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Tras el rastro de EPN: tres grandes escándalos de corrupción que apuntan al ex presidente

En su poco más de año al frente del país, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) ha rodeado al expresidente Enrique Peña Nieto por su supesta participación en actos de corrupción, el más reciente es el caso de Emilio Lozoya,ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) quien fue extraditado a México desde España y quien filtró al menos 15 horas de videos donde muestra a diputados y senadores recibiendo millonarios sobonos a cambio de su aprobación de la Reforma Energética.

Investigaciones periodísticas de la ta talla de The Wall Street Journal señalan que el actual gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se encuentra investigando a Enrique Peña Nieto en cuestiones que tienen que ver principalmente con las empresas y los inmuebles del ex mandatario.

Con la llegada del ex director de PEMEX, ocurrida durante la madrugada del viernes, este “colaboraría” con las autoridades mexicanas sobre los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto EPN, poniendo a temblar a gran parte de la élite política y empresarial mexicana.

El sexenio marcado por la corrupción y el despilfarro

Desde que dio inicio hasta su final, el ex mandatario Enrique Peña Nieto se vio envuelto en casos de corrupción, algunos señalándolo de manera directa en tanto otros nada más conociendo los casos de corrupción de sus colaboradores más cercanos y no tomar medidas para detenerlos, por lo que este sexenio es señalado como uno de los gobiernos más corruptos de la historia de México.

Quedaron atrás titulares de la prensa extranjera que rezaban “Saving Mexico” (Salvando a México) o “The Mexican Moment” (El Momento Mexicano), donde se alababan las reformas que había realizado el entonces presidente en materias energética y educativa.

Luego de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, la prensa mexicana y extranjera condenaba los hechos debido principalmente a la nula actuación del gobierno mexicano, causando así una indignación generalizada.

Durante el mes de noviembre de 2019, se dio a conocer la investigación periodística de la llamada “Casa Blanca”, una residencia ubicada en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec y valuada en 86 millones de pesos (al rededor de 7 millones de dólares), lo que desató un escándolo y causando que el gobierno priísta diera una explicación a través de la entonces primera dama, Angélica Rivera, quien declaró a través de un video que ella era la propietaria del imueble, el cual había adquirido con el dinero obtenido por sus años trabajando para la empresa Televisa.

Dicho video causó tal nivel de indignación, que incluso el mismo presidente tuvo que admitir que se equivocó al dejar que su esposa diera explicaciones.

Después, uno a uno comenzaron a salir más casos de corrupción, como el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien se le acusa de encabezar una red delictiva que desvió al menos 223 millones provenientes del erario público, sumándose también el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge y el ex mandatario de Chihuahua, César Duarte, a quienes Peña Nieto nombró la nueva cara del PRI.

Durante su gobierno también se fueron destaparon casos como la llamada “Estafa Maestra”, en la cual 11 dependencias utilizaron al menos 128 empresas fantasmas para desaparecer 7 mil 760 millones de pesos.

En este sexenio también se aprobaron las reformas Energética y Educativa, ambas de forma polémica y señaladas como un gran daño para el país.

También fueron señalados los casos de corrupción dentro de Petróleos Mexicanos (PEMEX), entonces encaezado por Emilio Lozoya, donde se dio a conocer el robo del combustible a través de sus redes de abastecimiento (huachicoleo), así como el enriquecimiento de su lider sindical, Carlos Romero Deschamp.

A su vez, durante todo ese sexenio, el entonces candidato (y ahora presidente) Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue financiada por dinero proveniente del lavado de dinero.

El 18 de junio, un diario de circulación nacional reveló que autoridades de Estados Unidos investigan al ex presidente Enrique Peña Nieto, por haber participado en la transacción de Fertinal. A pesar de que no debería haber tenido influencia en las compras de Pemex, ha trascendido que recibió sobornos por parte de Fabio Massimo Covarrubias Piffer, italiano con mayor número de acciones con Fertinal.

Dos meses después, en una entrevista otorgada al portal Aristegui Noticias en agosto de 2019, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto reveló que ya se indagaban las cuentas del ex presidente en el sistema financiero nacional e internacional, e incluso, dijo que antes de que terminara el 2019 tendrían completo el expediente.

A pesar de todas los señalamiento en su contra, el ex mandatario no cuenta con ninguna denuncia formal en su contra, quien meses después de terminar su sexenio se le vio por calles de España acompañado de una mujer, quien tiempo después se supo era su nueva novia, Tania Ruíz.

Tras la publicación de las fotografías de la nueva pareja, su entonces esposa, Angélica Rivera señaló que se estaban divorciando, por lo que señalamientos apuntan a que el ex mandatario se encuentra viviendo actualmente en España.

Emilio Lozoya

Emilio Ricardo Lozoya Austin, era uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto. Se desempeñó como director de Pemex de 2012 al 2016 y antes de terminar su gestión, fue acusado por los delitos de cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Durante su administración al frente de la ahora empresa productiva del Estado, ocurrieron varios casos de corrupción como el de Odebrecht, la compra de Agronitrogenados y Fertinal, así como el de La Estafa Maestra, en donde se desviaron 83 millones de pesos a través de empresas fachada.

De acuerdo con el gobierno federal, en diciembre de 2013, Lozoya Austin presuntamente recibió sobornos millonarios de manos del gigante de la construcción brasileña Odebrecht para que le fuera adjudicado el proceso de modernización de la refinería de Tula, Hidalgo. En total, cinco presuntos sobornos habrían sido transferidos entre 2013 y 2014, lo cual coincide con las fechas clave de la asignación de un contrato con Pemex por 1,436 millones de pesos en la refinería de Tula.

Pero oficialmente, el caso contra Lozoya se centra en la polémica compra que hizo Pemex de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA), por la que habría pagado por cerca de 500 millones de dólares cuando estaba valuada en unos 50 millones de dólares, una suma que, según los analistas, estaba drásticamente inflada y provocó pérdidas millonarias a la petrolera.

Después de que se dieron a conocer estos hechos, Emilio Lozoya escapó de México, pero ante el asedio judicial, lanzó serias acusaciones contra el ex presidente Peña Nieto.

El ex funcionario acusó a EPN, a su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como al ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, de avalar la compra de Agronitrogenados. pidiendo incluso al ex presidente que fuera citado como testigo.

Rosario Robles

Fue secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. A pesar de que surgió de la izquierda mexicana, Rosario Robles se convirtió en una de las personas más allegadas al entonces presidente priista y es el rostro más reconocible de la mayor trama de desvíos del erario en los últimos tiempos: La Estafa Maestra.

Una investigación destapó la complejidad de la red de corrupción de las dependencias gubernamentales que desviaron más de 7 mil 760 millones de pesos.

Este tipo de modus operandi no se ha visto nunca en ningún país, el cual indicaba que las dependencias contrataban a universidades públicas para realizar algún servicio para el que no estaban capacitadas o no tenían el personal adecuado, por lo que se veían obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco se veían capacitadas para dicho trabajo y así generar una cadena de subcontrataciones hasta llegar a una empresa que supiera realizar la tarea. Este gran graude se realizó entre 2013 y 2014.

De acuerdo a la investigación de La Estafa Maestra, 11 dependencias del gobierno federal desviaron los recursos. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo y Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya, son las tres principales responsables del fraude millonario.

La acusación principal cayó sobre Rosario Robles, quien el 12 de agosto de 2019 se presentó ante el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo (sobrino de la ahora morenista Dolores Padierna) y después de una audiencia que duró más de 12 horas, fue vinculada a proceso y recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, ubicado al oriente de la Ciudad de México, el 13 de agosto.

En la audiencia, Rosario Robles declaró que tanto el presidente Enrique Peña Nieto, como el ex secretario de Hacienda y ex candidato presidencial, José Antonio Meade, sabían de las orregularidades de Sedesol y Sedatu.

A pesar de que el delito del que se le acusa (uso indebido del servicio público), no amerita prisión preventiva, Rosario Robles continúa en prisión sin que se le haya dictado alguna sentencia.

Juan Collado

Por años, Juan Collado fue el abogado de los funcionarios y políticos más poderosos del país y entre sus clientes se encontraban los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, así como el ex lider sindical, Carlos Romero Deschamp.

Cuando se encontraba cenando con Romero Deschamp, Collado fue arrestado el 9 de julio de 2019, acusado de lavado de dinero asociación delictuosa y fraude a través de Libertad Servicios Financieros, ubicada en Querétaro.

En su declaración en junio pasado, Bustamante señaló a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, de ser los verdaderos de Caja Libertad. Incluso, reveló que que camionetas de valores llegaban a las instalaciones de la empresa con dinero en efectivo, enviados por Peña Nieto.

De acuerdo con la diligencia, basada en la declaración de Collado, desde el 2006 Caja Libertad financiaba campañas para presidentes municipales, senadores y gobernadores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en las entidades de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes.

Tras su detención, Juan Collado fue enviado al Reclusorio Norte, ubicado en la Ciudad de México, una de las más peligrosas de la capital mexicana.

A un año de su captura, Juan Collado no ha recibido ninguna sentencia.

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Apagones de la semana pasada afectaron a 2.66 millones de usuarios

Los apagones en México de la semana pasada afectaron a más de 2.66 millones de usuarios, cerca del 5 por ciento del total de alrededor de 49 millones, aseveró este jueves Mauricio Cuéllar, director de Planeación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“Es decir, que del 95 por ciento al 97 % del tiempo tuvimos disponibilidad total del Sistema Eléctrico Nacional. Ahora bien, si lo ponemos en el contexto anual, llevamos al día de hoy 135 días calendario, de los cuales, en total, se han interrumpido como máximo seis horas el servicio eléctrico”, argumentó el funcionario.

Cuéllar indicó en la conferencia matutina del Gobierno que se interrumpió de manera rotativa e intermitente el suministro de luz ante las emergencias que declaró el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) por un desbalance entre la descarga y la demanda generado por el calor.

“En resumen, en las afectaciones que se tuvieron entre los días 7 y 9 de mayo, los periodos en promedio para cada uno de los usuarios fueron de 30 minutos”, aseveró.

Estos apagones ocurrieron durante la segunda onda de calor del año en México, que ha registrado este mes una temperatura de 1.4 grados por encima del promedio de años anteriores, expuso Juan Antonio Fernández, director de Planeación Estratégica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por ello, la demanda aumentó hasta un 13 por ciento ante el mismo periodo de 2023, lo que equivale a 2.5 veces el consumo de la península de Yucatán, detalló.

En tanto, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, aseguró que “se resolvieron ya totalmente” los problemas, que estuvieron limitados, según él, a unas horas durante el 7, 8 y 9 de mayo.

“Se dieron determinados problemas tres días, que se resolvieron ya totalmente. Esos tres días tuvimos simplemente un sistema que operó perfectamente todo el día, y en la noche, en lo que se llama el pico, cuando existe la mayor demanda de electricidad, tuvimos un problema de incapacidad de atacarlo”, alegó.

Bartlett agregó que, “por lo tanto, hubo ciertos cortes de electricidad que duraron una hora nada más” y que “nunca ha estado en riesgo el Sistema Eléctrico Nacional, nunca”, enfatizó.

“El sistema eléctrico funcionó perfectamente esos mismos tres días y se recuperó inmediatamente y ya estamos con toda la seguridad con la que ha venido operando estos últimos años”, señaló.

Los apagones revivieron críticas del sector privado y de la oposición contra la política energética del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusan de privilegiar a la CFE en detrimento de las plantas privadas, en particular de renovables.

En el mandato de López Obrador (2018-2024), la CFE ha pasado de generar el 38 por ciento de la electricidad nacional a un 49 %, con una meta de superar el 60 por ciento al final del sexenio, en octubre.

“Hemos logrado fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, es una empresa pública que querían destruir, desaparecer con la privatizaciones durante el periodo neoliberal, ya no lo lograron afortunadamente”, expresó el presidente.

Con información de EFE

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INAI ordena a Pemex informar sobre contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a Petróleos Mexicanos (Pemex) informar sobre la contaminación de agua potable en colonias de la alcaldía Benito Juárez, por alguna sustancia eventualmente derivada del petróleo, y sus posibles efectos a la salud.

Específicamente, deberá precisar la sustancia o contaminante que contiene el agua, las acciones para tratarla y los daños que puede causar al cuerpo humano y a la salud de las mascotas.

Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas señaló que la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez fue una problemática denunciada por la sociedad civil, lo cual pone de manifiesto la importancia de conocer los resultados de lo que se ha hecho para resolver esta situación, en especial, porque el Sistema de Aguas de la Ciudad de México reservó la información por tres años.

“La población exige que se dé a conocer lo que está pasando; en medios nacionales y redes sociales hemos visto esta lucha de los ciudadanos, para que se abra esta situación. Daña más reservar la información, porque llevas a una población a que desconozca si está en riesgo su salud, que conocerla, para tomar las medidas preventivas”, planteó.

Del Río Venegas resaltó que el acceso al agua potable es un derecho humano establecido en la Constitución, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar que el agua de consumo sea sana y esté libre de contaminantes.

Por ello, enfatizó la importancia de que las autoridades no manejen más este tema con discrecionalidad y que den a conocer las acciones que se llevan a cabo para solucionarlo.

“Este Instituto considera que la información solicitada tiene una trascendencia social de muy alto impacto y es de máximo interés público que se conozca, debido a que se relaciona con los derechos humanos a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y la protección de la salud”, afirmó.

La persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el INAI, debido a que Pemex se declaró incompetente para atender su requerimiento y le sugirió presentarlo a Pemex Logística y a tres dependencias de la Ciudad de México: la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Salud y el Sistemas de Aguas.

Sin embargo, en el análisis del caso, a cargo de la ponencia de la comisionada Del Río Venegas, se determinó que Pemex sí es competente y cuenta con diferentes áreas que pueden conocer la información como la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica y la Gerencia de Responsabilidad Social, estas dos últimas áreas responsables de atender la problemática social derivada de la actividad petrolera.

Además, se localizaron múltiples notas periodísticas y pronunciamientos de autoridades como el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y el presidente Andrés Manuel López Obrador que dan cuenta de la competencia de Pemex para atender la solicitud.

Finalmente, se advirtió que también Pemex Logística cuenta con atribuciones para conocer la información, por lo que, de ser el caso, deberá llevar a cabo el procedimiento de búsqueda, previsto en la Ley Federal de Transparencia.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta de Pemex y le instruyó a asumir competencia y dar respuesta a cada uno de los requerimientos relacionados con la contaminación de agua potable en colonias de la alcaldía Benito Juárez.

Con información de EFE

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Suprema Corte rechaza propuesta para levantar suspensión de fideicomisos del Poder Judicial

En una sesión celebrada este miércoles, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó con cuatro votos en contra y uno a favor la propuesta de la ministra Lenia Batres, que buscaba levantar la suspensión que detuvo la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Batres Guadarrama argumentó que la suspensión ponía en riesgo a la población de Guerrero, ya que los fondos de los fideicomisos serían destinados para apoyar a las víctimas del huracán Otis. Además, acusó al juez Edgar Martín Gazca de extralimitarse al otorgar la suspensión, priorizando los intereses de la judicatura sobre los damnificados.

El ministro Luis María Aguilar Morales respondió que no era el momento adecuado para analizar los derechos de los ciudadanos, ya que esa cuestión debe ser revisada en el fondo del asunto. Además, Aguilar Morales señaló que el Poder Ejecutivo debería contar con fondos suficientes para ayudar a los damnificados sin recurrir a los fideicomisos del PJF.

El Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región había otorgado la suspensión contra los cambios a la Ley Orgánica del PJF que resultaron en la desaparición de los fideicomisos. Ante el rechazo a la queja presentada por la presidencia de la República, Aguilar Morales deberá presentar un nuevo proyecto. Dado su participación en la sesión, se prevé que mantenga la suspensión.

La modificación a la Ley del Seguro Social, que incluye una nueva figura de financiamiento del Fondo de Pensiones del Bienestar, ya está disponible en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta ley contempla la eliminación de los 13 fideicomisos del PJF, cuyos recursos, ascendentes a 16 mil 360 millones de pesos, se planeaba utilizar para la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán Otis en octubre de 2023.

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