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Sheinbaum rechaza indulto para Mario Aburto y califica el asesinato de Colosio como “asunto de Estado”
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este martes la posibilidad de otorgar un indulto a Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, y calificó el crimen cometido en 1994 como “un asunto de Estado” que escapa a sus facultades de clemencia.
La mandataria respondió así a la solicitud planteada por el senador independiente Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del extinto candidato presidencial del PRI, quien ha impulsado en los últimos meses una campaña por la liberación de Aburto bajo el argumento de que el caso permanece plagado de irregularidades procesales.
“El asesinato de Colosio es un asunto de Estado por cómo ocurrió. Era un candidato a la presidencia que fue asesinado. No es un tema de indulto de la presidenta”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
La jefa del Ejecutivo subrayó que las investigaciones históricas apuntan a que diversas agencias del gobierno federal habrían estado involucradas en los hechos ocurridos en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994. “No es un tema de un indulto”, reiteró.
Un caso que aún divide al país
La negativa de la presidenta reabre el debate sobre uno de los crímenes políticos más emblemáticos de la historia reciente de México. A más de tres décadas del magnicidio, persisten las dudas sobre la autoría intelectual del asesinato que marcó el fin del dominio priista en la presidencia.
Mario Aburto Martínez fue detenido minutos después del ataque y condenado a 45 años de prisión, aunque ha sostenido por años que fue utilizado como chivo expiatorio. Organizaciones de derechos humanos y diversos actores políticos han señalado que el caso nunca fue esclarecido en su totalidad y que existió una investigación plagada de omisiones y manipulación de evidencias.
El senador Colosio Riojas ha insistido en que la liberación de Aburto no implica desconocer el homicidio, sino reconocer que el juicio en su contra no cumplió con las garantías procesales mínimas.