Trump gastó mil millones en almacenes para centros de detención; desechan siete centros

El sueño de las deportaciones masivas choca contra la realidad burocrática. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene previsto deshacerse de siete de los 11 almacenes que compró por mil millones de dólares con el propósito de convertirlos en centros de detención para migrantes, en un viraje que evidencia las enormes dificultades para materializar la política antimigrante del gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, la agencia venderá o transferirá a otras dependencias federales los siete inmuebles, en los que invirtió 700 millones de dólares para su adquisición. Este movimiento representa un giro de 180 grados, ya que la conversión de estas bodegas en instalaciones de reclusión era una de las banderas de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Sin embargo, el nuevo titular del DHS, Markwayne Mullin —quien en privado ya había mostrado escepticismo sobre el proyecto— ha manifestado públicamente su intención de que la agencia adopte un perfil más discreto en la ejecución de las medidas de control migratorio, según recordó el rotativo neoyorquino.

El plan que no fue: complejidad, costos y demandas

“The reality of creating a new detention system has proven complex, and the promises of mass deportations have collided with the complicated bureaucracy involved in trying to expel a large number of people”, señaló el periódico, resumiendo el fracaso de la iniciativa.

Uno de los casos más emblemáticos es el almacén de Roxbury, Nueva Jersey, cuya apertura ya fue descartada. La gobernadora demócrata Mikie Sherrill celebró la decisión en su cuenta de X, calificándola como “una victoria para la seguridad pública, el municipio de Roxbury y el estado”. “Los planes siempre fueron ilegales: el almacén de Roxbury es un centro logístico diseñado para el manejo de paquetes, no para miles de personas, y no contribuía en absoluto a la seguridad de Nueva Jersey”, enfatizó la mandataria, recordando la demanda que su gobierno presentó contra el DHS para impedir la instalación del centro.

John Fabbricatore, quien hasta hace poco fungió como asesor sénior en inmigración del Departamento de Salud y Servicios Humanos bajo la administración Trump, admitió que los almacenes fueron “una idea rápida” para ampliar la capacidad de deportación, pero que el tiempo demostró su inviabilidad.

Oposición bipartidista y trabas ambientales

El proyecto no solo generó rechazo en comunidades progresistas. Incluso líderes republicanos escribieron al DHS para oponerse a los centros en sus distritos, preocupados por el impacto en los servicios públicos, la economía local y la posibilidad de protestas en sus territorios.

Otro escollo insalvable ha sido el costo. Según el inspector general del país, por algunos de estos inmuebles se pagó más de 145 millones de dólares, sin incluir las inversiones necesarias para acondicionarlos como centros de detención. Pero el mayor desafío, de acuerdo con The New York Times, ha sido el frente legal: las demandas ambientales presentadas con base en la ley federal que exige evaluar el impacto de los proyectos gubernamentales en el entorno local.