La Dirección de Derechos Humanos anunció la realización de su primer campamento infantil, titulado “Derechos al Verano”, dirigido a niñas y niños que vivan cerca de la colonia Felipe Ángeles y que se llevará a cabo a partir del 18 de junio, informó Santiago González Reyes, titular de la dependencia.

El objetivo principal del campamento, explicó González Reyes, es ofrecer a los niños y niñas en vacaciones un espacio repleto de actividades recreativas diseñadas para enseñarles sobre sus derechos.

“Vamos a tener actividades lúdicas, educativas, didácticas, exhibición de películas, concursos, talleres y diversas herramientas con las cuales estaremos enseñando temas de derechos humanos”, señaló González.

El campamento se llevará a cabo en el albergue para personas en situación de movilidad Felipe Ángeles, el cual se ubica en el cruce de las calles Arroyo del Mimbre y Tabaco, de la colonia antes mencionada.

Explicó que el campamento está dirigido a infantes de entre 7 y 12 años de edad. La inscripción es gratuita y el campamento tendrá una duración aproximada de dos semanas, durante las cuales se proporcionará un refrigerio diario a los participantes.

El defensor de derechos humanos explicó que el albergue Felipe Ángeles ha sido seleccionado como la sede del campamento debido a que actualmente solo está ocupado por una familia de personas migrantes, lo que permite utilizar el espacio para esta iniciativa.

Para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de las actividades, se ha establecido un reglamento que incluye una plática inicial con los padres de familia, en la cual deberán firmar una carta compromiso en la que se comprometen a cuidar, ser puntuales y asegurar la finalización del campamento por parte de sus hijos.

González Reyes dijo que esta iniciativa busca ofrecer un verano educativo y divertido, fomentando el conocimiento y la conciencia sobre los derechos humanos desde una edad temprana.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 656-737-0000 Ext. 70458.

La semana pasada, Isela Molina Alcay, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Juárez, reportó que al menos tres empresas maquiladoras sufrieron apagones.

Pérdidas económicas y seguridad laboral en riesgo

Una de las fábricas incluso estuvo sin electricidad hasta por 24 horas, causando pérdidas significativas en las líneas de producción y planteando preocupaciones de seguridad para los trabajadores en áreas no climatizadas.

Causas y soluciones

Molina atribuyó estos apagones a la ruptura de transformadores debido a las altas temperaturas. Para abordar estos problemas recurrentes, Canacintra planea reunirse con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Adrián Carrillo, para discutir soluciones preventivas y medidas correctivas.

Acciones preventivas con la CFE y el Municipio

Canacintra también está colaborando con el Municipio en un plan de semaforización para reducir accidentes de tránsito que afectan la infraestructura eléctrica y, por ende, el suministro a las maquiladoras.

Impacto económico y urgencia en la solución

Molina destacó que estos apagones no solo paralizan las operaciones, sino que también representan pérdidas económicas significativas para las empresas afectadas. La reunión con la CFE busca encontrar soluciones efectivas para asegurar un suministro eléctrico estable y seguro para las industrias en Juárez.

Activistas en el norte de México criticaron este sábado la colocación de un centro de detención para migrantes, que el Instituto Nacional de Migración (INM) construye con carpas en el kilómetro 72 de la carretera federal 45, en medio del desierto de Chihuahua, donde las temperaturas superan los 40 grados.

Señalaron que al no tener las condiciones adecuadas y al estar alejado de la ciudad, el INM del gobierno mexicano se arriesga a provocar una nueva tragedia como la que ocurrió en pleno centro de la fronteriza Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes a causa de un incendio del que no pudieron escapar por estar encerrados.

El albergue que construyen las autoridades migratorias está a 72 kilómetros de Ciudad Juárez, y consta de una carpa gigantesca y baños de plástico en unas instalaciones que fueron usadas como aduana antes, pero están abandonadas y vandalizaras desde hace más de 10 años.

Ernesto Alexander Vasconcelos, abogado especializado en migración, dijo que el INM “juega con fuego” al poner esta instalación en medio del hostil desierto de Chihuahua.

“Creo que lo que el INM se vuelve a equivocar en improvisar sobre unas instalaciones en ruinas que no fueron hechas para esta intención y que en esta improvisación existe el riesgo muy grande de que vuelva a ocurrir un desastre humano”, sostuvo.

Agregó que es muy sospechoso que de manera clandestina, sin comunicación alguna ni estudio previo, traten de hacer este retén migratorio y señaló que no se le debe dar el nombre de estación ni albergue, sino de cárcel migratoria porque ahí tienen personas detenidas.

“Está alejada de la ciudad, del escrutinio público y el Estado debería tener la transparencia completa, donde todos nosotros como ciudadanos podamos ver el trato que se le va a dar a estos seres humanos. Sabemos que van a estar hombres, niños, mujeres, personas de la tercera edad, alejados de servicios como agua, luz, clima y acceso a asesorías legales”, advirtió.

Vasconcelos alertó que los migrantes que estén en este punto de revisión estarán vulnerables al clima extremo, a la delincuencia, a la corrupción, a los cárteles y a que no se les pueda apoyar en caso de una emergencia.

“Es negarles los servicios legales y consulares, el traslado que tendría que suceder para poder representar a estas personas (es mayor). El Estado, por improvisación, otra vez vuelve a violentar los derechos de los migrantes”, señaló.

El abogado insistió en que la lejanía del lugar de Ciudad Juárez expone en gran medida a los migrantes.

“Los 40 migrantes murieron porque no tenían 500 dólares para pagar su salida, ese era el acto de corrupción que había en el INM. Eso ocurría estando aquí en medio de la ciudad (Juárez), ahora imagínese allá a lo lejos”, apuntó.

El sacerdote Juan Carlos López, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, dijo que llevar a estos migrantes a un lugar tan alejado, sin servicios, es un desacierto por parte del gobierno mexicano.

“El gobierno; por un lado, tiene que hacer coincidir dos cosas: el trato digno a los migrantes, pero también ofrecer lo que las posibilidades del presupuesto permitan. Aquí es un llamado a que las autoridades tomen mejores decisiones en materia de migración”, dijo.

El presbítero explicó que son seres humanos, personas que requieren cuidados mínimos para vivir decentemente, aunque sea el periodo temporal en que están en la frontera.

López aseguró que si el Estado los tiene en su poder, debe hacer todo para proteger sus vidas y evitar accidentes como el fatal incendio de marzo del 2023.

“El edificio no era un albergue, era una estancia de detención que tenía un máximo de capacidad y se excedió. Se debió haber aprendido de aquello, cualquier lugar que se esté preparando debe tener las condiciones de albergue y debe guardar las condiciones necesarias para evitar todo tipo de riesgo”, concluyó.

Con información de EFE