Funcionario de Chihuahua figura como socio de empresa señalada por vínculos con el Cártel de Sinaloa

El nombre de Ricardo Fernández Acosta, actual subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del Estado de Chihuahua, apareció relacionado con la empresa de seguridad privada Grupo Especial Mamba Negra S. de R.L. de C.V., compañía recientemente sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos financieros con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses, la empresa habría sido controlada por Alfredo Orozco Romero, identificado como presunto asesor de seguridad de Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado por autoridades de Estados Unidos como operador de una red de lavado de dinero ligada al grupo criminal.

Según registros del Registro Público de Comercio, Ricardo Fernández Acosta figura como socio de la empresa desde febrero de 2022, luego de una cesión onerosa de acciones realizada por Jesús Alfredo Orozco Beltrán. En dicha operación también aparece Liliana Orozco Romero, persona incluida dentro de las sanciones emitidas por la OFAC.

Las medidas impuestas por el Departamento del Tesoro implican congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense, restricciones financieras y prohibiciones para realizar operaciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos. Además, las sanciones suelen generar efectos indirectos en instituciones bancarias y empresas privadas que optan por suspender relaciones comerciales para evitar riesgos regulatorios.

Crece presión internacional contra estructuras financieras del narcotráfico

El caso se presenta en medio del endurecimiento de las acciones del gobierno estadounidense contra estructuras financieras presuntamente vinculadas al narcotráfico en México. Durante los últimos meses, el Departamento del Tesoro ha ampliado el uso de mecanismos de inteligencia financiera y sanciones internacionales para bloquear redes de lavado de dinero asociadas a organizaciones criminales.

Especialistas en seguridad han advertido que las empresas de seguridad privada se han convertido en sectores vulnerables para operaciones de infiltración criminal debido al manejo de información sensible, logística y acceso operativo.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado de Chihuahua no ha emitido una postura institucional oficial respecto a la aparición del nombre del subsecretario dentro de la estructura societaria de la empresa sancionada.

Gil Loya asegura que se trata de una relación previa

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, señaló que la información difundida corresponde a una relación mercantil previa al encargo público de Ricardo Fernández Acosta dentro del sistema penitenciario estatal.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, Fernández Acosta ya habría explicado públicamente que intentó desvincularse desde hace tiempo de dicha empresa y que incluso ello le habría generado afectaciones patrimoniales millonarias.

Hasta ahora no existe un señalamiento directo por parte de autoridades estadounidenses contra el subsecretario estatal; sin embargo, el caso ha generado cuestionamientos debido a la relevancia del cargo que actualmente ocupa dentro del sistema penitenciario de Chihuahua.

Analistas consideran que el tema podría escalar políticamente en los próximos días, particularmente ante la creciente cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento del crimen organizado.

Redacción: Jesús Cota

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