Declaran inconstitucional reforma eléctrica de AMLO

La Reforma de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue declarada inconstitucional por el juez Juan Pablo Gómez Fierro.

Esta reforma vigente desde el pasado mes de marzo, limita la libre competencia y se considera discriminatoria, pues tiene como prioridad el despacho de energía desde las centrales pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad, en las que la principal fuente de energía es la quema de combustibles fósiles, esto sobre empresas privadas con enfoque en energías renovables.

“Ocasiona que se limite el despacho de centrales eléctricas que pueden ser más eficientes, lo que se reflejará en tarifas eléctricas más elevadas para los consumidores finales (…) en detrimento del criterio de sustentabilidad y sin favorecer el crecimiento de oportunidades de desarrollo de energías limpias, baratas y eficientes que reduzcan el costo de la energía”, afirmó el juez Gómez Fierro especializado en Competencia Económica.

Este amparo a la reforma eléctrica se ha notificado en favor a cuatro filiales del grupo Naturgy Energy, siendo esta la primer sentencia que se resuelve sobre los alegatos de 250 empresas privadas que impugnaron la reforma.

El juez aclaró que el amparo sólo beneficia a las empresas quejosas, y que será la Corte la que resuelva la invalidez general de la reforma, pues diputados de Oposición la impugnaron directamente ante el máximo tribunal mediante una acción de inconstitucionalidad admitida en abril.

Gómez Fierro y su colega Rodrigo de la Peza, congelaron en marzo la aplicación de esa reforma, con efectos generales en cada una de las más de 250 suspensiones que concedieron, advirtiendo desde entonces que había indicios claros de que es inconstitucional.

Sin embargo, los dos tribunales colegiados especializados han empezado a revocar las suspensiones, pues cinco de sus seis magistrados afirman que la reforma sólo afectará a las empresas privadas hasta que la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Cenace emitan lineamientos, políticas y acuerdos para aterrizar los cambios legales.

Los tribunales colegiados sólo han revocado alrededor de 15 suspensiones, por lo que les tomará de uno a dos meses revocarlas todas, y hasta entonces el Gobierno podrá aplicarla, mientras que, en paralelo, la Corte tendrá que dictar la sentencia final sobre su constitucionalidad, aunque no tiene plazo para ello.