Nacional
No podremos seguir buscando si eliminan fideicomiso de la CEAV: familias de desaparecidos
María de Jesús Soria Aguado, de 50 años, perdió todo cuando su hijo Iván Yan Carlos Ibarias desapareció en 2016. El 9 de septiembre de aquel año, hombres armados lo sacaron por la fuerza de su casa en Tejerías, Veracruz. Nunca han vuelto a saber de él. “Me convertí en desplazada. Los mismos ministeriales me dijeron que desocupase mi casa cuando puse la denuncia”, explica. En ese momento, Soria Aguado vivía de la tienda de abarrotes ubicada en su misma vivienda. De repente había perdido a su hijo, su casa y no tenía de dónde ganar dinero.
Explica que durante tres años se las arregló para sobrevivir hasta que fue reconocida como víctima de delito por la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV). Esto le permitió acceder a las ayudas dispuestas en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Se trata de un fideicomiso con un monto de 574 millones 511 mil 883,86 pesos y su objetivo es “brindar los recursos de ayuda y la reparación integral de las víctimas de delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas”.
En el caso de Soria Aguado esto significa poder recibir los 6 mil 600 pesos que paga de renta. Y, además, un extra como despensa. Con 50 años, quedó a cargo de una hija y varios nietos. Desde la desaparición de su hijo buena parte de su tiempo está dedicado a la búsqueda. Durante los últimos cuatro años se ha recorrido media República con una pala y muchas compañeras en su misma situación: Guerrero, Morelos, Veracruz, han sido estados que ha visitado con el único objetivo de encontrar a su hijo.
Soria Aguado es una de las familiares que se encuentran en plantón frente a la Cámara de Diputados. Protestan por el anuncio de la bancada mayoritaria de Morena de extinguir 109 fideicomisos y poner sus 68 mmdp en manos de la Tesorería de la Federación, es decir, de la secretaría de Hacienda. Entre los fondos hay destinados a cine, desastres naturales, deporte y ciencia. También, y eso es lo que importa a este grupo de descontentas, a la atención a víctimas.
Su caso no es el único. Entre sus compañeras se encuentran, por ejemplo, Yoltzi Martínez, quien busca a su hermana Yaltzi, desaparecida en Acapulco, Guerrero, en 2010. Aquí el apoyo va para su sobrina, de diez años, quien está a cargo de su abuela paterna después de que su papá fuese asesinado. O Patricia Aradi Castañeda Salazar, de Xicotepec de Juárez, Puebla, que desde 2016 busca a su hijo Aurelio Alfaro Solís. La familia pagó millón y medio de pesos como rescate, pero el joven, de 20 años, nunca regresó. Vendieron la casa para seguir con las búsquedas y ahora dependen de la ayuda de Ceav para pagar la renta. Por eso les preocupa qué ocurra ahora con el fideicomiso, porque es un apoyo que les sirve para sostenerse.
La iniciativa de Morena para la extinción de los fideicomisos fue justificada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como una forma de lucha contra la corrupción. Aseguró el mandatario que la centralización de los fondos evitará los intermediarios. Sin embargo, los colectivos temen que cuando el dinero esté bajo un único mando acabe por no destinarse al propósito para el que estaba pensado. En este caso, la atención a víctimas.
Según dijo Mario Delgado, jefe de la bancada de Morena, Hacienda se encargará de determinar cuáles de estos fondos seguirán manteniendo su propósito inicial y cuáles se disolverán y pasarán al presupuesto para reforzar el sector salud ante la pandemia de Covid19 y para comprar vacunas.
“Sobre el tema de fideicomisos que Hacienda va a determinar, de esos 68 mil millones, qué parte se reintegra para la atención de la salud y cuál parte se queda como apoyos que seguirán dándose de manera regular”, dijo Delgado en conferencia de prensa.
Esto a Soria Aguado le pone una soga al cuello. Si Hacienda decidiese que el dinero destinado a víctimas irá ahora para comprar vacunas ella ya no tendría cómo pagar su renta.
Qué ayudas otorga la CEAV y a quién
Según la Ley General de Víctimas, las personas afectadas por delitos o vulneraciones a los Derechos Humanos tienen dos formas de acceder a ayudas. Por un lado, pueden acudir directamente a la CEAV y pedir asistencia. En este caso, puede optar a recursos para alojamiento, traslado y alimentación. Quien se encarga de valorar a la víctima es una trabajadora social, que elabora un estudio socioeconómico y de las necesidades de la persona.
La otra vía de acceder a estos recursos es por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Ministerio Público o la sentencia de un juez. En este caso, una de estas instituciones mandata que se le incluya en el registro de víctimas y se realiza el estudio socioeconómico, que determina si se necesitan apoyos. La resolución pasa a un comité interdisciplinario en el que médicos, psicólogos y trabajadores sociales evalúan.
Además, en este ámbito la CEAV se hace cargo de las compensaciones ordenadas por un juez o la CNDH que la institución responsable del agravio alega no poder pagar. Por ejemplo: si una persona es víctima de un delito a manos de un policía, y si la corporación dice no tener presupuesto para compensaciones, es la CEAV la que se hace cargo y el dinero sale del fideicomiso que va a extinguirse.
Además de estas atribuciones, la CEAV también apoya a las víctimas en determinadas diligencias, como traslados o material para las búsquedas.
Con información de Animal Político
Nacional
Cifra de candidatos que piden protección del Gobierno se duplica
A menos de un mes de que sean las elecciones, 412 candidatos mexicanos a un cargo público han solicitado protección y seguridad para sus campañas, de los que 129 son aspirantes locales, informó este viernes la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, había expuesto el 23 de abril que la cifra de candidatos que cuentan con protección del Gobierno mexicano era de 360, en medio de unas campañas que han dejado decenas de asesinatos.
Una semana antes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó 250 candidatos con protección federal, que incluye escoltas de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.
“Desde la última vez que platicamos (con la prensa), la cantidad se ha duplicado a 412, y 129 son de carácter local”, dijo Taddei a medios al dar el banderazo para el traslado de 317 millones de boletas y otros materiales electorales a todo el territorio mexicano que se utilizarán en los comicios del 2 de junio.
¿Cuántos agentes cuidan a las y los candidatos de las elecciones 2024?
Recordó que el protocolo de atención a los candidatos solicitantes de protección se modificó hace un mes “y ya no tiene que pasar por los criterios de alto, mediano y bajo (riesgo) sino que inmediatamente se les otorga la seguridad” en cuanto lo solicitan.
Taddei no precisó la cantidad de agentes que cuidan a los candidatos, ya que, dijo, son decisiones de las fuerzas de seguridad.
La preocupación por la violencia contra los aspirantes tuvo un punto alto el 21 de abril, cuando un grupo de encapuchados interceptó a la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, en la carretera de Motozintla en Chiapas, estado de la frontera sur de México donde hay disputas de los cárteles.
La SSPC mantuvo la semana pasada en 15 la cifra de aspirantes asesinados en lo que va del proceso electoral, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre pasado y concluye con las elecciones del 2 de junio.
Pero organizaciones ciudadanas estiman una cifra mayor de víctimas, como la consultora Data Int, que ha contabilizado 106 asesinatos potencialmente vinculados a las elecciones, incluyendo 30 aspirantes.
Con información de EFE
Nacional
¿Cuándo será el juicio contra los responsables de la caída de la Línea 12 del Metro?
Este 3 de mayo se cumplen 3 años del colapso de la Línea 12 del Metro de la CDMX y aunque las autoridades capitalinas externaron que la mayoría de las familias de las víctimas ya recibieron reparaciones de daños, aún así no se ha hecho ningún juicio contra los exfuncionarios que han sido señalados.
El 3 de mayo de 2021 poco después de las 22:00 horas, un tren de la Línea 12 del Metro se desplomó entre las estaciones de Tezonco y Olivos, causando la muerte de 26 personas y otras 90 resultaron heridas.
Por este suceso, 10 exfuncionario del llamado “Proyecto Metro” fueron vinculados a proceso, entre los que destaca es Enrique Horcasitas, el exdirector del Proyecto Metro, pero hasta la fecha ninguno de esos funcionarios han sido llevado a juicio.
El abogado Gabriel Regino, quien defiende a los exfuncionarios, declaró a El Universal que se han presentado recursos y amparos para litigar medidas y retrasos audiencias, esto luego de que un juez determinara que los exfuncionarios podrían seguir su proceso en libertad.
A su vez, el abogado defensor señala que aunque los funcionarios son considerados como investigados, no están imputados o señalados en un grado de responsabilidad.
El abogado detalló también que por cuestiones jurídicas, es posible que las víctimas y acusados de la caída del tren de la Línea 12 no alcancen la justicia esperada.
El defensor indicó que se han acudido al recurso denominado “revisión” por esta razón:
“Mientras esto no se resuelva, no habrá juicio y para que esta etapa se pueda resolver faltan entre dos y tres años”.
“Si en dos o tres años las autoridades dicen que deben de enfrentar un juicio, lo enfrentaremos. Si nuestros representados resultan señalados como culpables, nos iremos a la apelación, si perdemos la apelación, nos iremos al amparo directo y si al final del día perdemos todas las instancias, se carecen de recursos por parte de mis representados para hacer un sólo pago y cuando termine este caso, que pueden ser cinco o seis años o incluso más, las víctimas que nunca hicieron un acuerdo reparatorio concreto se quedarán sin ningún tipo de justicia, sin ningún tipo de reparación“, agregó y también aseguró que posiblemente la siguiente audiencia se haga en los tres siguientes años.
“No habrá justicia para todas las víctimas y tampoco habrá justicia para las personas que fueron acusadas como responsables de esta tragedia. ¿Por qué razón? Porque la tragedia se derivó de una falta de mantenimiento por parte de las autoridades de la Ciudad de México“, concluyó.
Hasta el momento, tanto agentes como peritos de la Fiscalía de la CDMX han indicado que ya todo queda en tribunales.
Por su parte el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, declaró que a través del gobierno capitalino se ha dado atención médica y psicológica gratuita a víctimas lesionadas, por lo que se han suscrito 118 acuerdos reparatorios, pues el 92% de las víctimas y familiares optaron por el proceso de justicia restaurativa.
“El gobierno de la Ciudad de México mantiene el seguimiento a los casos que aún lo requiera”, comentó el jefe de gobierno capitalino, pero de acuerdo con el abogado Teófilo Benítez, 14 víctimas faltan por ser atendidas, ya que el gobierno de la CDMX no ofertó una cantidad que fuera acorde a los daños que padecen.
Nacional
Se cumplen tres años del colapso de la L12 del Metro
Este viernes se cumplen tres años del colapso en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro capitalino, tragedia en la que murieron 26 personas.
A manera de homenaje, pero también de protesta, en la estación Mixcoac se colocaron un ataúd con un espejo dentro; coronas fúnebres y veladoras.
Se espera que como cada años, se lleve a cabo una misa en recuerdo de las víctimas.
El 3 de mayo de 2021 un puente elevado de la Línea 12, en la alcaldía Tláhuac, se derrumbó, lo que provocó que un vagón cayera sobre una vialidad entre las estaciones de Olivos y Tezonco -en Tláhuac, suroriente de la ciudad- quedando encallado en forma de “V”, accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.
En el segundo aniversario de la tragedia la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) informó que se habían firmado 117 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas con empresas constructoras.
A día de hoy suman 118 acuerdos, según el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, quien pidió no lucrar con la tragedia, en medio de la época electoral.
En cuanto a las imputaciones contra personas físicas, la FGJ informó la apertura de juicios contra seis ex servidores públicos, un corresponsable de seguridad estructural, un director responsable de obra y dos particulares, para un total de 10 personas.
Sin embargo, uno de los presuntos implicados -el ex director responsable de Obra de la L12, Leonardo Alcázar-, murió y hasta el momento ninguna persona ha sido detenida.
A tres años del colapso tan solo 14 víctimas continúan el litigio en búsqueda de justicia.
El 15 de enero de 2023, después de 20 meses, la Línea 12 del Metro de Ciudad de México reabrió, de forma parcial.
Un año más tarde, el 30 de enero de 2024, la llamada ‘Línea Dorada’ reabrió en su totalidad.
La reapertura de la Línea 12, que tiene vicios de origen, ocurrió en medio de una nueva polémica sobre la inseguridad y falta de mantenimiento del Metro capitalino.
Con información de López-Dóriga y EFE
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