Los nicaragüenses salían a votar el domingo en unas elecciones generales ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional y que, muy probablemente, terminen con un triunfo del actual presidente, Daniel Ortega, quien extendería su mandato, al menos, hasta enero de 2027.

Luego de apresar a una treintena de opositores, incluyendo siete aspirantes a la Presidencia, Ortega allanó el camino para lograr un cuarto mandato consecutivo y alargar su racha como el gobernante vivo con más tiempo en el cargo en América.

Cinco candidatos compiten contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Sin embargo, analistas y opositores consideran que se han prestado a lo que denominaron una “farsa” electoral. Lo mismo ocurre con el Congreso -controlado por el oficialismo- que también se renovará.

La jornada electoral, para la que están inscritos casi 4.5 millones de nicaragüenses, arrancó a las 7.00 hora local (1300 GMT) y finalizará a las 18.00 hora local (0000 GMT del lunes). Testigos de Reuters presenciaron filas de ciudadanos para sufragar.

Sin embargo, grupos opositores, que han llamado a la abstención, compartían en redes sociales imágenes de calles y centros de votación desiertos.

“Daniel Ortega reclamará un cuarto mandato presidencial consecutivo el domingo bajo elecciones ampliamente desacreditadas. Su victoria solo habrá sido posible al encerrar a sus competidores”, opinó Jason Marczak, del Atlantic Council, una ONG con sede en Washington.

“Más inestabilidad y represión provocarán una nueva ola de migración, tanto al sur como al norte de la frontera con Estados Unidos. La pregunta no es qué sucede el 7 de noviembre, sino con qué fuerza responden Estados Unidos y otras democracias el 8 de noviembre”, agregó.

En la semana, el gobierno del presidente Joe Biden dijo estar dispuesto a imponer más sanciones contra la administración de Ortega y Murillo. Además, Washington ha iniciado una revisión de la participación de Nicaragua en un acuerdo de libre comercio con Centroamérica (DR-CAFTA).

Ortega, quien ha justificado la ola de arrestos asegurando que los aprehendidos buscan “derribarlo”, dijo en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no redundarían en un cambio de Gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela, donde occidente ha impuesto castigos.

En las últimas horas, los dos grupos opositores más grandes -la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco- denunciaron “hostigamiento, vigilancia, amenazas” y detenciones de algunos de sus dirigentes regionales.

“En pleno día de la farsa electoral en Nicaragua, desde la Unidad Nacional demandamos la liberación de todas las personas secuestradas, incluyendo a tres de nuestros integrantes que ayer (sábado) fueron detenidos arbitrariamente por la policía”, escribió el grupo en su cuenta de Twitter.

¿GOBERNABILIDAD?

Las protestas antigubernamentales de abril de 2018 y la posterior pandemia del coronavirus golpearon la economía de Nicaragua, presionando, también, la migración hacia Costa Rica y el norte.

Entre 2018 y 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) real del país más grande de Centroamérica retrocedió un acumulado del 8.8%. Entre 2000 y 2017, el PIB había promediado un alza del 3.9% aupado por las remesas y la inversión extranjera directa.

Desde las últimas presidenciales, en 2016, Ortega abolió los límites del mandato presidencial, expandió el imperio empresarial de su familia y acumuló presión sobre la prensa independiente. En los últimos meses ha encarcelado a candidatos opositores, activistas, periodistas y líderes empresariales, mientras que ha obligado a exiliarse a otros críticos.

Murillo, de 70 años, es la primera en la línea de sucesión para terminar el mandato de Ortega si es que el comandante, de 75 años, no logra concretarlo. En años recientes, diversos rumores han circulado entre opositores y diplomáticos de que el mandatario sufre una enfermedad crónica.

Desde que asumió como vicepresidenta en 2017, Murillo ha ido acaparando más poder y hoy es la vocera exclusiva del Gobierno.

“Después del 7 de noviembre (…) el objetivo (de la pareja presidencial) se volverá más relacionado con asegurar cierto tipo de gobernabilidad del mandato por los próximos años”, sostuvo Tiziano Breda, analista del International Crisis Group.

Breda cree que el tándem negociará con sectores empresariales para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad. Ya en 2009, Ortega acordó un ambiente de convivencia con los principales gremios empresariales del país.

Con información de Reuters