Connect with us

Nacional

Reuniones sin celular y correos cifrados: el espionaje del Ejército obliga a que organizaciones y activistas cambien su comunicación

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan en México han modificado sus hábitos de comunicación personal y de grupo para hacer frente al espionaje del Ejército y así continuar con la defensa de los derechos humanos u otros propósitos.

Una vez confirmado el espionaje que realizan los militares sobre activistas, diplomáticos, periodistas y colectivos —evidenciado en varios de los miles de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hackeados por el grupo “Guacamaya”—, los integrantes de diversas ONG han adoptado nuevas formas de interactuar entre ellos y con sus fuentes de información.

Reuniones en lugares privados y con celulares apagados, compartir información física, evitar comentar datos confidenciales en llamadas telefónicas, usar aplicaciones gratuitas para encriptar datos, eludir links y páginas de dudoso origen y hasta abandonar el activismo, son algunas de las medidas que los activistas toman ante el espionaje.

También recurren a los expertos en tecnología para asegurarse de que sus dispositivos estén libres de intervención.

De hecho, desde octubre pasado, cuando salieron a la luz los correos de la Sedena, Social TIC, una organización que busca prevenir riesgos de ataques digitales, recibe un promedio semanal de 10 activistas, periodistas o personajes públicos interesados en saber si son vigilados a través de sus celulares o computadoras.

Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC, dice que este número es mayor a las cinco asesorías semanales que atendía después de que se descubrió que el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto utilizó el programa Pegasus para espiar a periodistas y opositores.

El experto en tecnologías de la información explicó que no solo el Ejército espía, también lo hacen funcionarios de cualquier nivel de gobierno con capacidad económica.

“En México sigue habiendo un contexto de ilegalidad, estas intervenciones no se han hecho con la autoridad judicial y da pie a sospechar sobre otros gobiernos estatales, municipales que tengan la capacidad adquisitiva y que puedan llegar a estar comprando este tipo de tecnologías (para espiar)”, advirtió.

Casanueva ha encontrado tres niveles de ataques a dispositivos: de bajo, medio y alto grado.

De bajo grado, explicó, es el intento de acceder mediante phishing o páginas falsas a cuentas de correo electrónico, redes sociales y WhatsApp; de medio grado, es a través de virus que toman control de las aplicaciones del dispositivo intervenido.

Los ataques de alto grado, que dice son los más utilizados por los militares, son aquellos que sin ningún clic un programa malicioso revisa las vulnerabilidades de los sistemas operativos tomando control de cámaras, audio y texto.

Por ejemplo, el software Pegasus se instala con un simple mensaje de texto, con lo que el espía tiene acceso al micrófono y la cámara del dispositivo atacado.

El grupo de hackers “Guacamaya” evidenció el grado de espionaje que existe en México. Un oficio de la Sedena, fechado en agosto de 2020 y clasificado como confidencial con número 2001-6861, exhibe que la subjefatura de Inteligencia Militar reportó la comunicación en Tamaulipas entre tres periodistas y un activista investigado por presuntos vínculos con el Cártel del Noroeste.

En el escrito se detallan la fecha, hora, transcripción de las pláticas y su sentido, así como la forma en que se compartió información para tratar un caso de homicidio.

El reporte se entregó a la Policía Ministerial Militar con la recomendación de integrarse como elemento de juicio para investigarse sin ser parte de alguna carpeta de investigación.

Otro caso de intervención en comunicaciones es el de la presidenta de la organización civil Causa en Común, María Elena Morera. El colectivo Red en Defensa de los Derechos Digitales detectó que la activista es víctima de espionaje.

La Red considera “por la información que sacaron de mi celular, que sí estoy en el grupo de organizaciones o de personas que el gobierno vigila; por otro lado, hay algunos documentos que han sacado en esto del colectivo Guacamaya, donde indican cómo me vinculan a otros grupos sociales y cómo consideran que somos peligrosos”.

La activista, que ha publicado investigaciones y denunciado irregularidades sobre las políticas de seguridad del gobierno mexicano, dijo que en ocasiones se abstiene de ser explícita al hablar por cualquier dispositivo.

“Pero, pues al final del día, lo que quieran saber lo van a buscar en mi teléfono o donde decidan buscarlo, porque este gobierno no se detiene, si no encuentra cosas, te las inventa”, dijo.

Marco Fernández, investigador de la organización México Evalúa, coincide en que a pesar de que periodistas y activistas toman precauciones, no es posible evitar el espionaje, ya sea de gobiernos locales, estatales o del Ejército.

“Esto constituye un delito que ya se estaría investigando para deslindar la responsabilidad penal de quien lo ha estado haciendo, además de las responsabilidades administrativas por el mal uso de los recursos públicos para comprar equipo, que no se justifica utilizar en contra de los críticos del gobierno, ni siquiera bajo las argucias de decir que es seguridad nacional”, dijo.

“No callar, eso me parece fundamental, porque justo lo que se busca, a través de estas acciones intimidatorias, es el silencio, la autocensura y en un gobierno democrático o un país que aspira a ser una democracia saludable, eso no debe de tener lugar”, apuntó.

Morera, Fernández y Casanueva coinciden en que aun sabiéndose espiados, no bajarán la guardia, aunque con sus debidas precauciones. Los tres consideran importante a las organizaciones civiles que trabajan en mejoras para el sistema de gobierno, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos humanos.

Con información de Latinus

Nacional

Cifra de candidatos que piden protección del Gobierno se duplica

A menos de un mes de que sean las elecciones, 412 candidatos mexicanos a un cargo público han solicitado protección y seguridad para sus campañas, de los que 129 son aspirantes locales, informó este viernes la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, había expuesto el 23 de abril que la cifra de candidatos que cuentan con protección del Gobierno mexicano era de 360, en medio de unas campañas que han dejado decenas de asesinatos.

Una semana antes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó 250 candidatos con protección federal, que incluye escoltas de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano.

“Desde la última vez que platicamos (con la prensa), la cantidad se ha duplicado a 412, y 129 son de carácter local”, dijo Taddei a medios al dar el banderazo para el traslado de 317 millones de boletas y otros materiales electorales a todo el territorio mexicano que se utilizarán en los comicios del 2 de junio.

¿Cuántos agentes cuidan a las y los candidatos de las elecciones 2024?

Recordó que el protocolo de atención a los candidatos solicitantes de protección se modificó hace un mes “y ya no tiene que pasar por los criterios de alto, mediano y bajo (riesgo) sino que inmediatamente se les otorga la seguridad” en cuanto lo solicitan.

Taddei no precisó la cantidad de agentes que cuidan a los candidatos, ya que, dijo, son decisiones de las fuerzas de seguridad.

La preocupación por la violencia contra los aspirantes tuvo un punto alto el 21 de abril, cuando un grupo de encapuchados interceptó a la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, en la carretera de Motozintla en Chiapas, estado de la frontera sur de México donde hay disputas de los cárteles.

La SSPC mantuvo la semana pasada en 15 la cifra de aspirantes asesinados en lo que va del proceso electoral, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre pasado y concluye con las elecciones del 2 de junio.

Pero organizaciones ciudadanas estiman una cifra mayor de víctimas, como la consultora Data Int, que ha contabilizado 106 asesinatos potencialmente vinculados a las elecciones, incluyendo 30 aspirantes.

Con información de EFE

Continue Reading

Nacional

¿Cuándo será el juicio contra los responsables de la caída de la Línea 12 del Metro?

Este 3 de mayo se cumplen 3 años del colapso de la Línea 12 del Metro de la CDMX y aunque las autoridades capitalinas externaron que la mayoría de las familias de las víctimas ya recibieron reparaciones de daños, aún así no se ha hecho ningún juicio contra los exfuncionarios que han sido señalados.

El 3 de mayo de 2021 poco después de las 22:00 horas, un tren de la Línea 12 del Metro se desplomó entre las estaciones de Tezonco y Olivos, causando la muerte de 26 personas y otras 90 resultaron heridas.

Por este suceso, 10 exfuncionario del llamado “Proyecto Metro” fueron vinculados a proceso, entre los que destaca es Enrique Horcasitas, el exdirector del Proyecto Metro, pero hasta la fecha ninguno de esos funcionarios han sido llevado a juicio.

El abogado Gabriel Regino, quien defiende a los exfuncionarios, declaró a El Universal que se han presentado recursos y amparos para litigar medidas y retrasos audiencias, esto luego de que un juez determinara que los exfuncionarios podrían seguir su proceso en libertad.

A su vez, el abogado defensor señala que aunque los funcionarios son considerados como investigados, no están imputados o señalados en un grado de responsabilidad.

El abogado detalló también que por cuestiones jurídicas, es posible que las víctimas y acusados de la caída del tren de la Línea 12 no alcancen la justicia esperada.

El defensor indicó que se han acudido al recurso denominado “revisión” por esta razón:

“Mientras esto no se resuelva, no habrá juicio y para que esta etapa se pueda resolver faltan entre dos y tres años”.

“Si en dos o tres años las autoridades dicen que deben de enfrentar un juicio, lo enfrentaremos. Si nuestros representados resultan señalados como culpables, nos iremos a la apelación, si perdemos la apelación, nos iremos al amparo directo y si al final del día perdemos todas las instancias, se carecen de recursos por parte de mis representados para hacer un sólo pago y cuando termine este caso, que pueden ser cinco o seis años o incluso más, las víctimas que nunca hicieron un acuerdo reparatorio concreto se quedarán sin ningún tipo de justicia, sin ningún tipo de reparación“, agregó y también aseguró que posiblemente la siguiente audiencia se haga en los tres siguientes años.

“No habrá justicia para todas las víctimas y tampoco habrá justicia para las personas que fueron acusadas como responsables de esta tragedia. ¿Por qué razón? Porque la tragedia se derivó de una falta de mantenimiento por parte de las autoridades de la Ciudad de México“, concluyó.

Hasta el momento, tanto agentes como peritos de la Fiscalía de la CDMX han indicado que ya todo queda en tribunales.

Por su parte el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, declaró que a través del gobierno capitalino se ha dado atención médica y psicológica gratuita a víctimas lesionadas, por lo que se han suscrito 118 acuerdos reparatorios, pues el 92% de las víctimas y familiares optaron por el proceso de justicia restaurativa.

“El gobierno de la Ciudad de México mantiene el seguimiento a los casos que aún lo requiera”, comentó el jefe de gobierno capitalino, pero de acuerdo con el abogado Teófilo Benítez, 14 víctimas faltan por ser atendidas, ya que el gobierno de la CDMX no ofertó una cantidad que fuera acorde a los daños que padecen.

Continue Reading

Nacional

Se cumplen tres años del colapso de la L12 del Metro

Este viernes se cumplen tres años del colapso en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro capitalino, tragedia en la que murieron 26 personas.

A manera de homenaje, pero también de protesta, en la estación Mixcoac se colocaron un ataúd con un espejo dentro; coronas fúnebres y veladoras.

Se espera que como cada años, se lleve a cabo una misa en recuerdo de las víctimas.

El 3 de mayo de 2021 un puente elevado de la Línea 12, en la alcaldía Tláhuac, se derrumbó, lo que provocó que un vagón cayera sobre una vialidad entre las estaciones de Olivos y Tezonco -en Tláhuac, suroriente de la ciudad- quedando encallado en forma de “V”, accidente que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

En el segundo aniversario de la tragedia la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) informó que se habían firmado 117 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas con empresas constructoras.

A día de hoy suman 118 acuerdos, según el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, quien pidió no lucrar con la tragedia, en medio de la época electoral.

En cuanto a las imputaciones contra personas físicas, la FGJ informó la apertura de juicios contra seis ex servidores públicos, un corresponsable de seguridad estructural, un director responsable de obra y dos particulares, para un total de 10 personas.

Sin embargo, uno de los presuntos implicados -el ex director responsable de Obra de la L12, Leonardo Alcázar-, murió y hasta el momento ninguna persona ha sido detenida.

A tres años del colapso tan solo 14 víctimas continúan el litigio en búsqueda de justicia.

El 15 de enero de 2023, después de 20 meses, la Línea 12 del Metro de Ciudad de México reabrió, de forma parcial.

Un año más tarde, el 30 de enero de 2024, la llamada ‘Línea Dorada’ reabrió en su totalidad.

La reapertura de la Línea 12, que tiene vicios de origen, ocurrió en medio de una nueva polémica sobre la inseguridad y falta de mantenimiento del Metro capitalino.

Con información de López-Dóriga y EFE

Continue Reading