de seguridad si no se acreditaba -conforme al marco legal- el por qué el perfil de los potenciales imputados los hacia merecedores de ese tipo de medida.

“Se trata de una cuestión que no se advierte justificada a pesar de que se atribuye el ilícito de delincuencia organizada”, remató el juez.

Pese a esta doble negativa, funcionarios del Poder Judicial señalaron que la FGR tiene las facultades para volver a insistir en una solicitud de orden de aprehensión por los mismos delitos u otros distintos, para lo cual no hay un plazo, aunque tendría que reconstruir su hipótesis y dotarla de evidencia que, al menos, la acredite inicialmente.

También tiene el derecho de apelar directamente la doble negativa de conceder las órdenes de arresto, aunque para ello deberá hacerlo antes de tres días hábiles que concluyen el próximo lunes. La FGR dijo en un comunicado que hará uso de todo lo que tengan a su alcance para lograr que se giren los mandamientos de captura.

Penalistas consultados por este medio dijeron que eso significa que el caso sigue abierto, aunque también aclararon que los académicos tienen el derecho de acceder a la carpeta e incluso comparecer voluntariamente a rendir una declaración en el Ministerio Público su así lo desean. El que haya una indagatoria en curso, aclararon, no altera la presunción de inocencia de ninguno de ellos, pues eso solo cambiaría si reciben una sentencia condenatoria tras un proceso.

Con información de Animal Político