Reforma al INFONAVIT: ¿Se usarán los ahorros de los trabajadores para construir viviendas?

La reciente reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ha generado un intenso debate sobre el destino de los ahorros de los trabajadores y el nuevo rol que tendrá el instituto en la construcción y administración de viviendas. La iniciativa, que busca ampliar las funciones del INFONAVIT para incluir la construcción y renta de viviendas a precios accesibles, ha despertado dudas y críticas entre expertos, sindicatos y políticos de oposición.

¿Qué propone la reforma?

La reforma al INFONAVIT permitiría al instituto construir viviendas a través de una empresa filial y ofrecerlas en renta a precios accesibles para los trabajadores. Además, amplía sus funciones actuales, que incluyen la construcción, reparación, ampliación y mejora de viviendas, para abarcar también la coordinación, financiación, ejecución e inversión en programas de vivienda, ya sea para propiedad o renta.

La iniciativa también establece que el INFONAVIT deberá informar en su página web sobre su situación financiera, administrativa, operativa, económica y jurídica, así como los riesgos asociados a los recursos del fondo y los proyectos de construcción. Asimismo, la Secretaría de Hacienda supervisará las operaciones de crédito del instituto, mientras que la Auditoría Superior de la Federación se encargará de su fiscalización.

La polémica: ¿Se usarán los ahorros de los trabajadores?

El punto más controvertido de la reforma es la posibilidad de que los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, que incluyen las subcuentas de los trabajadores, se utilicen para financiar proyectos de construcción y administración de viviendas. Según el texto de la reforma, “el patrimonio del instituto y los rendimientos del Fondo Nacional de la Vivienda, una vez descontados los intereses que deban recibir las subcuentas de vivienda, podrán destinarse, previo acuerdo del Consejo de Administración, al financiamiento de objetivos en materia de construcción, administración inmobiliaria y arrendamiento social de vivienda”.

Esto ha generado preocupación entre expertos y representantes de los trabajadores, quienes temen que sus ahorros puedan ser utilizados sin su consentimiento. Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló: “El INFONAVIT es un manejador de fondos, pero ahora se crea una filial gubernamental que se dedique a construir. Cuando se permite esta creación, se vulnera el derecho de los trabajadores a decidir qué se hace con su dinero”.

¿De dónde saldrán los recursos?

Aunque la reforma establece que las subcuentas y créditos de vivienda de los trabajadores son “inviolables” y no estarán sujetas a auditoría, revisión o fiscalización, no queda del todo claro si los recursos para los nuevos proyectos provendrán del patrimonio del instituto, de los rendimientos del fondo o de ambos.

Carlos Martínez, exdirector del INFONAVIT, explicó en redes sociales que el instituto administra alrededor de 2.5 billones de pesos en activos, de los cuales más de 760 mil millones están en un fondo de inversión a largo plazo con vencimientos a cuatro años o más. “No son recursos que estén disponibles al instante”, aclaró. Además, destacó que la cartera de crédito neta del INFONAVIT asciende a 1.5 billones de pesos, que no son recursos disponibles, sino garantías de crédito.

Martínez también mencionó que, cada año, el INFONAVIT programa alrededor de 200 mil millones de pesos para su programa de crédito. Con la reforma, se destinaría una parte adicional de estos recursos a la construcción de viviendas, previa aprobación de la Asamblea del INFONAVIT.

Otra de las críticas a la reforma es que modifica el modelo tripartita del INFONAVIT, en el que participan trabajadores, gobierno y sector empresarial. Con la nueva iniciativa, los proyectos de vivienda serían supervisados por comités integrados principalmente por funcionarios de gobierno, lo que ha generado preocupación sobre una posible centralización de decisiones y una menor participación de los trabajadores y el sector privado.