La SCJN da marcha atrás: ministros no usarán camionetas de lujo adquiridas por 1.7 millones de pesos cada una

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió su decisión sobre la flotilla de lujo adquirida para sus once ministros. Tras confirmar el pasado 22 de enero la compra de nueve camionetas valuadas en aproximadamente 1.7 millones de pesos cada una, el máximo tribunal anunció este lunes que las y los ministros no harán uso de los vehículos y gestionarán su devolución.

La polémica compra, justificada inicialmente por motivos de seguridad y protección, generó un amplio rechazo ciudadano y mediático. En respuesta, la Corte informó que, en caso de no poder concretar la devolución, los automóviles serán asignados a personas juzgadoras en activo que requieran medidas de seguridad, asegurando que los recursos públicos se destinen a necesidades funcionales y no a percepciones de ostentación.

“La austeridad no es un acto simbólico”: Hugo Aguilar

En una conferencia de prensa convocada para explicar la decisión, el ministro presidente Hugo Aguilar sostuvo que se debe buscar un equilibrio entre la austeridad y la seguridad de los integrantes de la Corte. Reconoció que los ministros “entienden que la seguridad no implica lujos” y que existe un compromiso por “cambiar la manera en la que se sirve al pueblo”.

Aguilar detalló el contexto que llevó a la adquisición: desde 2010, los ministros cuentan con vehículos blindados por protocolo de seguridad. De los 43 vehículos adquiridos hasta 2025, la actual integración de la Corte solo recibió 39, ya que cuatro fueron retirados por ministros anteriores como parte de su haber de retiro. Ante la falta de unidades suficientes y el deterioro de algunas existentes, se optó por renovar el parque vehicular tras análisis de riesgo y asesoría de órganos de seguridad federal.

Sin embargo, el ministro presidente afirmó que, tras escuchar las críticas ciudadanas, el pleno determinó rectificar: “Vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas”. Aclaró que, si bien él puede decidir sobre su propia seguridad, no puede hacerlo sobre la de sus colegas, aunque garantizó que la austeridad no afectará las funciones jurisdiccionales.

Un giro hacia la transparencia y la contención del gasto

La decisión marca un intento por alinear la imagen de la Corte con los principios de austeridad republicana que han sido exigidos desde diversos frentes políticos y sociales. El episodio refleja la tensión entre las necesidades logísticas y de protección de las altas autoridades y la percepción pública del uso de recursos en bienes suntuarios.

La SCJN se comprometió a iniciar de inmediato el proceso de desincorporación de las camionetas, subrayando que la prioridad será su devolución al proveedor o, en última instancia, su redistribución institucional bajo criterios de estricta necesidad y seguridad.