En su primera sesión del nuevo periodo ordinario, el Senado de la República aprobó por unanimidad, la declaratoria por la que el Estado mexicano reconoce la competencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para recibir e investigar denuncias por desaparición forzada de personas en el país, ocurridas a partir de diciembre del 2010, en que nuestro país firmó la convención respectiva.

Con dispensa de trámite y el voto de los 107 legisladores asistentes, el pleno del Senado avaló la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de aceptar la jurisdicción del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, organismo que establece la atención a las víctimas de ese delito, de manera integral.

Senadores de Morena, PRI, PT, PVEM y PRD reconocieron que el presidente López Obrador haya avalado la intervención de ese organismo de la ONU, que gobiernos anteriores rechazaron.

El coordinador Morenista Ricardo Monreal resaltó es de la mayor trascendencia aprobar que la competencia de ese Comité de la ONU, que ahora podría investigar y dictar recomendaciones en torno a denuncias que familiares o representantes de desaparecidos le hagan llegar.

“Quizá hubiéramos tenido justicia en Ayotzinapa si este Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU hubiera tenido competencia”, señaló e hizo notar que “de ese tamaño es el compromiso del ejecutivo federal”, porque los familiares de los más de 60 mil desaparecidos que hay en este momento en el país, pueden acudir al organismo de Naciones Unidas.

Igualmente, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos, resaltó que “por fin llega la hora en que México convoca genuinamente a organismos internacionales, en este caso a Naciones Unidas, para que coadyuven en el combate a la violación de los derechos humanos, en particular a una de las violaciones más atroces, la desaparición forzada”.

Dijo que “a lo largo de décadas,México se resistía a invocar la ayuda del exterior para la lucha contra sus grandes lacras” y ello “quizá se explica porque aquellos gobiernos incurrían en tantas prácticas que no resistían el escrutinio foráneo”.

El senador Vasconcelos agregó que “el gobierno que busca la Cuarta Transformación del país no tiene nada que esconder “y por tanto acepta la colaboración para combatir y resolver la desaparición forzada, que es una de las conductas antihumanistas que suelen ser perpetrados por el crimen organizado o por los Estados represores”.

El senador de Morena, Martí Batres, resaltó, igualmente, que es de la mayor importancia que en el inicio del periodo, el Senado apruebe este instrumento contra un delito de lesa humanidad y recordó las batallas de de Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Frente Nacional contra la desaparición forzada durante la llamada “guerra sucia”, donde los propios cuerpos de seguridad se llevaban a luchadores sociales.

Expuso que entonces se documentaron cientos de desaparecidos, pero décadas después, al calor de la llamada “guerra contra el narco”, la delincuencia organizada desapareció a miles de personas. Batres formuló un reconocimiento a la Secretaria de Gobernación, Olga Sanchez Cordero y al subsecretario Alejandro Encinas, artífices de que se cumpliera el compromiso del presidente López Obrador en esa materia.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes saludó “con beneplácito la voluntad politica” del ejecutivo federal al remitir al Senado ese documento en el que se acepta la intervención del sistema de la ONU que facuta a cualquier persona a presentar denuncias sobre desaparición forzada y convocó a que en concordancia, el Estado mexicano realice un gran esfuerzo para mejorar los mecanismos para atender a las victimas. “No son suficientes las palabras y debe seguir la acción “.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, consideró que es un logro de las organizaciones de la sociedad civil que el gobierno haya reconocido la intervención de la ONU en el combate a ese delito, “uno de los ilícitos mas devastadores”.

El instrumento aprobado destaca que este Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, se constituyó al amparo de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que se encuentra vigente para nuestro país desde el 23 de diciembre de 2010, y establece que, de manera urgente analizará casos que le sean notificados.

En el texto se precisa que una vez recibida la comunicación y antes de decidir sobre el fondo, el Comité puede dirigir al Estado Parte en cuestión, una solicitud para que adopte las medidas cautelares necesarias, con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación.

En su estreno como presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar remitió al ejecutivo federal, la ratificación de esa declaratoria que reconoce la jurisdicción de la ONU.

Durante esa sesión nocturna, que concluyo cerca de la medianoche, el Senado aprobó la solicitud para separarse por tiempo indefinido de sus funciones legislativas que presentó el senador de Movimiento Ciudadano y presidente de ese partido, Clemente Castañeda.

Sus compañeros de MC y de las demás fuerzas políticas reconocieron el trabajo que realizó en esa cámara.

Asimismo el pleno aprobó que el Senado solicite a la Secretaría de Hacienda un presupuesto de poco mas de 4 mil millones de pesos para el 2021.

Con información de La Jornada