El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este viernes que Lázaro Cárdenas Batel renunció al cargo como coordinador de asesores de la presidencia para trabajar en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

López Obrador dijo que todavía está pendiente quién sustituirá a Lázaro Cárdenas en el cargo que tenía como coordinador.

El presidente explicó que Lázaro Cárdenas va a trabajar en la Celac porque existe una organización de países de América Latina y el Caribe que se está fortaleciendo.

“Se renovó la dirigencia, ahora la presidencia recae en un país del caribe, en San Vicente, el nuevo presidente pidió a todos que quería buscar una especie de secretariado permanente de la Celac porque va pasando de país en país”, dijo en su conferencia matutina que se llevó a cabo en Tabasco.

López Obrador dijo que la Celac ya estuvo en México, Argentina y ahora en San Vicente, pero no hay un órgano permanente que le dé seguimiento a los acuerdos y decisiones que se tomen de manera conjunta.

“Entonces nos plantearon esto porque Lázaro Cárdenas tiene consenso en la mayoría de los gobiernos de la Celac y tiene una muy buena relación con nosotros y también con el presidente Lula, son amigos”, mencionó.

El presidente de México aseguró que Lázaro Cárdenas va a seguir ayudando a México, “porque él lleva toda la relación con países que están apoyándonos para contar con médicos con especialistas”.

Y ejemplificó el caso de Cuba, nación a la que le agradeció el apoyo, que aseguró ha brindado a México.

López Obrador reiteró que la relación con el ingeniero Cárdenas es “muy buena” y dijo que admira lo que hizo el general Cárdenas.

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Con información de Latinus

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es un órgano que vigila el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el pleno debe estar integrado por 7 comisionados, incluyendo al comisionado presidente.

Las sesiones del pleno solo son válidas con la presencia de al menos 5 comisionados, incluyendo al presidente.

Durante 8 años Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov fueron comisionados del INAI, pero el periodo de su trabajo se acabó el 31 de marzo del año pasado, en 2022.

A pesar de ello el pleno pudo seguir sesionando y operando porque quedaron 5 comisionados, los mínimos necesarios.

La cosa es que el periodo de trabajo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas se termina en abril de 2023, con lo que quedarán solo 4 comisionados y ya no podrán llevarse a cabo las sesiones semanales para resolver todos los asuntos.

En diciembre del año pasado el comisionado Acuña Llamas hizo un llamado para que se elijan los dos comisionados que faltan. Afirmó que las sesiones no pueden dejarse de hacer porque siempre hay que tratar “entre 200 y 300 asuntos”.

A principios de abril de 2022 la lista con los candidatos y candidatas para reemplazar a los dos comisionados que ya se fueron fue enviada al Senado pero el asunto se atascó.

Es por eso que el Consejo Consultivo del INAI interpuso un juicio de amparo y el juzgado 17 de CDMX en Materia Administrativa ordenó al Senado que pusiera manos a la obra.

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Casi a finales de febrero el Senado aprobó la convocatoria para elegir a los comisionados o comisionadas nuevas.

Después de todo el relajo y el procedimiento, el 1 de marzo el pleno del Senado aprobó por mayoría calificada los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y a Rafael Luna Alviso.

La cosa es que, por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anunció que el presidente hará uso de sus facultades constitucionales para “expresar objeción” a los dos comisionados elegidos. Este oficio fue enviado por Adán Augusto, secretario de Gobernación.

Monreal dijo que ni modo y que ahora el Senado tendrá que volver a revisar propuestas para llenar los lugares.

“El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República“, dice el artículo 6, apartado A, fracción VIII, párrafos 8 y 9 de la Constitución mexicana.

Si esto no pasa antes del 31 de marzo, cuando sale otro comisionado, el INAI no podrá sesionar. Si el presidente vuelve a vetar a los nuevos elegidos, entonces el Senado ya podrá elegir de nuevo libremente.

Con información de Sopitas

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó 677 demandas presentadas en contra del Plan B de Reforma Electoral.

A partir de la entrada en vigor de dicha ley, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, diversas personas acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral con el fin de cuestionar su constitucionalidad, al considerar entre otros temas, que: i) vulneran sus derechos político-electorales, ii) son regresivos en materia de derechos fundamentales y iii) inciden en la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

En sesión pública presencial y a propuesta de diversas magistraturas, la Sala Superior del TEPJF, con la ausencia justificada de la magistrada Janine Otálora Malassis y del magistrado Felipe Fuentes Barrera, estableció que no puede estudiar el fondo de las problemáticas planteadas, ya que en ellas se solicita el análisis de diversas normas electorales por su sola entrada en vigor, es decir, sin un acto concreto de aplicación.

Se consideró, además, que el Tribunal Electoral carece de facultades para analizar normas en abstracto, sin que se hubieran aplicado mediante algún acto.

Por tanto, dado que del decreto impugnado no se advertía un acto de aplicación o una afectación inmediata que permitiera al Tribunal Electoral desplegar un control concreto de constitucionalidad conforme a la Constitución federal, no se pudo estudiar el problema jurídico planteado en esas demandas contra el Plan B de Reforma Electoral.

Finalmente, se sostuvo que el acuerdo del INE tampoco constituye un acto de aplicación del decreto de reforma, pues aún no se ha definido quiénes serán las personas que se vean afectadas con motivo de la reforma en Materia electoral (SUP-AG-69/2023 y acumulados, SUP-JE-318/2023 y acumulados, así como SUP-JE-284/2023 y acumulados).

Con información de López-Dóriga

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