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Internacional

¿Qué consecuencias puede tener para Jair Bolsonaro que haya sido acusado de 9 crímenes en el Senado de Brasil por su respuesta a la pandemia?

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió un duro revés este martes: una comisión investigadora del Senado de su país recomendó que sea imputado por su gestión de la pandemia de coronavirus.

El informe final de la comisión senatorial que indagó la crisis de covid-19 en Brasil, aprobado este martes por siete votos contra cuatro, acusa a Bolsonaro de nueve delitos diversos, incluídos crímenes “contra la humanidad”.

Esto ocurre en un contexto delicado en Brasil, con más de 600.000 muertos por la pandemia (el segundo peor saldo por país en el mundo, después de Estados Unidos) y crecientes dificultades económicas.

Si bien la comisión recomendó la imputación de otras 77 personas, desde asesores a ministros de gobierno y tres hijos del presidente, Bolsonaro es señalado como el “responsable principal por los errores cometidos por el gobierno federal durante la pandemia”

El presidente ha negado tener “culpa” alguna por la propagación del coronavirus en Brasil y criticó el trabajo del panel de senadores.

“Me tachan de genocida, falsificador de documentos, exterminador de indios: es absurdo lo que hicieron estos tipos”, declaró Bolsonaro el lunes a una radio local.

Sin embargo, expertos advierten que el informe de 1.289 páginas puede tener distintas consecuencias para el mandatario de extrema derecha.

“Muchos imaginaban que la democracia brasileña estaba en riesgo, (pero) el informe de esta comisión señala que la democracia está efervescente y es capaz de imponer pérdidas políticas y tal vez judiciales al Ejecutivo”, dice Carlos Pereira, politólogo y profesor titular de la Fundación Getulio Vargas, una universidad brasileña de elite.

Los crímenes atribuidos

Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro negó la gravedad de la misma, mostrándose contrario a medidas de aislamiento y distanciamento social, y promoviendo actos multitudinarios o medicamentos sin eficacia probada contra la covid-19 en vez del uso de máscaras o la vacunación.

Tras una investigación de seis meses que atrajo la atención pública, la comisión del Senado atribuyó un total de nueve crímenes al presidente.

La lista incluye un crimen de epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias preventivas, charlatanismo, incitación al crimen, falsificación de documento particular, uso irregular de recursos públicos y prevaricación, así como crímenes de responsabilidad y contra la humanidad.

Los primeros siete se consideran crímenes “comunes”: están tipificados por el código penal brasileño y pueden ser castigados por la justicia hasta con cárcel.

Como el reporte también acusa a Bolsonaro de crímenes de responsabilidad, podría habilitar un juicio político en el Congreso para destituirlo.

Además, la atribución de crímenes “contra la humanidad” contemplados en el Estatuto de Roma, podría eventualmente motivar un proceso contra Bolsonaro en la Corte Penal Internacional (CPI).

Miembros de la comisión del Senado anticiparon que enviarán sus acusaciones a la Procuraduría General brasileña, la Cámara de Diputados y la CPI para que las analicen qué pasos siguen.

Aliados de Bolsonaro negaron que haya elementos jurídicos que sustenten la criminalización del presidente y argumentaron que, como Brasil tiene un sistema federal, el manejo de la salud también es responsabilidad de los estados.

Otro líder que buscó relativizar la amenaza del covid-19, el expresidente de EE.UU. Donald Trump expresó en un comunicado este mismo martes su apoyo a Bolsonaro, de quien dijo que son “grandes amigos”.

El informe de la comisión del Senado marca un momento especial en un Brasil donde es difícil que los gobernantes sean acusados tan directamente por investigaciones del Congreso.

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que el informe aprobado derive en cargos formales contra Bolsonaro.

Posibles escenarios

La comisión del Senado carece de potestades para denunciar directamente al presidente brasileño o a los demás acusados en su informe.

Para que Bolsonaro sea acusado formalmente ante la justicia se requeriría el aval del fiscal general brasileño, Augusto Aras, considerado un aliado del mandatario que ya ha archivado otros pedidos de investigación en su contra.

Por otro lado, la apertura de un juicio político o impeachment a Bolsonaro como los realizados contra sus antecesores Dilma Rousseff y Fernando Collor de Mello debería pasar por el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, otro aliado del mandatario.

Tampoco es seguro que Bolsonaro vaya a ser juzgado por la CPI de La Haya, aunque el Estatuto de Roma esté incorporado al derecho brasileño.

Para que ello ocurra, la CPI debería decidir que la denuncia del Senado es de su competencia antes de iniciar un largo proceso de investigación.

“Creo que el impacto mayor será político antes que judicial: una mayor fragilidad del gobierno ante los ojos de la sociedad y la pérdida de competitividad electoral del gobierno”, evalúa Pereira.

Agrega que, en lugar de impulsar la caída de Bolsonaro, el opositor Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva parece más interesado en antagonizar con un mandatario debilitado.

Las encuestas sugieren que en una eventual segunda vuelta electoral, Lula derrotaría por varios puntos a Bolsonaro, cuyo índice de aprobación bajó a 22%, según sondeos de la firma Datafolha.

Frente a distintos problemas económicos como una creciente inflación y un desempleo elevado (14%), Bolsonaro busca revivir programas de ayuda financiera a los sectores más necesitados.

Fue con esos mismos programas que el mandatario mejoró su popularidad el año pasado.

Pero algunos economistas anticipan que ahora ese gasto podría incrementar el desajuste de las cuentas públicas y acarrear nuevas dificultades para el gobierno.

Cuando Bolsonaro comenzó a relativizar la amenaza de la covid-19, llamándola de “gripezinha” y criticando el cierre de actividades, algunos sospecharon que su apuesta era tomar distancia del costo político de la pandemia.

Si ese fue el caso, el informe de la comisión del Senado sugiere que aquel tiro podría salirle por la culata al presidente brasileño y pesarle en las urnas tanto como a su “amigo” Trump.

Con información de BBC

Internacional

Suman 900 mil viviendas sin electricidad en Texas

El sureste de Texas amaneció con afectaciones tras el paso de una fuerte tormenta que dejó sin electricidad a unas 900 mil viviendas y negocios en la zona de Houston, al menos cuatro muertos y daños a edificios.

Las autoridades pidieron a la población que no salga a las carreteras, ya que muchas estaban intransitables y se esperaba que los semáforos no funcionaran la mayor parte de la noche.

“Quédense en casa esta noche, no vayan a trabajar mañana, a menos que sean un trabajador esencial. Quédense en casa, cuiden a sus niños”, dijo el Alcalde de Houston, John Whitmire, en una rueda de prensa nocturna.

“Nuestros equipos de emergencias estarán trabajando las 24 horas”.

Whitmire dijo que al menos 2 mil 500 semáforos estaban apagados y advirtió a los posibles saqueadores que “la Policía está en vigor, incluidos 50 agentes estatales enviados al área para evitar saqueos”.

Según el Alcalde, cuatro personas fallecieron a causa del mal tiempo. Al menos dos de los decesos estuvieron causados por la caída de árboles y otro ocurrió cuando los fuertes vientos derribaron una grúa, señalaron funcionarios. Los dos principales aeropuertos de Houston suspendieron temporalmente los vuelos.

La jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, la principal funcionaria electa del condado, dijo que los equipos todavía estaban tratando de determinar la magnitud de los daños y el número de víctimas.

Otros 100 mil clientes se quedaron sin electricidad en Luisiana, frente a un máximo de 215 mil.

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Internacional

Guerra en Gaza es trágica, pero no es genocidio: Israel ante Corte Internacional

Israel fue a dar ante la CIJ, a donde Sudáfrica llevó su denuncia por el genocidio que considera que se realiza en Gaza. Este 17 de mayo el representante del gobierno de Netanyahu ofreció su posicionamiento, el cual se resume así: “En Gaza está ocurriendo una trágica guerra, pero no un genocidio”.

Gilam Noam, funcionario del Ministerio de Justicia de Israel y quien representa a este país ante la Corte Internacional, dio a entender que, en efecto, las fuerzas armadas de su país han cometido excesos en su guerra contra Hamás, sin embargo, dijo, eso pasa en conflictos como el que ocurre en Gaza.

“Como es el caso en todos los conflictos armados, pueden ocurrir incidentes que involucren presuntas violaciones de las normas que regulan las hostilidades”, explicó Noam. Esto es una “realidad que no es única de Israel” porque “ningún Estado es infalible”, justificó.

Desde finales de diciembre del 2023, Sudáfrica acudió ante la Corte de Justicia Internacional para, ante los hechos ocurridos en Gaza, acusar a Israel de genocidio en contra del pueblo palestino.

En su acusación, Sudáfrica señaló que, con el lanzamiento de 6 mil bombas sobre Gaza, tan sólo en la primera semana de ataque, Israel demostró un “patrón” que viola la Convención de Genocidio a la que está suscrito. Y bien, con la denuncia el país africano no busca otra cosa que el cese al fuego, así como imponer medidas provisionales.

En su posicionamiento, Gilad Noam también se defendió de los dichos de Sudáfrica, señalando que el gobierno de este país es un ejemplo de cómo se separaran hechos y circunstancias. Es decir, sí, hay muchas muertes, pero, Israel se está defendiendo.

Israel “está bajo ataque y solo está intentando defenderse y defender a sus ciudadanos”, señaló el funcionario israelí al explicar los ataques en Rafah, ciudad a la que consideran las fuerzas de su país como un “epicentro de actividad terrorista”.

Noam acusó que Sudáfrica lo único que busca con su denuncia ante la CIJ es sacar ventaja militar para Hamás, organización de la que, según, es aliado el país africano. Una acusación que pone en aprietos a la Corte Internacional, ya que, en caso de fallar a favor de Sudáfrica, Israel lo tomaría como un fallo en favor del grupo paramilitar.

No es la primera vez que Sudáfrica se presenta ante la Corte de La Haya y, aunque ha conseguido fallos a su favor, ésta nunca se ha atrevido a ordenar a Israel detener sus ataques y mucho menos imponer medidas restrictivas. De acuerdo con The Guardian, cuando mucho le ha pedido no realizar actos genocidas.

Con información de Sopitas

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Internacional

¿Qué significaría que la marihuana no esté en la lista de drogas peligrosas de Estados Unidos?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer que apoyará la reclasificación de la marihuana para que ya no sea considerada una droga peligrosa como el fentanilo, pero ¿qué significa esto?

A través de un video que compartió en sus redes sociales oficiales que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que apoyará la reclasificación de la marihuana para que sea considerada como una droga de bajo riesgo y no peligrosa como otras sustancias ilegales.

También el mandatario de Estados Unidos anunció que comenzaron oficialmente los trámites para que se haga este proceso y la cannabis deje de estar en la misma lista que otras drogas como las metanfetaminas.

Al respecto, Biden comentó que nadie debería estar en la cárcel “simplemente por usar o poseer marihuana”, y que ha habido demasiadas vidas que han sido trastornadas por un “enfoque fallido hacia la marihuana”.

Por todo esto, dijo que está comprometido en “corregir esos errores”, justo antes de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

¿Qué significa que la marihuana sea reclasificada?

Como mencionó Joe Biden, ya comenzó el proceso para la reclasificación de la marihuana con un aviso de reglamentación propuesta a la Oficina del Registro Federal para que la cannabis pase de la lista I a la III.

Actualmente la marihuana se encuentra en la misma lista de drogas como el fentanilo y la metanfetamina, pero con la reclasificación, pasaría a la lista de la Ley de Sustancias Controladas en la que, según Reuters, se encuentran la ketamina, los esteroides anabólicos y algunas combinaciones de paracetamol y codeína, que son medicinas que tienen un riesgo bajo.

Pero, ¿qué significa realmente? Pues aunque sí se logre la reclasificación de la marihuana en Estados Unidos, la política federal gringa hacia la cannabis seguirá estando en contra de los 24 estados que permitan su venta de manera recreativa.

La marihuana con usos recreativos y limitada a las personas mayores de 21 años es legal en 24 estados del gabacho, y que la marihuana con fines medicinales es legal en 13.

Además, los expertos de Reuters explican que un paso a la lista III pondría ahora a la marihuana en la mira de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), que tiene su propio proceso de reglamentación.

Esto se debe a que los medicamentos de esta lista sólo pueden dispensarse con receta médica, lo que requiere que el medicamento esté aprobado por la FDA, y hasta ahora no han aprobado la cannabis.

Y aunque obtuviera la aprobación, los productores y distribuidores tendrían que registrarse ante la DEA y cumplir entonces con los requisitos aplicables a las sustancias incluidas en la lista III.

Ahora que se ha presentado el aviso de reglamentación propuesta en la Oficina del Registro Federal para que la marihuana pase de la lista I a la III, éste se publicará en el Registro Federal y empezará un período de 60 días de comentarios públicos.

Después de esto, la administradora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Anne Milgram, asignará un juez de Derecho Administrativo para hacer una recomendación final y, con base en esta, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tendrá que tomar una decisión.

Luego es muy probable que entre bajo la Ley de Revisión del Congreso, ya que posiblemente cumpla con la definición de regla “importante” porque puede resultar en un efecto anual sobre la economía de 100 millones de dólares o más.

Hay que destacar que el pasado 1º de mayo, un grupo de senadores demócratas también presentó nuevamente una propuesta de ley para despenalizar el consumo de la marihuana a nivel federal, pero la verdad es que la iniciativa tiene bajas probabilidades de pasar porque los republicanos del Senado de Estados Unidos se oponen a la despenalización.

Con información de Sopitas

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