Movimiento Ciudadano solicita desafuero del gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el narco

Movimiento Ciudadano (MC) dio este viernes el primer paso formal para retirar el fuero al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros nueve funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, en particular con el Cártel de Sinaloa.

La solicitud de desafuero fue presentada ante el Congreso de la Unión. El dirigente nacional del partido naranja, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que los acusados deben enfrentar las investigaciones sin protección constitucional. “Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero”, declaró.

Entre los señalados también figuran el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Villamil, ambos en activo. En el documento, MC argumenta que existen señalamientos por conspiración para el tráfico ilícito de sustancias hacia Estados Unidos, en colaboración con el Cártel de Sinaloa. El partido advirtió que las acusaciones del Departamento de Estado han generado una “severa crisis” en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y asegura que los presuntos nexos con el grupo criminal se remontan a 2021.

El complejo camino para retirar el fuero

Javier Martín Reyes, abogado e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que el proceso para retirar el fuero —conocido formalmente como juicio de procedencia— es indispensable para poder iniciar acciones penales contra funcionarios en activo.

En el caso de servidores públicos locales, como el gobernador de Sinaloa, el primer paso es que la Cámara de Diputados federal apruebe la declaratoria de procedencia. Sin esta decisión, no se puede avanzar penalmente, ya que el fuero actúa como una protección frente a delitos de carácter federal.

Sin embargo, el procedimiento no termina necesariamente ahí. Martín Reyes señaló que existe un debate jurídico sobre si también se requiere la intervención del Congreso local. Este punto, añadió, ya fue motivo de controversia en el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuando la Suprema Corte determinó que se necesitaban ambas declaratorias: la federal y la estatal.

Un escenario inédito

El investigador de la UNAM destacó que, hasta ahora, no se tiene registro de solicitudes de este tipo contra un gobernador o un senador en funciones, precisamente por la protección que les otorga el fuero.

Si la Fiscalía buscara la detención provisional con fines de extradición, podría enfrentarse a un primer obstáculo: un juez federal podría negar la solicitud al considerar que el funcionario aún cuenta con el fuero. Además, los tratados de extradición establecen que la persona debe ser procesada por delitos que también estén tipificados en el país requerido.

En este caso, los señalamientos por asociación delictuosa para el tráfico de narcóticos sí constituyen un delito federal en México. No obstante, para proceder legalmente, primero es necesario retirar el fuero. La solicitud de Movimiento Ciudadano abre ahora un proceso inédito que pondrá a prueba los mecanismos constitucionales y la voluntad política del Congreso.