Internacional
Qué puede pasar con Jair Bolsonaro en EE.UU. después de los hechos violentos de sus partidarios en Brasilia
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está siendo presionado por políticos demócratas para que envíe de regreso al expresidente Jair Bolsonaro a Brasil, después de que sus partidarios invadieran y destrozaran la sede de los tres Poderes de la República en Brasilia el pasado domingo.
Bolsonaro salió del país rumbo a EE.UU. el 30 de diciembre, dos días antes de la toma de posesión del nuevo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y se instaló en Orlando, Florida.
“Casi 2 años después del día en que los fascistas atacaron el Capitolio de EE.UU., vemos movimientos fascistas en el exterior tratando de hacer lo mismo en Brasil”, escribió la representante Alexandria Ocasio-Cortez en Twitter, en referencia a la invasión del Congreso de EE.UU. el 6 de enero 2021 por partidarios del expresidente estadounidense Donald Trump.
“Estados Unidos debe dejar de otorgar refugio a Bolsonaro en Florida”, agregó.
Biden, a su vez, condenó en Twitter el vandalismo de los bolsonaristas, pero no se pronunció sobre la situación de Bolsonaro en EE.UU.
“Condeno el ataque a la democracia y la transferencia pacífica del poder en Brasil. Las instituciones democráticas de Brasil cuentan con todo nuestro apoyo y la voluntad del pueblo brasileño no debe ser socavada. Espero seguir trabajando con @LulaOficial”, escribió en domingo.
Ante la presión de los parlamentarios demócratas, ¿cuál sería la posibilidad real de que Bolsonaro se vea obligado a salir de Estados Unidos, ya sea mediante un proceso de extradición o deportación?
Expertos de Brasil y Estados Unidos consideran que, al menos hasta el momento, no existen elementos legales que permitan un proceso de extradición.
Por otro lado, el gobierno estadounidense podría, en teoría, revocar el visado del expresidente, forzando su deportación. Esto dependería de una evaluación política del gobierno de Biden, lo que dificulta predecir cuál será su decisión.
Además, aunque se anule su visado, Bolsonaro podría intentar extender su estadía en Estados Unidos presentando una solicitud de asilo político, bajo el argumento de que sufriría persecución en Brasil.
Dicho proceso podría tardar meses o años en completarse y la persona que solicita asilo, independientemente de si es un expresidente, podría permanecer en los EE. UU. hasta que se completara esta revisión.
“Una deportación ocurre cuando la persona ya no tiene documentos válidos. Si el visado ha vencido, por ejemplo, la persona se convierte en un inmigrante irregular y automáticamente es deportado al ser identificado, devuelto al país de origen”, explica el abogado especialista en cooperación internacional Yuri Sahione.
“El propio gobierno de Estados Unidos podría simplemente cancelar el visado. También porque otorgar un visado es una prerrogativa de cada país, un acto soberano”, agregó.
¿Y cómo es la visa de Bolsonaro?
No hay información clara sobre el estado actual de Bolsonaro en EE.UU. Como aún era presidente de Brasil cuando salió del país, es posible que ingresara en suelo estadounidense con una visa A1, otorgada a las autoridades.
Otra opción es que esté usando un visado de turista, que le da un período máximo de seis meses en el país.
La embajada estadounidense en Brasilia aseguró que no podía aclarar la situación de Bolsonaro porque la visa de cualquier persona se considera información privada y confidencial.
Sin embargo, independientemente del visado que tenga Bolsonaro, cualquier modalidad podría ser cancelada por el gobierno de EE.UU. en cualquier momento.
Sin mencionar el caso específico de Bolsonaro, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, dijo a los periodistas que las personas que ingresaron al país con una visa A1 y ya no están en una misión oficial en su país, están obligadas a salir de EE.UU. en un plazo de 30 días o solicitar un nuevo tipo de visa.
“Si un individuo no tiene motivos para estar en Estados Unidos, está sujeto a ser expulsado por el Departamento de Seguridad Nacional”, dijo Price, citado por Reuters.
¿Cómo funciona el proceso de extradición?
Un proceso de extradición ya es algo más complejo que la deportación.
El abogado estadounidense Jacques Semmelman, especialista en extradición en Estados Unidos, le explicó a BBC News Brasil que dicho proceso debe pasar por el sistema judicial estadounidense. Es decir, no sería una decisión exclusiva del gobierno de Biden.
Según él, para que este proceso se iniciara, sería necesario cumplir con algunos requisitos, entre ellos la existencia de un proceso de causa penal contra Bolsonaro en Brasil, que hasta el momento no existe.
Y, sobre la base de un caso penal, el gobierno brasileño tendría que pedir la extradición al gobierno de Estados Unidos.
“El cargo o cargos penales deben basarse en una causa probable, lo que básicamente significa tener pruebas suficientes para respaldar la creencia razonable de que el acusado cometió el delito o delitos por los que fue procesado”, dijo Semmelman.
A partir de entonces, el sistema judicial estadounidense analizaría el caso, con espacio para que Bolsonaro presentara su defensa contra la demanda de extradición. Este tipo de proceso suele llevar meses o años.
El asesor de seguridad nacional de EE.UU., Jake Sullivan, aseguró a los periodistas este lunes que la Casa Blanca no ha recibido ninguna solicitud oficial del gobierno brasileño con respecto a Bolsonaro.
“Si todavía está en Estados Unidos, que yo sepa, no estamos en contacto directo con Bolsonaro. Por lo tanto, no puedo hablar con certeza sobre su paradero”, dijo Sullivan.
“No hemos recibido, hasta el momento, ninguna solicitud oficial del gobierno brasileño relacionada con Bolsonaro. Por supuesto, si recibiéramos tal solicitud, la tratamos como siempre las tratamos: con seriedad”, agregó el asesor de Seguridad Nacional.
Un senador brasileño pide una investigación del Supremo
El senador Renan Calheiros (del partido centrista Movimiento Democrático Brasileño), presentó a su vez este lunes una solicitud al juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para que incluya a Bolsonaro en la pesquisa que investiga los actos antidemocráticos, y fije un plazo máximo de 72 horas para que el expresidente regrese a Brasil para prestar declaración.
Calheiros también pidió que, en caso de que Bolsonaro no cumpla con este plazo para regresar a Brasil, se decrete su prisión preventiva con base en el artículo 312 del Código Procesal Penal.
Este artículo establece que “la prisión preventiva podrá decretarse como garantía del orden público, para la conveniencia de la investigación criminal, o para asegurar la aplicación de la ley penal cuando exista prueba de la existencia del delito y pruebas suficientes de su autoría”.
En opinión de Yuri Sahione, la solicitud de Calheiros tiene más un carácter político que una base legal, y parece poco probable que sea concedido.
Señala que es la Fiscalía quien tiene la potestad de solicitar una investigación penal, aunque Moraes ya ha tomado decisiones sin oír al organismo, por ejemplo a partir de solicitudes de la Policía Federal o del Tribunal Superior Electoral.
El abogado también recuerda que la ley brasileña no obliga a un investigado a prestar declaración, como pide Calheiros, ya que el acusado tiene derecho a guardar silencio.
“No hay materialidad para que se le obligue a regresar a Brasil. Sobre todo porque, aunque esté incluido como investigado, puede seguir siendo investigado mientras está en Estados Unidos. Puede participar virtualmente” explicó Sahione.
“Y no hay indicios de que él, si está en Estados Unidos, evadirá cualquier tipo de acto procesal o investigación”, agregó.
Con información de BBC
Internacional
Reino Unido en camino a prohibir la venta de tabaco a nacidos a partir de 2009
Algo como lo que Nueva Zelanda aprobó en 2022 y que el nuevo gobierno derogó a inicios de este año, está por suceder en Reino Unido: prohibir que los nacidos a partir de 2009 puedan comprar tabaco legalmente, lo que hace pensar que la medida se replicará en otros países que quieran crear una generación no fumadora.
La Cámara de los Comunes aprobó con 383 votos a favor y 67 en contra, el plan lanzado por el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, con el que será ilegal la compra de productos derivados del tabaco, ilegal para los nacidos en 2009 o después.
De acuerdo con el proyecto de ley de Sunak, las personas nacidas en Reino Unido que este 2024 cumplan 15 años o menos, nunca podrán comprar de manera legal cigarros u otro producto derivado del tabaco.
Para conseguir lo anterior, la ley aprobada por la Cámara de los Comunes establece que la edad legal para comprar cigarrillos aumentará un año, cada año. Así, hasta que llegue el punto en que sea ilegal para toda la población de Reino Unido.
Bueno, siempre habrá la opción de “vapear”, ya que esta práctica no la prohíbe la ley, sin embargo, sí la limita: el proyecto de Sunak prohíbe la venta de vaporizadores desechables, los más baratos, y reduce los sabores que podrán venderse, esto con el fin de evitar que los más jóvenes le agarren gusto y se vuelvan adictos a la nicotina.
Pese a que se sabe de los efectos nocivos a la salud que tiene el tabaco, varios miembros de la Cámara de los Comunes se pronunciaron en contra del proyecto del primer ministro Rishi Sunak, incluso gente de su propio partido. La razón por la que votaron en contra es por considerar que la iniciativa limita la libertad de las personas y por encontrar preocupante que personas tengan diferentes derechos de otras, sólo por haber nacido con un día de diferencia.
Como ocurrió en Nueva Zelanda y en otros países que han tratado de imponer limitantes a la venta de cigarros, también se ofreció como alegato en contra el hecho de que una prohibición puede llevar a fomentar el nacimiento del mercado negro.
Y hablando de Nueva Zelanda, algo que no fue tan mencionado en medios o al menos no como cuando se aprobó, fue la derogación de la ley gemela a ésta que promueve Rishi Sunak. Esto ocurrió a inicios de 2023, ya que el nuevo gobierno aseguró que su tirada es reducir el consumo de tabaco, pero no por imposición, sino “desalentando el hábito”.
La ley pionera entraría en vigor en julio de 2023 y se preveía que iba a reducir el número de vendedores de tabaco en más de un 90%.
Con información de Sopitas
Economía
EU castiga a Irán por ataque a Israel y le impone sanciones económicas
Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones a Irán, dirigidas contra la Guardia Revolucionaria, contra el Ministerio de Defensa y contra su programa de drones por el ataque a Israel de la semana pasada, que se produjo en gran parte con vehículos no tripulados.
Las sanciones fueron anunciadas en un comunicado por el presidente Joe Biden, quien detalló que apuntan a líderes y entidades relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica, el Ministerio de Defensa de Irán y el programa de misiles y drones del Gobierno iraní “que permitió este descarado ataque”.
“Hace menos de una semana, Irán lanzó uno de los mayores ataques con misiles y drones que el mundo haya visto jamás contra Israel”, afirmó el mandatario demócrata.
En aquel momento, junto con sus “aliados y socios”, Estados Unidos “defendió a Israel” y ayudó “a derrotar este ataque”. “Hoy estamos responsabilizando a Irán: le imponemos nuevas sanciones y controles de exportación”, aseguró el presidente.
El G7, aseguró Biden, está comprometido a “actuar colectivamente para aumentar la presión económica sobre Irán”. “Nuestros aliados y socios han emitido o emitirán sanciones y medidas adicionales para restringir los programas militares desestabilizadores de Irán”, añadió.
Y, el propio Estados Unidos, planea más sanciones. “He ordenado a mi equipo, incluido el Departamento del Tesoro, que continúe imponiendo sanciones que degraden aún más las industrias militares de Irán”, adelantó.
¿Qué sancionaes económicas impuso EU a Irán?
El Departamento de Estado detalló a través de un comunicado firmado por el portavoz, Matthew Miller, que las sanciones apuntan al programa de vehículos aéreos no tripulados, a la industria siderúrgica y las empresas de automóviles de Irán.
“En respuesta al ataque sin precedentes de Irán contra Israel, Estados Unidos está tomando medidas radicales contra varios actores involucrados en el programa de vehículos aéreos no tripulados de Irán, proveedores y clientes de uno de los mayores productores de acero de Irán y compañías automotrices iraníes con conexiones con Estados Unidos”, apunta el comunicado.
En total, el Departamento del Tesoro impone sanciones a 16 personas y dos entidades que permiten la producción y prueba de vehículos aéreos no tripulados de Irán, así como la proliferación a actores que trabajan en nombre de la Guardia Revolucionaria Isámica, su división de producción de vehículos aéreos no tripulados, Kimia Part Sivan Company, y otros fabricantes iraníes de vehículos aéreos no tripulados y motores de drones.
El Tesoro también sanciona a cinco empresas que suministran materiales componentes para la producción de acero a la Khuzestan Steel Company (KSC) de Irán, una entidad sancionada por Estados Unidos, o que compran productos de acero acabados de la KSC.
Además, el Tesoro sanciona al fabricante de automóviles iraní Bahman Group y a tres de sus filiales, que han seguido apoyando materialmente al IRGC y otras entidades sancionadas.
Finalmente, el Departamento de Comercio impone nuevos controles para restringir el acceso de Irán a tecnologías como la microelectrónica básica de grado comercial.
“Continuaremos trabajando con nuestros aliados y socios para emplear toda la gama de herramientas a nuestra disposición para abordar las corrientes de ingresos y desbaratar las redes que apoyan la proliferación imprudente de Irán de armas que desestabilizan el Oriente Medio y más allá”, apuntó Miller.
Durante el Gobierno de Biden (desde enero de 2022), Estados Unidos ha sancionado a más de 600 personas y entidades relacionadas con Irán y sus aliados de Hamás, Hizbulá y los hutíes del Yemen, entre otros.
Con información de EFE
Internacional
Retoma Estados Unidos duras sanciones petroleras contra Venezuela
El gobierno estadounidense anunció el miércoles la imposición de severas sanciones petroleras a Venezuela, marcando un retroceso en las relaciones diplomáticas tras la relajación temporal de restricciones. La medida refleja la creciente preocupación por los intentos del presidente Nicolás Maduro de consolidar su gobierno, que ha socavado las expectativas de una apertura democrática en el país sudamericano.
Antecedentes de las sanciones
En octubre pasado, Estados Unidos había levantado algunas sanciones a sectores operados por el Estado venezolano tras un acuerdo que buscaba una elección presidencial libre y competitiva. Sin embargo, la situación política interna en Venezuela ha empeorado, con acciones que socavan el acuerdo, como la restricción a candidaturas y encarcelamientos de críticos del gobierno.
Nueva política estadounidense
La nueva política estadounidense prohíbe a las empresas de Estados Unidos hacer negocios con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) sin una licencia específica del Departamento del Tesoro. Esto revierte la política anterior y busca presionar a Maduro para que permita un proceso electoral inclusivo y libere a los presos políticos.
Reacciones y perspectivas
Las autoridades venezolanas rechazaron la medida, afirmando que habían cumplido con los compromisos adquiridos previamente. Maduro desestimó las sanciones y reafirmó la independencia económica de Venezuela. Sin embargo, expertos señalan que la reversión afectará la industria petrolera venezolana y plantea dudas sobre las condiciones electorales en el país.
Impacto en la economía y la política interna
El tiempo de alivio parcial de las sanciones no fue suficiente para atraer inversiones significativas en la industria petrolera de Venezuela. Aunque se permitió a Chevron operar bajo ciertas condiciones, la política de sanciones refleja la frustración creciente de Estados Unidos y otros países con el gobierno de Maduro.
Críticas regionales
La medida refleja una postura más firme de Estados Unidos respecto a la situación en Venezuela y la importancia de garantizar condiciones democráticas para el país. Las críticas regionales y la presión internacional indican la necesidad de un proceso electoral transparente y la resolución de la crisis política en Venezuela para restaurar la estabilidad y el crecimiento económico.
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