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Internacional

4 claves para entender qué está en juego en la consulta chilena para cambiar la Constitución de Pinochet

Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se pregunta a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución.

El referendo chileno, aprobado en un acuerdo político en el Congreso tras un ciclo de manifestaciones que comenzó con las marchas estudiantiles el 2006 y culminó en octubre del 2019, definirá el destino político institucional de Chile en los próximos años.

De ganar el “apruebo”, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular.

Qué está en juego en el referéndum, más allá del “apruebo” o “rechazo” y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla es lo que responden a BBC Mundo aquí analistas chilenos y latinoamericanos.

1. Generar una Constitución “sin traumas”

Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, “simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito”.

Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del “apruebo” es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.

“¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror”, describe el académico. “Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico”, precisa.

“En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados”, plantea.

Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.

“No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático”, advierte el académico.

“Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el “Sí” a Pinochet obtuvo un 43% y el “No” un 54,7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria”, sostiene Negretto.

“Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile”, agrega Negretto.

“Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no”.

2. Recuperar legitimidad de la política

Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisa que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, “síntoma de la crisis de representación del sistema político” en el país.

“La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'”.

La académica se refiere a “The room where it happened” uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como “la cocina”.

“Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política”, dice Murillo.

De ganar el “apruebo”, la politóloga advierte que es importante “asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles”, dice.

¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.

“Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos”, describe la politóloga.

3. Redistribuir poder y bienes públicos

“Las constituciones definen las reglas del juego”, describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

“La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación”.

Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos”, dice la académica.

“El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos”, dice Henríquez.

“La diferencia es que en el ‘apruebo’ hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello”, agrega.

“Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio”, concluye.

4. Generar un proceso constituyente único en Latinoamérica

Tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.

“No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos”, precisa Henríquez.

Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.

“En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos” dice la politóloga.

“Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único”, remata Henríquez.

Con información de BBC

Internacional

Precario sistema de pensiones latinoamericano obliga a trabajar después de los 65 años

La precariedad del sistema de pensiones en los países de América Latina y el Caribe obliga a millones de trabajadores a buscar una vía laboral informal para completar sus bajos ingresos, después de décadas de trabajo y de haber superado la edad de jubilación.

Desde México hasta Paraguay, los sistemas de pensiones en la región están marcados por dificultades estructurales y sociales que impactan profundamente en la calidad de vida de los adultos mayores.

México: la mitad del trabajo es informal

La situación de las pensiones en México refleja la complejidad de un país donde la informalidad laboral afecta a casi la mitad de la población activa.

Con una pensión mínima que apenas supera los 6 mil pesos mensuales, muchos mexicanos se enfrentan a la difícil decisión de prolongar su vida laboral para asegurar un retiro medianamente estable, considerando que el salario mínimo es de 7 mil 468 pesos.

El Congreso mexicano evalúa actualmente una serie de iniciativas que buscan otorgar una tasa de reemplazo del 100 por ciento para los trabajadores que comenzaron su vida laboral formal a partir de 1997, con un tope de 17 mil pesos mensuales.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado lunes, con los votos oficialistas, una reforma de las pensiones que beneficiará a 28 millones de trabajadores del sector público y privado, así como la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, una bolsa de 40 mil millones de pesos que busca que el Estado garantice jubilaciones con 100 por ciento del último sueldo.

Argentina o la necesidad de seguir trabajando para los jubilados

En un escenario de severa crisis económica y con la tasa de inflación más alta del mundo (287.9 por ciento), el 65 por ciento de los jubilados en Argentina cobra la jubilación mínima, que en abril ha sido de 171 mil 217 pesos (192 dólares), un ingreso que llegó a los 241 mil pesos por el bono de refuerzo que la seguridad social otorgado por la situación de emergencia.

Este ingreso, que representa un 82 por ciento del salario mínimo legal en Argentina, actualmente situado en los 202.800 pesos (232 dólares), coloca a muchos jubilados en una situación de gran vulnerabilidad económica.

A pesar de los intentos legislativos para garantizar un nivel mínimo de ingresos para los jubilados, la realidad es que muchos trabajadores se ven obligados a seguir trabajando después de alcanzar la edad de retiro.

De acuerdo a datos oficiales correspondientes al cuarto trimestre de 2023, sobre un total de 19 millones de personas ocupadas (formal e informalmente) dentro de la población urbana de Argentina, un 4.4 por ciento eran mayores de 65 años.

En Brasil se duplicaron los pensionistas que trabajan

Con una pensión mínima que apenas supera el salario mínimo, y un aumento en la población de adultos mayores que aún están en la fuerza laboral, el desafío de garantizar una jubilación digna es evidente.

En Brasil el salario mínimo es de mil 412 reales (unos 274 dólares), valor que marca la pensión mínima y que percibe un 64 por ciento de los pensionistas.

Aunque no hay estadísticas exactas del número de pensionistas que trabajan en el país, según datos oficiales, en 2023 había 7.4 millones de brasileños de 60 años o más que continuaban trabajando, lo que supone el doble que hace una década, y un 12 por ciento más que el año anterior.

Chile, el inventor de la capitalización individual

En Chile, el sistema de pensiones establecido en 1980, durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), enfrenta críticas por no garantizar retiros dignos. Este sistema se basa en la capitalización individual, en la que los trabajadores aportan mensualmente un 10 por ciento de su sueldo a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Sin embargo, las pensiones resultantes son insuficientes, con cifras que frecuentemente se sitúan por debajo del sueldo mínimo del país, que es de 470 mil pesos (unos 531 dólares).

Este problema se agrava debido a las características del mercado laboral chileno, marcado por la inestabilidad y los bajos salarios.

La falta de estabilidad laboral genera lo que se conoce como “lagunas previsionales”, períodos en los cuales los trabajadores no cotizan y, por ende, no ahorran lo suficiente para su jubilación.

Además, los bajos sueldos limitan su capacidad de ahorro, especialmente de las mujeres, quienes enfrentan discriminación salarial y dificultades adicionales para acceder a empleos estables y bien remunerados.

Esta situación lleva a una alta proporción de personas a continuar trabajando incluso después de alcanzar la edad de jubilación.

Perú, Bolivia o Paraguay: la mayoría carece de sistema de pensiones

En Perú, la situación no es menos preocupante. La pensión media es de 500 soles (133 dólares), mientras que el salario mínimo es mil 25 soles. Con la mayoría de los adultos mayores sin acceso a un sistema de pensiones formal, y una gran proporción trabajando en la informalidad, la jubilación se convierte en un lujo para muchos.

Aunque se han implementado programas de asistencia social, como Pensión 65, la realidad es que los ingresos de los adultos mayores son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Bolivia, a pesar de contar con un sistema de pensiones que permite una renta de vejez de hasta el 70 por ciento del salario referencial, enfrenta desafíos significativos en términos de cobertura y suficiencia de ingresos.

En un país de 12.2 millones de personas, el número de jubilados que reciben pensión es de apenas 220 mil, un 68 por ciento de los cuales perciben una prestación menor a 6 mil bolivianos, (unos 862 dólares).

Aunque el sueldo mínimo es de 2 mil 362 bolivianos (unos 342 dólares), lo cierto es que el 80 por ciento de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, según Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En Paraguay, la cobertura de la seguridad social es de apenas el 24.5 por ciento, muy por debajo del promedio latinoamericano, que es del 61 por ciento de la población total, dejando a una gran proporción de la población sin acceso a un sistema de pensiones formal.

En un país donde el salario mínimo es de 2 millones de guaraníes (unos 269 dólares), existen dos pilares para el régimen de protección social, uno contributivo, que se financia con aportes de los trabajadores, y otro no contributivo, que recibe fondos del erario público.

La realidad de las pensiones en América Latina es un reflejo de las profundas desigualdades y dificultades económicas que enfrentan millones de ciudadanos en la región.

Con información de EFE

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Internacional

Hamás recibe la nueva propuesta de tregua de Israel

El grupo palestino Hamás confirmó este sábado en un breve comunicado que ya ha recibido la propuesta de tregua para el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos por parte de Israel y que la estudiará.

“El movimiento Hamás recibió hoy la respuesta oficial de la ocupación sionista (Israel) a la postura del movimiento, que fue entregada a los mediadores egipcios y cataríes el 13 de abril” escribió el jefe adjunto de Hamás en la Franja de Gaza Jalil al Hiya.

Según Al Hiya “el movimiento estudiará esta propuesta y una vez finalizado su estudio presentará su respuesta”, sin especificar cuánto tiempo se tomará el grupo para elaborar su contestación

Israel ha advertido que no permitirá que el grupo palestino se demore. El viernes, una delegación mediadora egipcia viajó a Israel para tratar el asunto.

¿Cuáles son los avances en la mediación del conflicto de Hamás e Israel?

Según la televisión estatal egipcia Al Qahera News, en las reuniones “se han logrado avances notables en el acercamiento de los puntos de vista de las delegaciones egipcia e israelí sobre una tregua en la Franja de Gaza”, aunque no aportó más detalles. 

Asimismo, fuentes de seguridad egipcias próximas a las reuniones confirmaron a EFE que las conversaciones fueron “fructíferas” y que se lograron superar “muchos obstáculos que impedían alcanzar un acuerdo de tregua”, aunque El Cairo advirtió contra una invasión israelí en Rafah.

Según las fuentes, la parte israelí estaría dispuesta a detener las operaciones militares durante unas seis semanas y a permitir el regreso de los desplazados al norte de Gaza, mientras que dio el visto bueno inicial para un intercambio de rehenes en manos de Hamás por presos palestinos en cárceles israelíes.

De acuerdo con el diario israelí Walla, el Gobierno de Israel expresó a la delegación egipcia su disposición a un último intento de negociación con Hamás para alcanzar una tregua “temporal” antes de lanzar una invasión terrestre en Rafah.

Según el rotativo, Israel está interesado en la liberación de 33 secuestrados por razones humanitarias y agregó que el alto el fuego dependerá del número de israelíes liberados.

Asimismo, Israel ha dicho a la delegación egipcia que los preparativos para la operación en Rafah van en serio y que no permitirá a Hamás que se demore.

Hamás mantiene secuestrados desde el ataque del 7 de octubre a 133 personas, de las que se cree que cerca de la mitad podrían estar muertos.

Esto se produce en un momento en el que las conversaciones sobre un alto el fuego -mediado por Egipto, Catar y Estados Unidos- están atravesando un importante estancamiento y ante la ofensiva diplomática de El Cairo para evitar la invasión terrestre de Rafah.

Con información de EFE

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Internacional

Palacio de Buckingham estaría preparando el funeral del rey Carlos III

El pasado 5 de febrero el Rey Carlos III anunciaba al mundo, a través de un comunicado, que había sido diagnosticado de “una forma de cáncer”, descubierto tras someterse a una operación por agrandamiento de próstata varios días antes. Dicho texto, en el que no se daban detalles del tipo de tumor -aunque sí se aclaró que no sería de la próstata- se informaba que el monarca había decidido hacer pública su enfermedad para “evitar especulaciones” y con la “esperanza” de poder “ayudar a todos aquellos afectados por el cáncer”.

Desde entonces han pasado casi 3 meses, en los que el hijo de la Reina Isabel II, de 75 años, ha cancelado casi por completo su agenda oficial para someterse a un tratamiento contra la enfermedad del que apenas ha trascendido ninguna información, aunque se especula con que no sería ni quimioterapia, ni radioterapia, sino un método pionero y menos agresivo.

A pesar de que sus apariciones han sido contadas en este tiempo, y es evidente que ha perdido peso, lo cierto es que se le ha visto con muy buen estado. La última fue el 21 de abril -día en el que la Reina Isabel hubiese cumplido 98 años- cuando se dejó ver al volante de su propio coche con la Reina Camilla asistiendo a un servicio religioso en una iglesia cercana al Palacio de Balmoral, en Escocia.

Una imagen tranquilizadora que contrasta con las informaciones que se han dado en las últimas horas sobre el estado del Rey Carlos en medios de comunicación como el ‘New York Post’, donde se han atrevido a aventurar que la salud del soberano británico se estaría “deteriorando progresivamente”.

Según dicho periódico, la situación sería tan preocupante que Buckingham habría puesto en marcha la maquinaria para el “inminente funeral” del padre de los Príncipes Guillermo y Harry. Y es que a pesar de que continúa su batalla contra el cáncer, fuentes cercanas habrían revelado que se encuentra “mucho peor de lo que dejan entrever, realmente mal”.

De ahí que los preparativos para su funeral -que se pusieron en marcha por protocolo al día siguiente del entierro de Isabel II-, denominado “Operación Puente Menai” y planeado desde hace mucho tiempo, se estarían “actualizando activamente”, para que todo estuviese perfectamente detallado si el desenlace fuese próximo como especula la prensa norteamericana, ya que la británica mantiene un silencio absoluto sobre este tema.

Mientras los rumores sobre el empeoramiento de Carlos III no dejan de aumentar, nada se sabe del estado de Kate Middleton y de cómo está sobrellevando el tratamiento contra el cáncer que hizo público, acabando con las especulaciones, el pasado 22 de marzo en un vídeo que conmovió al mundo. Alejada del foco mediático y centrada en sus hijos y en su recuperación, la Princesa de Gales cuenta con el apoyo incondicional del Príncipe Guillermo, que ha reducido considerablemente su agenda para estar al lado de su mujer en estos durísimos momentos.

Cáncer en la familia real de Reino Unido

La noticia del cáncer de Kate Middleton es otro acontecimiento sorprendente para la familia real desde el anuncio de febrero de que el rey Carlos III estaba siendo tratado por un tipo de cáncer no especificado que fue detectado mientras se sometía a un procedimiento por un agrandamiento benigno de la próstata.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo en un comunicado que Kate “ha demostrado una valentía tremenda” al revelar esta noticia al pueblo británico.

“En las últimas semanas, Kate ha sido sometida a un intenso escrutinio y ha sido tratada injustamente por ciertos sectores de los medios de comunicación de todo el mundo y en las redes sociales”, comentó.

El rey Carlos III, de 75 años, se ha retirado de sus funciones públicas mientras recibe tratamiento contra el cáncer, aunque ha aparecido con frecuencia en fotografías durante reuniones con funcionarios y dignatarios del gobierno e incluso se le ha visto yendo a la iglesia.

Con información de Europa Press

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