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Chihuahua

Gobierno Federal impugna a Chihuahua por rechazar lenguaje inclusivo en escuelas, denuncia Carlos Olson

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Chihuahua, Chih.– El diputado Carlos Olson denunció que el Gobierno Federal promovió una controversia constitucional contra el estado de Chihuahua por una decisión educativa que, afirmó, debería ser elemental: enseñar correctamente el idioma español conforme a sus reglas gramaticales y sin imponer el llamado lenguaje inclusivo en las aulas.

De acuerdo con el legislador, la acción legal no responde a prioridades urgentes como seguridad, salud o presupuesto, sino a una disputa ideológica que busca intervenir en los contenidos educativos estatales. “Esto evidencia una distorsión grave de prioridades. Mientras el país enfrenta violencia, rezago educativo y carencias en infraestructura escolar, se destinan recursos a frenar decisiones pedagógicas de los estados”, sostuvo.

Olson señaló que la postura de Chihuahua es clara: la educación básica debe centrarse en conocimientos sólidos, claridad lingüística y desarrollo cognitivo, no en experimentos ideológicos. A su juicio, el lenguaje inclusivo “no representa un avance pedagógico”, sino que confunde el aprendizaje del español, empobrece la enseñanza y politiza la escuela, afectando directamente a niñas y niños en etapas clave de formación.

“Con los niños no se experimenta. La escuela no es un laboratorio ideológico. La educación debe formar, no confundir”, subrayó el diputado, al tiempo que reiteró que la entidad defenderá su facultad constitucional para definir políticas educativas acordes con su marco legal y su contexto social.

El legislador afirmó que Chihuahua dará la batalla legal para sostener una educación basada en libertad de pensamiento, respeto al desarrollo integral de la niñez y enseñanza correcta del idioma. “Vamos a defender el derecho de nuestros niños a aprender bien y a crecer sin imposiciones ideológicas. En Chihuahua la educación se respeta”, concluyó.


La controversia constitucional es un mecanismo mediante el cual los distintos órdenes de gobierno dirimen posibles invasiones de competencias. En este caso, el debate se centra en hasta dónde puede intervenir la Federación en decisiones educativas estatales, particularmente en contenidos lingüísticos y pedagógicos.


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