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Tiene Lozoya seis meses para probar corrupción de EPN y su gabinete

Comenzó la cuenta regresiva para que el ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, demuestre que el ex presidente Enrique Peña Nieto y miembros de su gabinete formaron una red de corrupción, con la que fue utilizado para perpetrar varios delitos.

En un plazo de seis meses como máximo, el ex director deberá denunciar, declarar y entregar suficiente evidencia que le permita a la Fiscalía General de la República (FGR) construir acusaciones en contra de la presunta red de corrupción conformada por los “más altos niveles de gobierno” del pasado sexenio.

De no conseguir las pruebas suficientes en el plazo estipulado, sería Lozoya llevado a juicio acusado por los presuntos sobornos de más de diez millones de dólares otorgados por las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México.

Lo anterior luego de que un juez federal determinó que había evidencia inicial suficiente para vincularlo a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en los referidos casos, y ordenó un plazo de medio año para que concluyan las investigaciones antes de llegar al juicio.

En dicho periodo, los fiscales de FGR deben reunir la evidencia que permita cerrar la acusación en contra del ex director de Pemex y buscar una condena. El mismo lapso podría ser aprovechado por el ex funcionario de Peña Nieto para reunir elementos en su defensa y probar ante el juez su inocencia.

Ante esto, el plan de Lozoya es otro, quien busca obtener el perdón de la Fiscalía antes de llegar a juicio, utilizando la vía de obtención del criterio de oportunidad, el cual consiste en denunciar y aportar información de la comisión de un delito más grave que el que se le imputa.

¿Qué debe probar Lozoya?

Para salvarse del proceso, o bien obtener una pena reducida, Lozoya deberá probar lo que ya había expuesto en las audiencias iniciales: que fue utilizado, presionado y acosado por un “aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado Mexicano, que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido”.

Este aparato de poder sería responsable de ejecutar, a través de Lozoya y posiblemente de otras personas, hechos delictivos ocurridos durante el sexenio pasado (2012-2018), entre los cuales se desprenden los millonarios sobornos otorgados por la constructora brasileña Odebrecht y las inversiones irregulares de PEMEX con la empresa Altos Hornos de México.

En el caso específico de Lozoya, por la temporalidad de los hechos que se le imputan y porque afirma haber sido “utilizado”, dicha estructura no puede ser otra que el gobierno de Enrique Peña Nieto, y sus superiores se acotan a propio presidente y los secretarios de Estado.

Lo que sigue ahora es denunciar a esa red, rendir declaración y presentar las pruebas.

Con información de Animal Político.

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