Fiscalía responde a Duarte: “Hasta su partido ya lo expulsó y pide investigarlo”

Luego de que la defensa del ex gobernador César Duarte alegara que su cliente era víctima de una “persecución política”, la Fiscalía General del Estado respondió a las acusaciones, diciendo incluso que “su propio partido político lo ha expulsado y pide que se juzguen los hechos de corrupción”.

“No existe ninguna persecución política. Se investigan los hechos y datos y esos determinan la posible responsabilidad de las personas”, dijo el Fiscal General, César Peniche.

“Estamos frente a hechos consistentes en desviación grave de recursos que fueron incluso aprovechados en beneficio propio de los responsables señalados. En eso no hay persecución política. Incluso, su propio partido político lo ha expulsado y pide que se juzguen los hechos de corrupción”, añadió el funcionario.

Desde el pasado 30 de mayo de 2019, la Comisión Nacional de Justicia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expulsó de sus filas al ex mandatario estatal, César Horacio Duarte Jáquez, por lo que por ningún motivo podrá afiliarce a dicho partido.

La defensa del ex gobernador sostuvo el día de hoy en una nueva audiencia, que su cliente era “víctima de una persecución política” por parte de su sucesor, el actual mandatario Javier Corral.

“El enfoque de la administración de Corral ha sido buscar la extradición de Duarte los últimos tres años para distraer del mal desempeño de Corral y mejorar su carrera política, incluso mientras busca la Presidencia mexicana”, expusieron en un documento enviado a la Corte en el que piden su libertad bajo fianza.

Sin embargo, el Consejero Jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, dijo en entrevista que las acusaciones de presunta persecución en contra de César Duarte son falsas y “es parte de su estrategia para evitar ser traído a México”. El Gobierno federal busca la extradición del exgobernador para que enfrente los cargos en su contra.

Sus abogados Juan Morillo, Armando Rosquete Bell y Henry Philip Bell, detallaron en la moción que “Corral ha hecho su campaña contra Duarte, su enemigo político, en la mayoría de los casos de forma pública, incluso prometiendo reiteradamente y públicamente poner a Duarte inmediatamente en prisión por tiempo indefinido tras su extradición”.

Ante esto, su defensa asegura que Duarte ha vivido en Estados Unidos “de manera abierta y transparente desde hace tres años” y que sus bienes en ese país son modestos, mientras que aquellos que posee en México están “congelados”. También rechazaron el argumento de la Fiscalía de Estados Unidos, que representa al Gobierno de México, de que hay peligro de fuga si es puesto en libertad.

César Duarte (Parral, 1963), Gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, fue detenido el 8 de julio en Florida, Estados Unidos, tras permanecer prófugo desde el año 2017 acusado de malversación de fondos públicos por más de mil millones de pesos, según las investigaciones.

Duarte había sido catalogado por el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, como parte de la “nueva generación del PRI”, junto a Javier Duarte (Veracruz); Tomás Yarrington (Tamaulipas) y Roberto Borge (Quintana Roo), todos ellos detenidos por corrupción. A esta lista se une también Guillermo Padrés (Sonora) del Partido Acción Nacional (PAN).

Duarte Jáquez tiene en sus espaldas 21 órdenes de aprehensión en su contra, que lo convierte en la persona con más órdenes giradas en su contra en la historia moderna de México.

Este entramado ha tenido cauce en más de 50 expedientes de la Secretaría de la Función Pública estatal y la Auditoría Superior estatal calcula un daño al patrimonio de la entidad por 6 mil millones de pesos con la implicación de 43 exfuncionarios que van desde exsecretarios locales, el exauditor Superior local que ocultaba irregularidades y miembros del PRI.

En el marco de la Operación Justicia para Chihuahua iniciada en marzo de 2017, hay 17 personas vinculadas a proceso en diversas causas penales, entre exfuncionarios y empresarios que colaboraron con la trama de simulación de operaciones. Además ya hay cinco sentenciados, pero se reportan 62 solicitudes de amparo por parte de exfuncionarios públicos para evitar ser detenidos.

Durante su gestión, Duarte fue señalado por activistas como Jaime García Chávez, de la organización Unión Ciudadana, quien hace seis años denunció al expriista ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) por peculado, violación a la ley bancaria y otros presuntos delitos. El exgobernador de Chihuahua pretendió ser accionista prioritario del Banco Progreso de Chihuahua para “lavar el robo” del erario público.