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Inés Gómez Mont: lujo, joyas millonarias y una investigación por presunta red de facturación falsa
La detención de la conductora de televisión Inés Gómez Mont en Miami, Florida, volvió a colocar bajo los reflectores el estilo de vida de lujo que llevaba junto con su esposo, el empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga.
De acuerdo con señalamientos difundidos sobre su patrimonio, Gómez Mont habría portado joyas valuadas en cerca de 3 millones de pesos, una muestra del nivel de extravagancia que caracterizaba su vida pública.
Sin embargo, detrás de ese estilo de vida se encuentra una investigación de las autoridades mexicanas por una presunta red de empresas fachada y operaciones de facturación irregular, en la que también estaría involucrado su esposo.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la pareja habría participado en un esquema mediante el cual se simularon operaciones comerciales y se utilizaron comprobantes fiscales para justificar servicios presuntamente inexistentes.
Las investigaciones contemplan contratos gubernamentales por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, relacionados con servicios para centros penitenciarios federales durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
El caso volvió a cobrar relevancia luego de que autoridades estadounidenses detuvieran a Gómez Mont el 30 de octubre de 2026, tras permanecer cerca de cinco años fuera de México.
La FGR confirmó que su aseguramiento en Miami se realizó mediante un intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos y señaló que existe una orden de aprehensión vigente por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.
El expediente también contempla señalamientos por delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El caso pone nuevamente sobre la mesa el funcionamiento de las redes de facturación falsa en México, conocidas popularmente como empresas factureras, mediante las cuales se simulan operaciones para evadir impuestos y dar apariencia de legalidad a recursos de procedencia irregular.
Hasta el momento, las acusaciones deberán resolverse ante las autoridades judiciales y no constituyen por sí mismas una sentencia condenatoria.