Una decisión así “no se toma a la ligera”, dijo el jueves el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. Se refería al registro de la mansión de Donald Trump en Palm Beach (Florida), una decisión sin precedentes en la historia de Estados Unidos. La lista de documentos incautados en el registro muestra que los agentes se llevaron numerosos documentos calificados como de “alto secreto”, lo que parece demostrar una flagrante vulneración de la ley por parte de Trump.

El diario neoyorquino The Wall Street Journal ha desvelado el grueso de la lista. Según su información, en el recibo consta que los agentes federales se llevaron 20 cajas de Mar-a-Lago, carpetas de fotos y una nota manuscrita. Había también información sobre “el presidente de Francia”. Pero lo más importante es que la lista incluye 11 juegos de documentos confidenciales. Un juego de ellos está clasificado como “alto secreto/sensible”; otras cuatro series son de documentos considerados “alto secreto”, tres juegos de documentos secretos y otros, confidenciales. La lista no ofrece detalles de qué materias trataban esos documentos clasificados.

“Mis abogados y representantes estaban cooperando plenamente y se habían establecido muy buenas relaciones. El Gobierno podía tener lo que quisiera, si lo teníamos”, había afirmado el jueves Trump en su red social. El problema es que los Archivos Nacionales ya se habían dirigido a Trump para reclamarle la documentación y se había efectuado también un requerimiento posterior, pero el expresidente no había devuelto todos los papeles, entre ellos los de contenido secreto.

Según reveló el jueves por la tarde The Washington Post, los agentes del FBI acudieron a registrar Mar-a-Lago en busca de documentos secretos sobre armamento nuclear que el expresidente se habría llevado allí y no había devuelto tras ser requerido para hacerlo. Los detalles, en realidad, son todavía mínimos. Las fuentes del diario de la capital estadounidense, que hablan bajo condición de anonimato, no aclaran si se trataba de documentos sobre el arsenal nuclear de Estados Unidos o sobre armamento nuclear de otro país. Tampoco explican si los agentes que registraron durante horas la mansión de Trump encontraron lo que buscaban. Lo que sí se explica es que había temor al riesgo de que esos documentos acabaran en las manos equivocadas.

El expresidente ha dicho este viernes que “el tema de las armas nucleares es un bulo, al igual que Rusia, Rusia, Rusia fue un bulo, dos impeachments fueron un bulo, la investigación de Mueller [sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016] fue un bulo y mucho más. La misma gente sórdida involucrada”, ha escrito.

El expresidente va más allá y sugiere un montaje para involucrarle: “¿Por qué el FBI no permitió la inspección de áreas en Mar-a-Lago con nuestros abogados, u otros, presentes? Los hizo esperar afuera en el calor, no les permitió acercarse siquiera. Dijo: ‘ABSOLUTAMENTE NO’. ¿Alguien quiere plantar información?”. El FBI entregó a los abogados de Trump un recibo con un listado del material incautado. Trump no lo ha hecho público y ni él ni sus abogados han dicho nada de que en él estén incluidos artificialmente materiales y documentos que no estuvieran en Mar-a-Lago. Desde que recibió esa lista señalando que había documentos de alto secreto, no lo ha negado.

El Departamento de Justicia presentó el jueves una moción ante el juzgado del Sur de Florida para que se hiciera pública la orden de registro, al igual que algunos anexos y el recibo con la lista de documentación incautada. La oficina de Garland no ha pedido que se publique el afidávit (la petición motivada para solicitar el registro), que podría confirmar si es cierto —como desveló Newsweek y luego confirmaron otros medios estadounidenses— que la información sobre la documentación que había aún en casa de Trump procedía de un soplo presumiblemente de alguien de su entorno.

Trump tenía la posibilidad de hacer pública la orden de registro y el recibo, pero no lo ha hecho. Sin embargo, ha asegurado ahora que quiere que se publiquen. Poco antes de la medianoche del jueves en Washington (casi a las seis de la mañana de este viernes, hora peninsular española), escribió un mensaje en su red social: “No solo no me opondré a la publicación de los documentos relacionados con la redada y el allanamiento antiamericano, injustificado e innecesario de mi casa en Palm Beach, Florida, Mar-a-Lago, sino que voy a dar un paso más alentando la publicación inmediata de esos documentos, a pesar de que han sido elaborados por demócratas de izquierda radical y posibles futuros oponentes políticos”. Y a las 00.43 del viernes, hora de Washington, ha insistido: “Publiquen los documentos ya”, sin explicar por qué no los publica él mismo.

No está claro en qué momento se hará pública la orden de registro y sus anexos, habiendo aparentemente acuerdo por las dos partes. La decisión corresponde al juez. Pero The Wall Street Journal ya ha adelantado su contenido, que no termina de despejar todas las dudas, precisamente por haber documentos confidenciales.

Un requerimiento previo

El juicio político sobre lo ocurrido —si el registro era una actuación proporcionada o no— dependía mucho del resultado del registro. Por mucho que el FBI tuviera información de un confidente, si los documentos de su presidencia incautados hubieran sido intrascendentes, habría sido difícil defender que el registro de la casa de un expresidente estaba justificado. Hasta algunos demócratas destacados compartían esa opinión.

Al haber aparecido documentos secretos, que de un modo u otro afectaban a la seguridad nacional, según la prensa estadounidense, y que el expresidente mantenía en su poder tras más de año y medio fuera del cargo, pese a las reiteradas gestiones de las autoridades para recuperarlos, lo que resulta muy difícil de defender es su posición. Aun así, la polarización que vive Estados Unidos reduce el espacio de los juicios racionales. Este viernes se ha sabido que el hombre abatido por la policía tras intentar asaltar una oficina del FBI en Cincinatti (Ohio) era un ferviente seguidor de Trump.

En cuanto al procedimiento penal, es harina de otro costal. La mera tenencia de esos documentos ya podría ser considerada un delito, de acuerdo con la legislación estadounidense. Pero decidirse a acusar formalmente a Trump y tratar de llevarlo a juicio es una decisión de mucho más calado incluso que el registro, que ha provocado ya un tremendo terremoto político. Es, desde luego, otra decisión para no tomar a la ligera.

Nuevo revés judicial para Trump

Un juez de Nueva York ha dictaminado este viernes que el proceso penal por fraude y evasión fiscal contra la Organización Trump y su ex director financiero, Allen Weisselberg, puede seguir adelante. El directivo y la empresa habían solicitado en febrero a un juez que desestimara los 15 cargos que se les imputaban. El juez solo ha desestimado uno de ellos. El proceso avanza y la selección del jurado está prevista para octubre.

En un caso civil paralelo, el expresidente Donald Trump se ha negado a responder esta semana a las preguntas de la fiscal del caso, alegando la Quinta Enmienda, el derecho a no declarar contra sí mismo. En el caso penal, Trump no está personalmente imputado.

Weisselberg y la empresa están acusados de fraude fiscal por retribuciones en especie recibidas por el directivo y por las que no se pagaron impuestos. Fue un artículo de Bloomberg el que levantó la liebre de esas compensaciones no declaradas a empleados de la Organización Trump. Weisselberg recibió retribuciones por 1,7 millones de dólares, incluida casa y coche, según la acusación. El directivo atribuyen su procesamiento a motivos políticos.

Con información de El País