Internacional
Arizona frena centro de detención migrante en bodega
El estado de Arizona llegó a un acuerdo judicial con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que detiene temporalmente la apertura de un centro de detención migrante en una bodega de la ciudad de Surprise, hasta que se complete una evaluación sobre su impacto en el entorno, informó este miércoles la Fiscalía estatal.
La oficina de la fiscal general de Arizona, Kris Mayers, anunció el entendimiento que, por ahora, impide tanto la adecuación del inmueble como la reclusión de cualquier persona migrante en el lugar, diseñado para albergar hasta 1,500 camas.
El acuerdo responde a una demanda presentada por la Fiscalía estatal en abril pasado contra el DHS, en la que se cuestionaban las afectaciones que la instalación ocasionaría a la comunidad circundante.
Un proyecto faraónico en tierra ajena
El Gobierno federal había adquirido una bodega de dimensiones industriales en Surprise con el propósito de convertirla en un nuevo centro de detención. El proyecto contemplaba una inversión inicial de 70 millones de dólares, a los que se sumarían costos operativos anuales estimados en unos 180 millones.
La noticia generó un fuerte rechazo entre vecinos, líderes políticos locales y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, quienes criticaron especialmente la ubicación del centro, a escasos metros de una escuela secundaria y en medio de barrios de mayoría hispana.
“Este acuerdo es una gran victoria para la comunidad de Surprise. Las agencias federales deben seguir la ley y llevar a cabo los estudios de impacto ambiental relacionados con este tipo de proyectos”, declaró Mayers en un comunicado oficial.
Compromisos y próximos pasos
En virtud del acuerdo alcanzado, el DHS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se comprometieron a no realizar ningún tipo de modificación en la estructura —incluidas demoliciones o adecuaciones— hasta que el estudio ambiental haya concluido y sea debidamente evaluado.
El freno a este proyecto se enmarca dentro de la estrategia más amplia de la Administración del presidente Donald Trump, que ha impulsado la compra de depósitos en distintos estados del país para transformarlos en instalaciones de detención, como parte de su política migratoria de línea dura.