La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) alertaron que 4 millones de personas menores de 18 años están en condiciones de vulnerabilidad y ser presas de bandas delincuenciales del país.

En el estudio “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos”, dado a conocer este martes, las organizaciones civiles destacan que, de la población infantil en riesgo, 794 mil “está particularmente amenazada por no asistir a la escuela y trabaja simultáneamente”, en tanto que entre 145 mil y 250 mil estarían en riesgo real de ser integrados en las filas de alguna agrupación delictiva.

“La deuda del Estado mexicano hacia los miles de niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados y utilizados por grupos delictivos crece día con día sin que exista un genuino interés por llevar a hechos las promesas”, resalta el informe.

Y reconoce que por deficiencias institucionales no es posible tener datos oficiales sobre el número exacto de menores integrados a las bandas criminales, pero es posible dar una aproximación a partir de los contextos de riesgo en los que se desenvuelven personas de entre cinco y 17 años.

“Las niñas, niños y adolescentes son víctimas de una multiplicidad de violencias que operan en detrimento de sus derechos”, alertan las organizaciones al explicar que los casos expuestos en su informe “son igualmente consecuencia de opresiones provocadas por el actuar de grupos armados y las omisiones del Estado”.

De la revisión de documentos elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), advierten que mientras 41.9% de la población en México está en situación de pobreza, entre menores de edad el porcentaje es de 49.6%; además, 2 millones de personas de entre cinco y 17 años no asisten a la escuela y 3.3 millones están en condición de trabajo infantil, entre otros datos relevantes.

En el documento se analizan datos estadísticos –como la inasistencia a la escuela, la ocupación laboral, y con estado civil distinto a soltero– para identificar a la población infantil vulnerable, que alcanza los 3 millones 977 mil 414 personas; los que no asisten a la escuela y están ocupados –794 mil personas– son aquellos en condición de amenaza de integración a la delincuencia, mientras que, tomando en cuenta esta población, se identifica en riesgo real a entre 145 mil y 250 mil menores, considerando las dos variables de ocupación o en situación conyugal.

Las organizaciones resaltan que la cifra de las personas en riesgo real podría ser mayor por el impacto de la pandemia de covid-19 en el empobrecimiento de la población.

El informe, que incluye experiencias de reclutamiento de menores en otros países de América Latina, advierte que en buena parte se ha optado por la militarización “para la regulación de la vida civil”, evidenciando que “optar por respuestas bélicas a los temas de seguridad con profundas raíces sociales, como el reclutamiento infantil y rechazar la vía de la paz, es elegir la muerte y la degradación de la infancia”.

Del análisis del fenómeno, las organizaciones reconocen que “la marginalidad opera a favor de la incorporación de niños y niñas a grupos delictivos, ya sea por necesidad de supervivencia o como medio para alcanzar un nivel de vida decente”.

Sin embargo, ese condicionante “implica la victimización de un sector en situación de vulnerabilidad que ha sido abandonado por las instituciones estatales y que encuentra en la ilegalidad una opción atractiva para alcanzar aquello que es casi imposible obtener por medios lícitos”.

Puntualizan que el involucramiento “forma parte de las fallas del Estado, que actúan favorablemente a los intereses de grupos delictivos”, como lo es la “inexistencia de mecanismos que permitan la detección preventiva de casos” de participación de menores en las filas de esos grupos, o bien la falta de seguimiento a los detectados.

A ello se suma que para los grupos delictivos el reclutamiento de menores es funcional porque “cumplen condenas en procesos de internamiento breves y cuyo seguimiento y garantía de una adecuada reinserción social es inexistente”.

En el documento, Redim y ONC destacan que la utilización de menores en el mundo de la criminalidad “es un problema de justicia social”, recurrente en países latinoamericanos ante “las omisiones de los Estados para garantizar los derechos sociales y económicos”.

De igual manera, reconocen que, si bien últimamente han surgido iniciativas del Estado para atender esa situación, “no existen políticas sociales que garanticen los estándares nacionales e internacionales de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes”.

Para las organizaciones “no hay una bala de plata que solucione este problema de tajo”, lo que no implica dejar de buscar superarlo.

“Atender este fenómeno supone, en primer lugar, admitir la complejidad del mismo al momento de legislar, y comprender los matices sutiles de las prácticas de los grupos delictivos para definir políticas criminales que le resten el atractivo”.

Al destacar que mantener el status quo “será sumamente costoso, ya que perpetúa décadas de injusticia y abandono”, recomiendan dar impulso a “iniciativas de justicia social y de política criminal innovadoras” y que no se repliquen modelos fracasados seguidos en otros países, sino que es fundamental realizar trabajo de campo.

Es fundamental “entender el rol que juegan los incentivos económicos, el contexto familiar y social, la demografía, las geografías, los modelos de negocios de los grupos delictivos y su relación con los actores estatales”, rematan.

Con información de Proceso