Sheinbaum descarta riesgos tras entrega de exfuncionarios de Sinaloa a Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este lunes que no existe ningún riesgo para el país tras la entrega voluntaria de dos exfuncionarios del gobierno de Rubén Rocha Moya a las autoridades de Estados Unidos, en el marco de las acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la mandataria se pronunció enfáticamente al ser cuestionada sobre posibles consecuencias derivadas de las declaraciones que pudieran ofrecer Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.

“Ningún riesgo, ninguno. Fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo. Ninguno”, sostuvo Sheinbaum.

Descarta declaración como organización terrorista

La presidenta también fue consultada sobre la posibilidad de que Estados Unidos declare a Morena como organización terrorista ante los presuntos vínculos que algunos de sus militantes pudieran tener con el crimen organizado. Su respuesta fue contundente: “No. Ningún riesgo”.

Ambos exfuncionarios se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses en medio de versiones que apuntan a una posible cooperación con fiscales de la Unión Americana. Forman parte de un grupo de diez personas, entre las que se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalados por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas. Según la acusación, habrían protegido operaciones de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos millonarios.

Llamada con Trump en el contexto de presiones

Las entregas ocurrieron horas después de una conversación telefónica entre Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centrada en temas de seguridad y combate al narcotráfico, en un contexto de crecientes presiones por parte de Washington para endurecer la ofensiva contra el crimen organizado.

Desde que se hicieron públicas las acusaciones a finales de abril, la mandataria mexicana ha insistido en que no existen pruebas públicas en contra de los funcionarios señalados. La entrega de Mérida Sánchez y Díaz Vega traslada ahora el foco del caso más allá de los presuntos esquemas de protección policial hacia el círculo financiero y político del gobierno estatal.