El plan B electoral, que comprende cambios en seis leyes, fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de forma completa, por lo que entrará en vigor el día de hoy.

El primer efecto inmediato de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el cese de Edmundo Jacobo Molina, como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), quien a partir de ayer dejó su cargo.

Lorenzo Córdova, presidente del INE, destacó el inicio de una batalla legal que podría ser “prolongada y compleja”, durante una firma de convenio con el PRI para renovar su app de registro de militancia.

“Esa batalla comenzó ya… El día de hoy (ayer), el instituto ya ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Electoral para restablecer el orden constitucional e impedir que una mayoría tiránica, autoritaria, desde el Congreso de la Unión, sin seguir los cauces institucionales previstos para ello, que son, precisamente el juicio político, haya cesado a quien es nuestro secretario ejecutivo”.

El consejero presidente recordó que previamente el organismo presentó ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra las leyes generales de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, parte de este plan B que fueron publicadas a inicios de año.

Para la batalla legal, Córdova destacó que se tienen armas como la razón, la justicia y la Constitución, pues este conjunto de reformas “dinamita el edificio democrático”, que ha dado el mayor periodo de estabilidad política al país.

En entrevista posterior al evento, el consejero resaltó que hoy citó a sesión al Consejo General para comenzar a aplicar los cambios que mandatan las nuevas legislaciones porque “en el INE la ley es la ley, aunque sea inconstitucional”.

Entre esos cambios, está la liquidación de los fideicomisos con que cuenta el instituto, cuyo saldo ronda los mil millones de pesos.

Aclaro que ese monto no es “cercano a lo que se va a necesitar en caso de que lamentablemente el plan B prospere y sea norma firme hacia el futuro para poder cubrir las liquidaciones del personal cuyas plazas desaparecen y, por lo tanto, tendrán que liquidarse”.

Esas liquidaciones oscilan entre los 2 mil 500 y 3 mil 500 millones de pesos.

Sobre las declaraciones del presidente López Obrador respecto de que en el INE son unos “cinicazos” por los sueldos que tienen optó por no pronunciarse.

“No tengo nada qué decirle al Presidente, el Presidente es el titular de un poder y cuando exista una interlocución se hará por los cauces jurídicos, no de manera pública”.

“Si se insiste desde la tribuna presencial en denostar al Instituto Nacional Electoral, pues es un asunto de ese poder”.

Sin embargo, acotó que en el INE lo sueldos sí son transparentes, y a la fecha en el Poder Legislativo no ha transparentado la remuneración completa del titular del Ejecutivo, como ha ordenado la Corte.

Además, acotó que el no entrar en “dimes y diretes” con el Presidente, no implica que el INE no vaya a cumplir con sus obligaciones con el Estado, como el monitoreo de medios electrónicos, por ejemplo.

Ahora qué sigue con la reforma electoral

Casi todo el plan B electoral entra en vigor hoy, pues el artículo primero transitorio establece que es vigente al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo, el efecto inmediato fue la destitución del secretario ejecutivo del INE.

El 1 de mayo, el Consejo General deberá emitir los lineamientos para la compactación de la estructura orgánica.

Los integrantes del Consejo General tendrán hasta el último día de mayo para hacer la restructura de las juntas distritales, y determinar quién queda como vocal operativo; es decir, quien absorbe el trabajo que cuatro personas realizaban, pues se da de baja a 85% del personal.

De acuerdo con el transitorio decimoprimero, el INE debe garantizar que las bajas del personal de las juntas distritales sean con “respeto a los derechos laborales, bajo cualquier régimen laboral”.

También durante mayo, el Consejo General deberá nombrar ahora al secretario técnico, en sustitución del ejecutivo.

Adicionalmente, en la sesión ordinaria de mayo, el Consejo General tendrá que elegir un nuevo secretario ejecutivo, quien durará en el encargo de 2023 a 2029.

En mayo también deberá quedar el nuevo reglamento del funcionamiento del Consejo General y comisiones.

Además, ese mes se deberán emitir los nombramientos de las direcciones ejecutivas.

El 1 de agosto, la Dirección Ejecutiva de Administración tendrá que hacer la reasignación presupuestal de mobiliario, vehículos y máquinas.

El plan B ordena a los Congresos locales modificar, 90 días antes de que inicie el año electoral, sus legislaciones.

El año electoral comenzaría la tercera semana de noviembre.

Con información de El Financiero