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Gobernadora de Baja California admite conocimiento de investigación contra su exesposo por presunta red criminal
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, reconoció públicamente que su exesposo, Carlos Torres, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), aunque evitó especificar los cargos. La admisión se produce meses después de que las autoridades migratorias de Estados Unidos retiraran sus visas a la mandataria y a Torres, y tras una investigación periodística que vincula a este último con una red de narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.
La investigación: presuntos vínculos con el crimen organizado
De acuerdo con un reportaje de investigación de N+ Focus, Carlos Torres estaría vinculado a una red presuntamente encabezada por su propio hermano, Luis Alfonso Torres, ex cuñado de la gobernadora. Esta organización sería acusada del tráfico de drogas y armas, el lavado de activos y un esquema de extorsión a empresarios, reteniendo mercancías en aduanas para exigir pagos millonarios por su liberación.
El medio señala que la investigación de la FGR, iniciada en junio de 2025, documentaría que Torres recibía mensualmente 150 mil dólares del exsecretario de seguridad del ayuntamiento de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, a cambio de ofrecer protección y facilidades para que la facción criminal conocida como “Los Rusos”, ligada al Cártel de Sinaloa, operara en la entidad sin obstáculos.
El vínculo con Estados Unidos y la retirada de visas
La investigación apunta que los fondos ilícitos habrían sido invertidos en bienes raíces en Estados Unidos. Este flujo de capital podría estar relacionado con la decisión de las autoridades estadounidenses, hace casi un año, de revocar las visas tanto de la gobernadora como de su entonces esposo. Según N+ Focus, la red de investigación también incluye a altos funcionarios del SAT y aduanas, así como a alcaldes y funcionarios municipales de Baja California.
La declaración pública: conocimiento y filtraciones
Durante su conferencia mañanera, la gobernadora Del Pilar no detalló los cargos, pero admitió su conocimiento sobre la denuncia. “¿Si conocía esa denuncia? Todos la conocíamos (…) se trata del mismo tema de aproximadamente hace un mes, mes y medio, donde salieron unos citatorios filtrados”, afirmó. Con esta declaración, la mandataria confirmó indirectamente la existencia y antigüedad del proceso legal en contra de su exesposo, el cual ha involucrado declaraciones de varios imputados desde octubre pasado.
Contexto y repercusiones
El reportaje no indica que la gobernadora sea actualmente investigada, pero sí plantea serias interrogantes sobre su conocimiento previo de las actividades presuntamente ilícitas de su exesposo y su entorno familiar.
