Internacional
Trump ha deportado a casi 13 mil migrantes a México, donde quedan vulnerables ante los cárteles
El gobierno del presidente Donald Trump ha deportado a aproximadamente 13 mil ciudadanos cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades hacia México, donde quedan expuestos a la violencia de los cárteles del narcotráfico en un país que desconocen, advirtió este miércoles Human Rights Watch (HRW) en un informe.
Aunque México ha aceptado este tipo de deportaciones durante años, el documento señala que los expulsados durante la actual administración estadounidense son de mayor edad y han residido en Estados Unidos por más tiempo que en el pasado, lo que les dificulta encontrar empleo y acceder con urgencia a servicios médicos.
El reporte, basado en más de 50 entrevistas realizadas en Tapachula y Villahermosa, en el sur de México, se da en medio de una amplia campaña de redadas migratorias impulsada por Trump para cumplir su promesa de deportaciones masivas.
Cubanos, el grupo más afectado
De acuerdo con la investigación, los cubanos constituyen el colectivo más numeroso enviado a México, con más de 4 mil 300 deportados. Más de la mitad de los 41 cubanos entrevistados habían vivido en Estados Unidos desde las décadas de 1980 o 1990, muchos de ellos llegados durante el éxodo del Mariel o mediante el programa de lotería de visados en los años noventa. La mayoría poseía una tarjeta de residencia permanente, pero la había perdido.
“Imaginen tener 60 o 70 años, ser arrancados de su vida de la noche a la mañana y enviados a un país que no conocen, donde las autoridades los dejan abandonados sin acceso siquiera a los servicios más básicos —albergue, atención médica—. Imaginen que los dejan en ciudades peligrosas sin nada más que la ropa que llevan puesta”, declaró Alcira Hava, titular de una beca Leonard H. Sandler en Human Rights Watch y autora del informe.
“Esa es la realidad para muchos cubanos deportados a México”, agregó Hava.
Perfil de los deportados y falta de debido proceso
Más de la mitad de los cubanos deportados tenía antecedentes penales, pero solo el 16 por ciento correspondía a delitos violentos, según los investigadores. Una cuarta parte no tenía historial delictivo alguno.
La mayoría fue detenida durante controles rutinarios del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE), aunque algunos fueron arrestados en sus lugares de trabajo o en espacios públicos. A ninguno se le permitió comparecer ante un juez para impugnar su deportación a México, incluso cuando manifestaron temor por su seguridad.
La diáspora cubana, que tradicionalmente ha tenido acceso a una vía acelerada hacia la residencia y la ciudadanía mediante la Ley de Ajuste Cubano, se ha visto conmocionada por el alcance de la ofensiva migratoria de Trump.
“Doble castigo” en suelo mexicano
Una vez en México, los deportados son enviados a ciudades del sur con escasas oportunidades laborales, acceso limitado a atención médica y donde los cárteles aprovechan su vulnerabilidad. Enfrentan además un complicado proceso para obtener el estatus de refugiado en México, si es que cumplen los requisitos.
Un albergue en Villahermosa recibió en el último año a cubanos deportados de hasta 83 años, un perfil muy distinto al de los hombres jóvenes y las familias que suele atender, según relató el trabajador del albergue Josué Leal.
“Estados Unidos los desecha. Cuba los desecha”, dijo Leal, quien calificó la situación como una forma de “doble castigo”.
Llamado a transparencia y garantías
El informe subraya que no está claro cómo se están llevando a cabo estas deportaciones a un tercer país, ya que ni Estados Unidos ni México han hecho público el acuerdo migratorio que las permite. HRW exigió a ambos gobiernos que divulguen los términos del convenio y que garanticen el debido proceso y el respeto al derecho internacional en estos casos.
La organización también instó a México a asegurar el acceso a tratamiento médico y una vía para regularizar la situación migratoria de quienes no pueden regresar a sus países de origen. Asimismo, pidió a Estados Unidos suspender estas deportaciones mientras no existan dichas garantías.