4T amenaza a propiedad inmobiliaria

Una vez mas, la llamada “Cuarta Transformación” planea destruir la propiedad inmobiliaria desde el Congreso de la Ciudad de México. Una nueva iniciativa “legal” sobre arrendamiento inmobiliario sería presentada por la fracción de Morena, la cual se entiende como un “paliativo” ante el desastre económico que generó la pandemia de Covid-19, así como la creciente pérdida de empleos.

Esta nueva iniciativa de ley fortalece el torrente de agresiones jurídicas para extinguir el dominio de los vienes inmuebles en los que ocurriera quebrantamientos de sellos de clausura, aún con el desconocimiento del legítimo dueño.

La iniciativa, sumada a una anterior lanzada en el 2019, atenta contra el legítimo dueño del inmueble y excluye cualquier forma de sanción contra un arrendatario incumplido o invasores urbanos. Esta hecha con la finalidad de permitir acciones confiscatorias contra arrendadores, con el pretexto de que “obtienen beneficios excesivos por la pandemia”.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), considera que actualmente existen 12 millones de personas desempleadas y que el índice de mexicanos en pobreza extrema podría duplicarse en esta administración y ante este triste escenario, Morena busca la aprobación de estas nuevas reformas al código civil.

Los diputados morenistas buscan aprobar la ley en la que se exigen contratos de arrendamiento por un mínimo de tres años, lo que dejaría todo contrato menor a este plazo, prácticamente nulo.

Dicha propuesta indica que si el arrendador no muestra el contrato en físico, este no podrá demandar a inquilinos morosos e incumplido, prohibiendo a su vez que se pida fianza o se investigue y garantice con bienes inmuebles por parte del inquilino o fiador.

Una iniciativa así atenta contra la libertad contracatual y las reglas de equidad que rigen los contratos inmobiliarios.

Ante la vulneración de uno de los derechos, como el de gozar de una vivienda, el estado debería de intervenir, pero en este caso a costa de los derechos de otro particular.

Esta reforma pretende aplicarse a los nuevos contratos sin distinción alguna.

De ser aprobada, esta reforma desalentará a la inversión inmobiliaria y generará incertidumbre entre la población temerosa, golpeando mas fuerte aún al sector de la construcción, mismo que se ha visto afectado desde 2018.

En el congreso de la CDMX habría diputados que impidan la aprobación de esta polémica iniciativa de reforma, buscando que el gobierno de la ciudad mejore y construya unidades habitacionales eficientes, así como invertir en albergues temporales, algo difícil ante un gobierno que solo busca hurgar en los bolsillos de particulares.

El artículo 60 de la ley de derechos humanos que protegía a los invasores fue revertido gracias a la intervención de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.