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Nacional

Salvador Cienfuegos, ‘fugitivo’ desde agosto de 2019 en pesquisa de la DEA

Desde las primeras semanas del año, el gobierno de EU estaba “trabajando en diferentes opciones para detener” al general Salvador Cienfuegos Zepeda, pese a “no tener un calendario” para hacerlo.

Según documentos desclasificados tras la detención del mando militar, en una reunión informativa celebrada a las 10 de la mañana del viernes 17 de enero pasado, en la que se refieren a él como “Salvatore Zepeda”, le refrendan la etiqueta de “fugitivo”.

De hecho, en ese momento se cumplían cinco meses desde que el 14 de agosto de 2019 fueran ingresadas en la corte del distrito este neoyorquino (EDNY) el dictamen y la orden de detención .

En la acusación, firmada por el fiscal Richard Donahue, se acusa a Cienfuegos Zepeda —también identificado como El Padrino— de cuatro cargos, tres de ellos por conspirar para manufacturar, distribuir e importar mariguana, cocaína, metanfetaminas y heroína, y uno más por lavado de dinero.

El 16 de julio de 2020, en uno de los primeros documentos que firmó como fiscal general del EDNY, Seth DuCharme actualizó el plan para atrapar al general mexicano.

Informó a la juez Carol Bagley Amon que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) ya habían detectado que Cienfuegos Zepeda, que se encontraba en México y que “la última vez que había cruzado a Estados Unidos fue en 2019”, en los meses previos a que su acusación estuviera lista.

Aclaró que los agentes de la DEA continuaban “intentando localizar y arrestar al acusado”. Sin saberlo, el ex secretario de Defensa les facilitó el trabajo a quienes planeaban arrestarlo, al viajar a Los Ángeles, California, el 14 de octubre pasado.

También se liberó la orden emitida el 27 de agosto, en la que se aclara que el caso del general había sido reasignado a la juez Amon en lugar de Brian Cogan, a quien en algún momento se relacionó a dicho proceso.

En septiembre de 2019, Amon sentenció a 20 años de prisión y cinco más en custodia a Édgar Veytia, El Diablo, ex fiscal de Nayarit, asociado al grupo criminal de Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2.

En la orden de arresto se acusa al general de haber brindado protección a esa banda delincuencial a cambio de sobornos. Así, la reasignación de la juez Amon se debe a que Veytia puede ser uno de los testigos claves contra el ex titular de la Sedena.

En otro documento se informó que Michael Robotti se integraba al grupo de fiscales relacionados al caso de Cienfuegos, donde seguirá haciendo mancuerna con Ryan C. Harris, con el que ya trabaja en los casos de Genaro García Luna e Iván Reyes Arzate, que se procesan en esta misma corte. Ambos fiscales fueron parte del equipo que logró la cadena perpetua para Joaquín El Chapo Guzmán.

Molestia de México

El gobierno federal solicitará a EU toda la información del juicio contra Salvador Cienfuegos para que en caso de que existan pruebas “contundentes” se le abra en México un proceso legal, así como al personal a su cargo que pudo estar involucrado en actividades delictivas, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, el mandatario aclaró que esta información se le daría a la Fiscalía General de la República, pues por ahora no hay ningún expediente abierto contra el mando militar.

Advirtió que si hay algún elemento del Ejército señalado de tener vínculos con el narcotráfico y se logra comprobar su culpabilidad será cesado y puesto a disposición de las autoridades. 

El Presidente aprovechó para defender a la Secretaría de la Defensa, al explicar que aun en el supuesto de que resultara responsable el general Cienfuegos, no debe de culparse o descalificarse “de tajo” a las fuerzas armadas.

Además, dejó en claro que como comandante supremo de las fuerzas armadas, será el único vocero en torno al caso de Cienfuegos, porque es un asunto delicado y para evitar un golpeteo político injusto contra los militares.

Reprochó que en EU “sacan información y resuelven sin dar a conocer al gobierno de México lo que están investigando. Es su derecho, porque se trata de un gobierno soberano, pero también nosotros tenemos que hacer lo mismo”.

Con información de Milenio

Nacional

Cifra de candidatos que piden protección del Gobierno se duplica

A menos de un mes de que sean las elecciones, 412 candidatos mexicanos a un cargo público han solicitado protección y seguridad para sus campañas, de los que 129 son aspirantes locales, informó este viernes la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, había expuesto el 23 de abril que la cifra de candidatos que cuentan con protección del Gobierno mexicano era de 360, en medio de unas campañas que han dejado decenas de asesinatos.

Una semana antes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó 250 candidatos con protección federal, que incluye escoltas de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.

“Desde la última vez que platicamos (con la prensa), la cantidad se ha duplicado a 412, y 129 son de carácter local”, dijo Taddei a medios al dar el banderazo para el traslado de 317 millones de boletas y otros materiales electorales a todo el territorio mexicano que se utilizarán en los comicios del 2 de junio.

¿Cuántos agentes cuidan a las y los candidatos de las elecciones 2024?

Recordó que el protocolo de atención a los candidatos solicitantes de protección se modificó hace un mes “y ya no tiene que pasar por los criterios de alto, mediano y bajo (riesgo) sino que inmediatamente se les otorga la seguridad” en cuanto lo solicitan.

Taddei no precisó la cantidad de agentes que cuidan a los candidatos, ya que, dijo, son decisiones de las fuerzas de seguridad.

La preocupación por la violencia contra los aspirantes tuvo un punto alto el 21 de abril, cuando un grupo de encapuchados interceptó a la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, en la carretera de Motozintla en Chiapas, estado de la frontera sur de México donde hay disputas de los cárteles.

La SSPC mantuvo la semana pasada en 15 la cifra de aspirantes asesinados en lo que va del proceso electoral, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre pasado y concluye con las elecciones del 2 de junio.

Pero organizaciones ciudadanas estiman una cifra mayor de víctimas, como la consultora Data Int, que ha contabilizado 106 asesinatos potencialmente vinculados a las elecciones, incluyendo 30 aspirantes.

Con información de EFE

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Nacional

¿Cuándo será el juicio contra los responsables de la caída de la Línea 12 del Metro?

Este 3 de mayo se cumplen 3 años del colapso de la Línea 12 del Metro de la CDMX y aunque las autoridades capitalinas externaron que la mayoría de las familias de las víctimas ya recibieron reparaciones de daños, aún así no se ha hecho ningún juicio contra los exfuncionarios que han sido señalados.

El 3 de mayo de 2021 poco después de las 22:00 horas, un tren de la Línea 12 del Metro se desplomó entre las estaciones de Tezonco y Olivos, causando la muerte de 26 personas y otras 90 resultaron heridas.

Por este suceso, 10 exfuncionario del llamado “Proyecto Metro” fueron vinculados a proceso, entre los que destaca es Enrique Horcasitas, el exdirector del Proyecto Metro, pero hasta la fecha ninguno de esos funcionarios han sido llevado a juicio.

El abogado Gabriel Regino, quien defiende a los exfuncionarios, declaró a El Universal que se han presentado recursos y amparos para litigar medidas y retrasos audiencias, esto luego de que un juez determinara que los exfuncionarios podrían seguir su proceso en libertad.

A su vez, el abogado defensor señala que aunque los funcionarios son considerados como investigados, no están imputados o señalados en un grado de responsabilidad.

El abogado detalló también que por cuestiones jurídicas, es posible que las víctimas y acusados de la caída del tren de la Línea 12 no alcancen la justicia esperada.

El defensor indicó que se han acudido al recurso denominado “revisión” por esta razón:

“Mientras esto no se resuelva, no habrá juicio y para que esta etapa se pueda resolver faltan entre dos y tres años”.

“Si en dos o tres años las autoridades dicen que deben de enfrentar un juicio, lo enfrentaremos. Si nuestros representados resultan señalados como culpables, nos iremos a la apelación, si perdemos la apelación, nos iremos al amparo directo y si al final del día perdemos todas las instancias, se carecen de recursos por parte de mis representados para hacer un sólo pago y cuando termine este caso, que pueden ser cinco o seis años o incluso más, las víctimas que nunca hicieron un acuerdo reparatorio concreto se quedarán sin ningún tipo de justicia, sin ningún tipo de reparación“, agregó y también aseguró que posiblemente la siguiente audiencia se haga en los tres siguientes años.

“No habrá justicia para todas las víctimas y tampoco habrá justicia para las personas que fueron acusadas como responsables de esta tragedia. ¿Por qué razón? Porque la tragedia se derivó de una falta de mantenimiento por parte de las autoridades de la Ciudad de México“, concluyó.

Hasta el momento, tanto agentes como peritos de la Fiscalía de la CDMX han indicado que ya todo queda en tribunales.

Por su parte el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, declaró que a través del gobierno capitalino se ha dado atención médica y psicológica gratuita a víctimas lesionadas, por lo que se han suscrito 118 acuerdos reparatorios, pues el 92% de las víctimas y familiares optaron por el proceso de justicia restaurativa.

“El gobierno de la Ciudad de México mantiene el seguimiento a los casos que aún lo requiera”, comentó el jefe de gobierno capitalino, pero de acuerdo con el abogado Teófilo Benítez, 14 víctimas faltan por ser atendidas, ya que el gobierno de la CDMX no ofertó una cantidad que fuera acorde a los daños que padecen.

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Nacional

Se cumplen tres años del colapso de la L12 del Metro

Este viernes se cumplen tres años del colapso en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro capitalino, tragedia en la que murieron 26 personas.

A manera de homenaje, pero también de protesta, en la estación Mixcoac se colocaron un ataúd con un espejo dentro; coronas fúnebres y veladoras.

Se espera que como cada años, se lleve a cabo una misa en recuerdo de las víctimas.

El 3 de mayo de 2021 un puente elevado de la Línea 12, en la alcaldía Tláhuac, se derrumbó, lo que provocó que un vagón cayera sobre una vialidad entre las estaciones de Olivos y Tezonco -en Tláhuac, suroriente de la ciudad- quedando encallado en forma de “V”, accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

En el segundo aniversario de la tragedia la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) informó que se habían firmado 117 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas con empresas constructoras.

A día de hoy suman 118 acuerdos, según el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, quien pidió no lucrar con la tragedia, en medio de la época electoral.

En cuanto a las imputaciones contra personas físicas, la FGJ informó la apertura de juicios contra seis ex servidores públicos, un corresponsable de seguridad estructural, un director responsable de obra y dos particulares, para un total de 10 personas.

Sin embargo, uno de los presuntos implicados -el ex director responsable de Obra de la L12, Leonardo Alcázar-, murió y hasta el momento ninguna persona ha sido detenida.

A tres años del colapso tan solo 14 víctimas continúan el litigio en búsqueda de justicia.

El 15 de enero de 2023, después de 20 meses, la Línea 12 del Metro de Ciudad de México reabrió, de forma parcial.

Un año más tarde, el 30 de enero de 2024, la llamada ‘Línea Dorada’ reabrió en su totalidad.

La reapertura de la Línea 12, que tiene vicios de origen, ocurrió en medio de una nueva polémica sobre la inseguridad y falta de mantenimiento del Metro capitalino.

Con información de López-Dóriga y EFE

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