El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en entrevista con La Jornada que si Estados Unidos llegara a solicitar en un futuro la extradición del exmandatario Felipe Calderón Hinojosa, “México la concedería en atención a los acuerdos bilaterales establecidos”.

El Jefe del Ejecutivo federal habló de la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes mexicanos con el periódico. De acuerdo con el texto publicado este lunes, López Obrador consideró que podrían enfrentar a la justicia por diversos motivos, entre los que se encuentran la corrupción, el “narco-Gobierno”, el fraude electoral y la entrega del patrimonio nacional.

Como Presidente, Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, la cual dejó miles de muertos y desaparecidos. Dicha estrategia tuvo la participación de Genaro García Luna, su poderoso Secretario de Seguridad Pública, preso ahora en Estados Unidos, donde se le acusa de haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección.

Su encarcelamiento en el país vecino ha desatado rumores sobre el nivel de conocimiento que tenía Calderón sobre sus acciones. Sin embargo, el expanista ha negado haber estado enterado del devenir de uno de sus hombres más cercanos a lo largo de su sexenio (2006-2012).

Aunque aún no arranca de manera formal el juicio contra García Luna en la Corte de Nueva York, las investigaciones siguen y se espera que los nombres de otros funcionarios implicados o ligados con el narcotráfico en México salgan a la luz.

Mientras eso sucede, en México se ha comenzado a hablar en repetidas ocasiones sobre la organización de una consulta ciudadana para poder enjuiciar a los expresidentes del periodo neoliberal, como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Este ejercicio sólo puede solicitarse a través de tres vías, según lo ha explicado el mismo López Obrador, ya sea que la pida el Presidente de la República, una tercera parte de los legisladores de alguna de las dos cámaras, o el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Según lo establecido en la ley, los ciudadanos, los legisladores o el Presidente tienen hasta el 15 de septiembre para pedir una consulta popular, la cual coincidiría con las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021.

“Afortunadamente o desafortunadamente, se está a tiempo porque legalmente no se podría solicitar después. O sea, el periodo que establece la ley es del 1 al 15 de septiembre de cada año, incluso yo creo que es del primero al 15 durante un año electoral”, indicó AMLO el pasado 24 de agosto.

Unos días después, el tabasqueño anunció que si no prosperan las vías legales para convocar a un referendo en el que los mexicanos decidan si se debe enjuiciar o no a sus predecesores, lo solicitará él mismo.

“Si no se reúnen las firmas, si los legisladores no hacen el trámite, pues lo voy a hacer yo para que quede abierta esa posibilidad”, dijo en su conferencia de prensa matutina. Si esto ocurre, la petición de consulta debe formalizarse antes del 15 de septiembre y el referendo se celebraría el año próximo.

El mandatario ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal caballo de batalla, pero desde su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre de 2018 fue muy ambiguo sobre si se debería procesar o no a exmandatarios que estuvieran involucrados en casos de corrupción. Aunque desde entonces ha reiterado que en su administración nadie estaría por encima de la ley, también ha defendido hacer borrón y cuenta nueva con los expresidentes para no abonar la venganza.

Sin embargo, el inicio de varios procesos de corrupción de alto perfil, sobre todo el que se lleva a cabo contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), que está colaborando con la justicia y ha implicado en supuestos sobornos millonarios al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha reactivado el tema.

López Obrador lleva semanas especulando sobre la eventual consulta aunque, paradójicamente, siempre ha insistido en que él votaría que “no” se juzgue a sus precedesores desde los años 90.

El lunes 31 de agosto indicó que es posible que para el año que viene la Fiscalía o los jueces ya hayan resuelto si enjuiciar o no a algún exmandatario, pero insistió en que si no es así “se tiene esa vía abierta de la consulta”.

Expertos y columnistas han criticado duramente que se someta a consulta popular si alguien debe ser llevado o no ante la justicia, pues en un Estado de derecho, argumentan, debería ser la Fiscalía la que decida si alguien ha violado la ley y hay indicios para sentarlo en el banquillo.

Según Alfonso Ramírez Cuellar, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), son dos grupos de ciudadanos los que han iniciado la recogida de firmas aunque “Morena se suma a lo que ellos determinen en cuanto a pregunta y formato” y luego colaborará para lograr recaudar las 1.8 millones de firmas que se necesitarían por ley para poder convocar la consulta.

El político afirmó, en declaraciones al portal de Aristegui Noticias, que lo más delicado será establecer la pregunta para que el referéndum sea constitucional pero frente a las críticas de los opositores considera que “es un esfuerzo loable que la sociedad participe” en estos temas.

Con información de Sin Embargo