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Nacional

Fraude en Policía Federal supera los 2 mil 650 millones de pesos

Durante seis años, de forma ininterrumpida, la Policía Federal registró un desvío sistemático de recursos que no solo representó un fraude al erario, sino que terminó por quebrar a la corporación, complicando su funcionamiento operativo al no poder pagar al final ni la luz de sus edificios, ni la gasolina de sus patrullas, ni el hospedaje de sus efectivos.

Por este fraude la Fiscalía General de la República (FGR) integra una carpeta de investigación por diversos delitos de corrupción, distinta a la que ya fue procesada en contra de 19 exfuncionarios por lavado de dinero, y donde están implicados esos y otros exfuncionarios.

En total, la FGR indaga un posible quebranto final a la Policía Federal que asciende a los 2 mil 657 millones de pesos, de acuerdo con datos de la investigación a los que este medio tuvo acceso.

Los principales responsables de estos desvíos, según la denuncia que la hoy Guardia Nacional promovió ante FGR, son las tres personas que ocuparon el cargo de la Secretaría General de la Policía Federal a lo largo del sexenio pasado. Todos ellos bajo el mando del entonces secretario de Gobernación y hoy senador, Miguel Ángel Osorio Chong.

Se trata de Jesús Orta Martínez en cuya gestión en el referido puesto, de 2013 a 2015, se habría registrado el desvío de poco mas 700 millones de pesos de la corporación; Frida Martínez Zamora con malos manejos de 1 mil 800 millones de pesos durante su perdió de 2015 a 2017; y Alejandro Bautista García quien asumió ese despacho en 2018 y donde se detectaron malos manejos por otros 120 millones de pesos.

Ellos tres, junto con otros exfuncionarios que no han sido revelados, son indagados dentro de una carpeta de investigación que se integra desde el año pasado en FGR por posibles delitos de corrupción entre ellos peculado, ilícito que tras las reformas aprobadas ya es considerado un “delito grave” que amerita prisión preventiva automática.

De ser judicializada esta investigación, que está a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, representaría para Orta y para Martínez un segundo proceso además del que ya se inició en su contra, y en contra de otros implicados su primera orden de aprehensión o comparecencia.

El fraude y la quiebra: ni para la luz quedó

Lo que la investigación de la FGR arroja es que, de forma ininterrumpida, y sin importar que persona estuviera al frente de la ya extinta PF, se implementó una estrategia sistemática de malos manejos que año tras año facilitó el desvío de miles de cientos de millones de pesos al amparo de supuestas contrataciones.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía se identifican, por ejemplo, contratos por arrendamiento de patrullas, de equipos tecnológicos para supuestas intervenciones inteligencia, de mantenimiento de aeronaves, entre otros, en donde el común denominador eran los precios inflados.

Además, diversas auditorías – tanto de los órganos internos de control como de la Auditoría Superior de la Federación – detectaron que al amparo de dichos contratos se autorizó la salida de montos mucho mayores a los autorizados sin que se sepa donde quedó el dinero.

El tema cobra especial gravedad ya que de forma paralela a los desvíos del presupuesto de la corporación creció su falta de solvencia para poder cubrir diversos pagos. Primero comenzó por no poder cubrir los pagos de indemnizaciones, y luego el problema creció hasta no poder pagar la gasolina de sus patrullas.

La Policía Federal registraba adeudos de aproximadamente 2 mil 460 millones 248 mil 760 pesos. La corporación, a través del oficio PF/OCG/DGE/1309/2019 reconoció que no contaba con los recursos suficientes para cubrir esa cantidad y que se habían solicitado ampliaciones de presupuesto que en ese momento no habían sido autorizados.

Tras las auditorías practicadas, hoy se conoce que el monto del dinero desviado es equivalente a los adeudos con los que terminó la extinta Policía Federal luego de culminado el sexenio de Peña Nieto. Incluso, si ese dinero no se hubiera desviado quedaría un remanente superior de aproximadamente 200 millones de pesos.

Entre el monto que la PF no pudo solventar se encontraba 1 mil 308 millones de pesos por concepto de servicios de traslado y de viáticos para sus elementos desplegados en diversos operativos. Este problema en específico se agravó al punto de que, hacia finales de sexenio, había hoteleros que se negaban a hospedar a agentes federales quienes incluso tuvieron que montar campamentos improvisados.

Otro adeudo del orden de los 533 millones de pesos era por servicios básicos no cubiertos, entre ellos pagos de agua y de luz. A ello se sumaba otra deuda de 234 millones de pesos por conceptos de vestuario, y prendas de protección. El resto corresponde a deudas en contratación de alimentos, pagos de gasolina, adquisición de equipos de protección, entre otros.

Incluso, la PF llegó a acumular tan solo por concepto de multas deudas por mas de 200 mil pesos al no indemnizar o liquidar a tiempo a elementos que fuero dados de baja por diversas razones.

Con información de Animal Político

Nacional

Cifra de candidatos que piden protección del Gobierno se duplica

A menos de un mes de que sean las elecciones, 412 candidatos mexicanos a un cargo público han solicitado protección y seguridad para sus campañas, de los que 129 son aspirantes locales, informó este viernes la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, había expuesto el 23 de abril que la cifra de candidatos que cuentan con protección del Gobierno mexicano era de 360, en medio de unas campañas que han dejado decenas de asesinatos.

Una semana antes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó 250 candidatos con protección federal, que incluye escoltas de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.

“Desde la última vez que platicamos (con la prensa), la cantidad se ha duplicado a 412, y 129 son de carácter local”, dijo Taddei a medios al dar el banderazo para el traslado de 317 millones de boletas y otros materiales electorales a todo el territorio mexicano que se utilizarán en los comicios del 2 de junio.

¿Cuántos agentes cuidan a las y los candidatos de las elecciones 2024?

Recordó que el protocolo de atención a los candidatos solicitantes de protección se modificó hace un mes “y ya no tiene que pasar por los criterios de alto, mediano y bajo (riesgo) sino que inmediatamente se les otorga la seguridad” en cuanto lo solicitan.

Taddei no precisó la cantidad de agentes que cuidan a los candidatos, ya que, dijo, son decisiones de las fuerzas de seguridad.

La preocupación por la violencia contra los aspirantes tuvo un punto alto el 21 de abril, cuando un grupo de encapuchados interceptó a la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, en la carretera de Motozintla en Chiapas, estado de la frontera sur de México donde hay disputas de los cárteles.

La SSPC mantuvo la semana pasada en 15 la cifra de aspirantes asesinados en lo que va del proceso electoral, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre pasado y concluye con las elecciones del 2 de junio.

Pero organizaciones ciudadanas estiman una cifra mayor de víctimas, como la consultora Data Int, que ha contabilizado 106 asesinatos potencialmente vinculados a las elecciones, incluyendo 30 aspirantes.

Con información de EFE

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Nacional

¿Cuándo será el juicio contra los responsables de la caída de la Línea 12 del Metro?

Este 3 de mayo se cumplen 3 años del colapso de la Línea 12 del Metro de la CDMX y aunque las autoridades capitalinas externaron que la mayoría de las familias de las víctimas ya recibieron reparaciones de daños, aún así no se ha hecho ningún juicio contra los exfuncionarios que han sido señalados.

El 3 de mayo de 2021 poco después de las 22:00 horas, un tren de la Línea 12 del Metro se desplomó entre las estaciones de Tezonco y Olivos, causando la muerte de 26 personas y otras 90 resultaron heridas.

Por este suceso, 10 exfuncionario del llamado “Proyecto Metro” fueron vinculados a proceso, entre los que destaca es Enrique Horcasitas, el exdirector del Proyecto Metro, pero hasta la fecha ninguno de esos funcionarios han sido llevado a juicio.

El abogado Gabriel Regino, quien defiende a los exfuncionarios, declaró a El Universal que se han presentado recursos y amparos para litigar medidas y retrasos audiencias, esto luego de que un juez determinara que los exfuncionarios podrían seguir su proceso en libertad.

A su vez, el abogado defensor señala que aunque los funcionarios son considerados como investigados, no están imputados o señalados en un grado de responsabilidad.

El abogado detalló también que por cuestiones jurídicas, es posible que las víctimas y acusados de la caída del tren de la Línea 12 no alcancen la justicia esperada.

El defensor indicó que se han acudido al recurso denominado “revisión” por esta razón:

“Mientras esto no se resuelva, no habrá juicio y para que esta etapa se pueda resolver faltan entre dos y tres años”.

“Si en dos o tres años las autoridades dicen que deben de enfrentar un juicio, lo enfrentaremos. Si nuestros representados resultan señalados como culpables, nos iremos a la apelación, si perdemos la apelación, nos iremos al amparo directo y si al final del día perdemos todas las instancias, se carecen de recursos por parte de mis representados para hacer un sólo pago y cuando termine este caso, que pueden ser cinco o seis años o incluso más, las víctimas que nunca hicieron un acuerdo reparatorio concreto se quedarán sin ningún tipo de justicia, sin ningún tipo de reparación“, agregó y también aseguró que posiblemente la siguiente audiencia se haga en los tres siguientes años.

“No habrá justicia para todas las víctimas y tampoco habrá justicia para las personas que fueron acusadas como responsables de esta tragedia. ¿Por qué razón? Porque la tragedia se derivó de una falta de mantenimiento por parte de las autoridades de la Ciudad de México“, concluyó.

Hasta el momento, tanto agentes como peritos de la Fiscalía de la CDMX han indicado que ya todo queda en tribunales.

Por su parte el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, declaró que a través del gobierno capitalino se ha dado atención médica y psicológica gratuita a víctimas lesionadas, por lo que se han suscrito 118 acuerdos reparatorios, pues el 92% de las víctimas y familiares optaron por el proceso de justicia restaurativa.

“El gobierno de la Ciudad de México mantiene el seguimiento a los casos que aún lo requiera”, comentó el jefe de gobierno capitalino, pero de acuerdo con el abogado Teófilo Benítez, 14 víctimas faltan por ser atendidas, ya que el gobierno de la CDMX no ofertó una cantidad que fuera acorde a los daños que padecen.

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Nacional

Se cumplen tres años del colapso de la L12 del Metro

Este viernes se cumplen tres años del colapso en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro capitalino, tragedia en la que murieron 26 personas.

A manera de homenaje, pero también de protesta, en la estación Mixcoac se colocaron un ataúd con un espejo dentro; coronas fúnebres y veladoras.

Se espera que como cada años, se lleve a cabo una misa en recuerdo de las víctimas.

El 3 de mayo de 2021 un puente elevado de la Línea 12, en la alcaldía Tláhuac, se derrumbó, lo que provocó que un vagón cayera sobre una vialidad entre las estaciones de Olivos y Tezonco -en Tláhuac, suroriente de la ciudad- quedando encallado en forma de “V”, accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

En el segundo aniversario de la tragedia la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) informó que se habían firmado 117 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas con empresas constructoras.

A día de hoy suman 118 acuerdos, según el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, quien pidió no lucrar con la tragedia, en medio de la época electoral.

En cuanto a las imputaciones contra personas físicas, la FGJ informó la apertura de juicios contra seis ex servidores públicos, un corresponsable de seguridad estructural, un director responsable de obra y dos particulares, para un total de 10 personas.

Sin embargo, uno de los presuntos implicados -el ex director responsable de Obra de la L12, Leonardo Alcázar-, murió y hasta el momento ninguna persona ha sido detenida.

A tres años del colapso tan solo 14 víctimas continúan el litigio en búsqueda de justicia.

El 15 de enero de 2023, después de 20 meses, la Línea 12 del Metro de Ciudad de México reabrió, de forma parcial.

Un año más tarde, el 30 de enero de 2024, la llamada ‘Línea Dorada’ reabrió en su totalidad.

La reapertura de la Línea 12, que tiene vicios de origen, ocurrió en medio de una nueva polémica sobre la inseguridad y falta de mantenimiento del Metro capitalino.

Con información de López-Dóriga y EFE

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