La violencia del crimen organizado y la inseguridad en el país se encuentran fuera de control, mientras que el nuevo cuerpo de la Guardia Nacional actúa sin coordinación, sin estrategia, con onerosos recursos y en la opacidad, concluye un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, AC.

El estudio, entregado a la Cámara de Diputados, advierte incluso que “la opacidad del gasto de las Fuerzas Armadas impide determinar la eficiencia y eficacia del gasto público, sin poder determinar si la Guardia cumple o no con sus objetivos”.

“Al seguir pendiente la meta del número de cuarteles y elementos establecidos por la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (para 2021), no existe un diagnóstico sobre la efectividad de la Guardia en la seguridad pública”, señala.

Indica que, considerando el aumento de 50 mil millones de pesos anunciados por el jefe del Ejecutivo, “el presupuesto de la Guardia Nacional en 2021 es de 103 mil 935 millones de pesos, equivalente al 0.41 por ciento del PIB y 2.5 veces el presupuesto más alto destinado a la Policía Federal en 2015”.

Sin embargo, subraya, hay una falta de estrategia y de coordinación en el gasto en seguridad. Expone que “en el Presupuesto de Egresos 2021, más de la mitad del gasto de la Guardia Nacional se destina a servicios personales”.

Explica que desde la creación de la Guardia Nacional se consideró que su estado de fuerza estaría compuesto por miembros de la Policía Federal, así como por elementos de la Sedena y la Marina. A diciembre de 2020, la Guardia estaba compuesta por 24 mil 174 elementos de la Policía Federal, 59 mil 548 de Sedena y 16 mil 513 de la Marina.

“Sin embargo, en el Analítico de Plazas y Remuneraciones de la Secretaría de Seguridad Pública sólo pueden identificarse 41 mil 813 elementos relacionados con prestación de servicio en la Guardia, por lo que hay más de 58 mil efectivos de la Guardia que reciben sus pagos fuera de las plazas de la SSPC”, agrega.

Aclara que “lo anterior es posible, ya que, legalmente, los miembros de las Fuerzas Armadas deben estar funcionalmente separados de su institución armada de origen y adscritos a la Guardia Nacional, lo que permite que Sedena y Marina mantengan en su nómina a sus activos, mientras que estos forman parte de la Guardia Nacional”.

“Lo anterior restringe la transparencia y rendición de cuentas, pues al pertenecer a las Fuerzas Armadas, los servicios personales no pueden auditarse por la Auditoría Superior de la Federación, por lo que se desconoce la eficiencia en el uso de los recursos, además de que el presupuesto ejercido por la Guardia Nacional parece menor al que realmente se ejerce”, anota.

Destaca que “la Guardia Nacional ejerce más recursos de los que tiene presupuestados. Los aspectos legales de la integración de los miembros de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina en la Guardia Nacional, y el objeto del gasto de la Policía Militar y de la Policía Naval indican que esos recursos son utilizados para la operación de la Guardia Nacional”.

Anota también que “si la Guardia Nacional se integra a la Sedena se perdería la única institución civil con presencia a nivel nacional encargada de la seguridad pública. Las Fuerzas Armadas se encargarían de facto de la seguridad pública, mismas que han estado presentes desde el origen de la Guardia Nacional”.

Con información de El Financiero