Ingresa a prisión el contralmirante Fernando Farías Laguna tras ser expulsado de Argentina

El contralmirante Fernando Farías Laguna fue ingresado la mañana de este viernes al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, mejor conocido como el penal del “Altiplano”, luego de ser expulsado de Argentina y entregado a las autoridades mexicanas. El militar está acusado de encabezar una red criminal dedicada al tráfico ilícito de combustible, en un caso que ha sacudido los cimientos de la Secretaría de Marina.

El alto mando arribó a la Ciudad de México durante la madrugada, después de un extenso viaje que inició el jueves por la tarde en Buenos Aires. La aeronave Gulfstream G450, con matrícula ANX1202, cubrió una ruta de aproximadamente diez horas que incluyó una escala técnica en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla, en Cali, Colombia. Una vez en territorio mexicano, Farías Laguna fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Proceso de ingreso y audiencia

Tras su llegada, el contralmirante fue presentado ante un médico legista para certificar su estado de salud, un requisito protocolario previo a su internamiento en el penal de alta seguridad. Poco después, alrededor de las 6:18 horas, fue trasladado vía helicóptero desde el hangar de la Fiscalía General de la República (FGR) hasta el reclusorio ubicado en Almoloya de Juárez, donde quedó recluido.

Se prevé que este mismo viernes se lleve a cabo su primera audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, donde el Ministerio Público formalizará los cargos en su contra y se definirá su situación jurídica.

Una presunta red criminal en la cúpula naval

Farías Laguna es señalado por la FGR como el cabecilla de una organización delictiva dedicada al tráfico de hidrocarburos, que operaba con la presunta complicidad de funcionarios públicos y empresarios. La investigación revela que la red utilizaba buques tanque que arribaban a puertos estratégicos como Tampico, en Tamaulipas, y Ensenada, en Baja California, con cargamentos de combustible que eran declarados falsamente como aceites o aditivos para eludir el pago de impuestos.

De acuerdo con las indagatorias, los combustibles eran transportados y distribuidos a través de empresas legalmente constituidas, que los canalizaban a estaciones de servicio o los empleaban como fachada para lavar las ganancias obtenidas de manera ilícita. En total, son 16 los implicados en esta trama, entre los que destacan miembros de la propia institución naval.