Desde que fue extraditado a México tras haberse dado a la fuga, Emilio Lozoya Austin no ha pisado la cárcel en ningún momento. Pese a seguir legalmente procesado por los casos Odebrecht y Agronitrogenados y a que se le ha imputado su probable responsabilidad en cuatro delitos, no ha tenido que acudir a un reclusorio ni siquiera para firmar cada 15 días su libertad condicional.

Lo anterior gracias a las facilidades que autoridades federales y judiciales le han dado al exdirector de Pemex combinado con las medidas especiales que se han tomado por la pandemia sanitaria. Como resultado, Lozoya ha gozado de plena libertad de movimiento en el Valle de México, mientras que su firma la ha presentado a distancia o con modalidades alternas a la de la mayoría de los procesados.

Mientras tanto, el plazo original de seis meses que un juez dictó para definir su situación legal está a tres semanas de agotarse, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) logre aún construir un proceso penal u obtener una orden de aprehensión en contra de alguno de los exfuncionarios de mayor jerarquía que Lozoya denunció para intentar ser perdonado.

Autoridades federales con pleno conocimiento del caso confirmaron a Animal Político que Lozoya ha recibido un trato de testigo colaborador desde agosto (permitiéndole presentar denuncias y rendir declaraciones), aunque la confirmación de si se le otorga o no un criterio de oportunidad, que de por concluidos los procesos en su contra, aún no ocurre y el plazo sigue corriendo.

Desde septiembre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que preparaba una nueva denuncia penal en contra de Lozoya por una amplia red de lavado de dinero de Odebrecht que involucra a más de 50 empresas irregulares y fantasma en México. Pero hasta ahora dicha denuncia no se ha presentado.

En contra de Lozoya se giraron inicialmente dos órdenes de aprehensión por dos cargos de lavado de dinero, uno de asociación delictuosa y otro de cohecho. El exfuncionario nunca se entregó por lo que tuvo que ser perseguido internacionalmente hasta que, en febrero de 2020, la Interpol lo detuvo en España.

Meses después de ser capturado, Lozoya ofreció a las autoridades no combatir legalmente su extradición y aceptar ser trasladado en calidad de detenido en México, a cambio de entregar información para denunciar una gran red de corrupción en la que estaban implicados incluso expresidentes.

Pero esto no eximía al exfuncionario de ser presentado ante un juez del Reclusorio Norte al menos para una audiencia inicial, sin embargo, debido a problemas de salud que se le diagnosticaron al bajar del avión se decidió enviarlo al Hospital Ángeles del Pedregal en lugar de a ese centro penitenciario.

Desde la cama de su habitación en dicho hospital, Lozoya compareció por videoconferencia ante el juez el 28 y 29 de julio, para ser vinculado a proceso por ambos casos… y salir libre.

Las firmas virtuales

En las audiencias realizadas en el hospital, los fiscales de FGR expusieron ante el juez que Lozoya se había dado a la fuga. Argumentaron que tenía recursos económicos, propiedades en el extranjero y familiares que podrían ayudar a volver a escapar y esconderse, por lo que era necesario restringir sus movimientos.

Sin embargo, y para sorpresa del propio juez, la Fiscalía no pidió como medida cautelar que fuera encarcelado de manera preventiva, sino solo que se le colocara un brazalete electrónico y que se le recogiera su pasaporte. 

“Me parece que la motivación iba encaminada a una solicitud de prisión preventiva justificada”, dijo extrañado el juez Artemio Zúñiga Mendoza.

El juzgador añadió que no estaba en sus manos aplicar una medida cautelar más severa que la que la FGR pidió, pero sí le impuso a Lozoya un requisito extra: que cada 15 días se presentara a firmar una constancia en la que acredite que está localizable en Ciudad de México.

El firmar cada 15 días es una de las medidas cautelares más comunes para delitos no graves. Hasta principios de 2020 implicaba que el procesado se presentara ante el juzgado ubicado en algún reclusorio para firmar una hoja de control. Con Lozoya nada de eso ha ocurrido.

De inicio, al exdirector de Pemex se le autorizó que sus primeras firmas las presentara virtualmente y a distancia debido a una política adoptada para evitar aglomeraciones en las unidades de medidas cautelares.

Luego, debido a la publicación de un decreto que trasladó a las unidades de medidas cautelares a la Guardia Nacional, se estableció que la firma de todos los procesados sujetos a esta medida en el Valle de México se haría en un único lugar: el Museo de la Policía Federal ubicado en la calle Belem de las Flores, a unos pasos de Constituyentes.

No obstante, ninguna de las personas que rutinariamente acuden a firmar a dicho sitio –incluidos exfuncionarios vinculados a proceso de hechos de corrupción– refieren haber visto a Lozoya presentarse en ese sitio.

También se solicitó formalmente a la defensa de Lozoya conocer como estaba firmando su cliente. Pero desde diciembre no se ha proporcionado respuesta.

También se solicitó al Consejo de la Judicatura Federal un posicionamiento sobre este hecho. La respuesta es que el juez tenía constancia de que el exdirector de Pemex ha cumplido con su firma cada quince días como corresponde, aunque no quiso detallar a través de qué modalidad se está realizando

Sobre este tema, el abogado experto en temas penales Gabriel Regino explicó que existen disposiciones legales como la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal que habilitan la adopción de mecanismos alternos para ciertas personas que podrían estar en riesgo.

El perfil de Lozoya, añadió Regino, es el de un potencial testigo colaborador que está denunciando hechos graves de corrupción, lo que haría plausible –de ser el caso– que se le habilitaran mecanismos alternos para firmar, sin que ello represente una violación al proceso o algo ilegal.

Lo que viene: ¿perdón? y nueva denuncia

El 30 de julio de 2020 comenzó a correr el plazo de seis meses que los jueces federales del caso Odebrecht y Agronitrogenados dieron a la FGR para que culmine su investigación, y defina si acusa formalmente o no a Lozoya. Ese mismo plazo, que vence el 30 de enero, es el mismo con el que cuenta la defensa para obtener el criterio de oportunidad y que la Fiscalía se desista de su acusación.

Lo anterior significa, explica Regino, que en caso de que no se conceda de manera sustentada el criterio de oportunidad, la obligación de la Fiscalía es presentar la acusación por escrito y pedir al juez que convoque a la audiencia intermedia antes de que concluya el referido plazo.

No obstante, el penalista dijo que existe la opción de que el plazo referido se alargue hasta por un máximo de otros seis meses, ya sea por una petición fundada de la defensa o por situaciones extraordinarias como las restricciones que se han venido implementando por la pandemia sanitaria.

De forma paralela la UIF continúa integrando una denuncia que presentará ante la FGR por lo que considera es una amplia red de lavado de dinero con la participación de medio centenar de empresas fachada, que habrían permitido a Lozoya y otros funcionarios ocultar el dinero de sobornos provenientes de empresas como Odebrecht.

El anuncio de esta denuncia se hizo desde septiembre de 2020 aunque hasta ahora no se ha formalizado. Autoridades federales atribuyen dicha situación a que se trata de un caso complejo, en el que constantemente se han detectado nuevas conexiones, por lo que se está preparando un expediente robusto.

Mientras tanto, Lozoya –a través de sus abogados– ha continuado con una estrategia de presentación de amparos para impedir el aseguramiento de propiedades que, según la Fiscalía, fueron adquiridas con diversos sobornos.

Con información de Animal Político