Ayudó Policía de Culiacán en masacre a informante DEA y su familia: EU

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra diez políticos y mandos policiacos de Sinaloa por presuntos delitos de narcotráfico y uso de armas. Entre los señalados se encuentra el gobernador Rubén Rocha Moya.

Uno de los casos más delicados es el de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto nivel en la Policía de Culiacán, quien enfrenta cargos que podrían implicar cadena perpetua obligatoria. A diferencia de los demás acusados, también es señalado por secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer dicho delito.

📄 De acuerdo con la acusación —un documento de 34 páginas—, Valenzuela Millán y elementos bajo su mando habrían colaborado con la facción criminal conocida como Los Chapitos en secuestros y asesinatos de presuntos rivales.

Uno de los hechos más graves se remonta a octubre de 2023, cuando presuntamente se habría participado en el secuestro de Alexander Meza León, identificado como fuente confidencial de la Administración para el Control de Drogas, así como de varios de sus familiares. Las víctimas habrían sido entregadas a integrantes del grupo criminal, quienes posteriormente las torturaron y asesinaron en Durango. Entre ellas se encontraba un menor de 13 años.

Según la fiscalía estadounidense, Meza León colaboraba en investigaciones relacionadas con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y otros miembros del grupo.

Además, se señala que policías municipales habrían participado en la detención ilegal de civiles, bajo órdenes directas, para facilitar acciones del grupo criminal. La coordinación de estas operaciones presuntamente se realizaba mediante teléfonos celulares entre agentes y miembros del cártel.

En este contexto, también se menciona a Néstor Isidro Pérez Salas, presunto sicario vinculado a estos hechos, detenido en 2023. Autoridades estadounidenses lo identifican como uno de los principales responsables de actos de violencia, incluyendo secuestros, tortura y asesinatos relacionados con el tráfico de drogas.

Las investigaciones continúan y las acusaciones deberán ser procesadas conforme a los sistemas judiciales correspondientes en ambos países.