El sexto periodista asesinado en un año en México se llamaba Jorge Camero Zazueta y tenía 28 años, estaba en un gimnasio cuando una banda de pistoleros llegados en motocicleta lo balearon este jueves.

No habían pasado ni dos semanas que había dejado su puesto como secretario particular de Luis Fuentes Aguilar, alcalde de Empalme, en Sonora, y retomado su trabajo en el portal de noticias El informativo. Se repite uno de los cócteles más comunes en el crimen contra reporteros, el que mezcla política, información y sicarios.

El asunto preocupa en México, donde este año la matanza tiene visos de alcanzar cifras inéditas. Pero también se ha convertido en una controversia de calado diplomático. Estados Unidos se ha manifestado en los últimos días consternado por estos delitos y ha solicitado “responsabilidad y protección” para los profesionales de la comunicación. El reclamo no ha caído bien en el Gobierno mexicano, que ha acusado la “injerencia” de los vecinos del norte en sus asuntos soberanos. Ahora, cada vez que hay que lamentar uno de estos crímenes, se le recuerda a la Administración de Biden que las pistolas con que se perpetró son de origen estadounidense. El tráfico de armas a través de la conflictiva frontera norte de México es uno de los asuntos candentes en la agenda política de ambos países.

La impunidad en que se desenvuelven los delitos más sangrientos es la gran asignatura pendiente de México, donde más del 95% de los crímenes acaban sin culpables ni cárcel. Pero este año, los asesinatos a periodistas han causado mucho ruido, por el persistente goteo en estos dos primeros meses, y han obligado al Gobierno a tomar cartas en el asunto. El conflicto, normalmente circunscrito a las fiscalías y los gobiernos de cada Estado, amenazaba ya con estallar en la cara del presidente de la República, quien escuchó en una de sus conferencias matutinas la llamada personal de socorro de una periodista de Tijuana, Lourdes Maldonado. La mujer cayó muerta frente a su casa el pasado 24 de enero con una sola bala.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, no podía mirar para otro lado. Encargó juristas especializados para investigar el caso, y lo mismo hizo con el resto de los reporteros ultimados en estas semanas. Las pesquisas han comenzado a dar sus frutos, de los que el Gobierno ha ido dando información puntual. Este mismo viernes, el responsable de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, ha comunicado la detención de cinco personas en relación con el asesinato del fotorreportero Margarito Martínez, también de Tijuana, baleado el 17 de enero a plena luz del día. Cubría lo que en México se conoce como nota roja, es decir, sangre y sicarios, noticias incómodas para el poder de cualquier ámbito.

“En Tijuana, Baja California, ahorita en la madrugada se realizó la detención de cinco presuntos responsables de este asesinato, con posesión de armas y drogas. Una pistola de calibre 40 y un rifle AR-15, calibre 2.23. Dosis de coca y cristal. Estas armas son de origen norteamericano”, ha dicho el secretario de Defensa. La investigación, en la que han participado numerosos cuerpos de seguridad, determinará, ha añadido, “si estas armas participaron en otros delitos y si también fueron las que se utilizaron en la muerte del periodista Margarito Martínez”.

Ahí está la coletilla, que también usa en sus tuits el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez: armas de origen estadounidense. Y con la que de igual modo se defendió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el miércoles de esta semana, en una carta enviada al secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken: “México y Estados Unidos”, le recordó, “cooperan en materia de seguridad para avanzar contra el tráfico ilícito de armas de fuego que son utilizadas en la mayoría de los homicidios cometidos en México y que, presumiblemente, también fueron utilizadas contra periodistas”.

La cizaña la había sembrado el 18 de febrero el senador republicano estadounidense Ted Cruz, siempre polémico en sus declaraciones, que se dijo preocupado por la inseguridad que se vive en México y que, a su parecer, pone en riesgo a Estados Unidos: “El clima actual para políticos y periodistas en México es el más mortal que se haya visto. En 2020, en México fueron asesinados más periodistas que en cualquier otro país del mundo”, dijo.

No dejaba de ser un político sin cargo orgánico. La andanada que más molestó en el Gobierno de López Obrador llegó días después, el 22 de febrero, cuando fue el secretario de Estado, Antony Blinken, quien mostró su preocupación por el mismo asunto por una vía poco diplomática: un tuit. “El alto número de periodistas asesinados en México y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me sumo a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad’’, redactó.

Esta vez, el presidente López Obrador se encargó también de darle la réplica: “Pedirle, de favor, que se informe y que no actúe de manera injerencista porque México no es colonia de EE UU ni es un protectorado”, le espetó en su conferencia matutina al día siguiente. El mandatario ha recordado en las últimas semanas que se están consiguiendo avances en las investigaciones contra estos delitos y detenciones. Y reiteró su compromiso de que no queden en la impunidad. “En todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado”, añadió.

La Cancillería mexicana ha compartido con Estados Unidos estas investigaciones y sus resultados, por orden del presidente, celoso siempre de la soberanía mexicana para resolver sus asuntos, sobre todo cuando entienden que hay injerencias por parte de Estados Unidos o de España, dos de sus ejemplos recurrentes cuando defiende la política doméstica.

El presidente inauguró con su mandato una relación tensa con los medios de comunicación, a los que acusa machaconamente de estar en su contra con mañas propias, dice, de sexenios pasados, lo que llama época neoliberal, cuando la prensa y el poder mantenían acuerdos insanos regados con dinero. También ha cargado contra las organizaciones internacionales que registran y documentan estos crímenes, financiadas, acusa, con dinero estadounidense. Nada ha cambiado en las últimas semanas: López Obrador aprovecha siempre sus alegatos de defensa de los periodistas más vulnerables para atacar a otros de mayor renombre y recursos. Incluso dedica parte de la conferencia matutina de los miércoles a evidenciar, con nombres y apellidos, a aquellos reporteros o medios de comunicación que considera enemigos de su Gobierno. No son pocos quienes le han pedido que abandone esa práctica, que pone en la diana, afirman, a toda la prensa.

Respecto a la resolución de estos crímenes, no es un asunto fácil en México, porque detrás de quienes disparan el gatillo casi siempre hay instigadores de alto rango, políticos, empresarios o el propio narco, y son ellos los que se benefician de la impunidad mientras los sicarios, pagados en ocasiones con un irrisorio puñado de pesos, acaban en la cárcel. Las organizaciones de reporteros denuncian que eso no extirpa el origen del conflicto en el que el país se desangra a diario.

El 40% de los autores en la sombra de estos crímenes son funcionarios públicos, es decir, políticos, policías o jefes de seguridad, entre otros, según Artículo 19, una de las organizaciones que efectúan este conteo. Desde principios de siglo ha documentado 147 reporteros asesinados, lo que confiere a México características de un país en guerra a la hora de desempeñar este oficio. Este año, con Jorge Camero, van seis víctimas mortales, cuando en 2021 se contaron siete o nueve, según las fuentes. La Administración de López Obrador busca ahora mejorar la ineficiente protección que se presta a los periodistas amenazados o que se declaran en riesgo. Nada es fácil en un país donde las balas responden a intereses cruzados entre la política, la justicia y los negocios, legales o ilegales.

Con información de El País