El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, comunicó este lunes que ha decidido seguir al frente del Ejecutivo “con más fuerza si cabe”, tras el periodo de reflexión que se ha tomado en los últimos días, ante lo que consideró una campaña de acoso y derribo contra él y contra su esposa.

Sánchez anunció la decisión en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, con lo que despeja la incógnita sobre la posibilidad de que presentara la dimisión.

“He decidido seguir, con más fuerza si cabe, al frente de la Presidencia del Gobierno de España”, enfatizó, con el compromiso de trabajar “sin descanso, con firmeza” por la regeneración pendiente y el avance y la consolidación de derechos y libertades.

Sánchez expuso sus reflexiones de estos días preguntándose si merecía la pena continuar o no, e hizo hincapié en que la decisión “no supone un punto y seguido”.

“Es un punto y aparte, se lo garantizo”, subrayó.

El gobernante español decidió reflexionar durante unos días sobre la campaña de “acoso y derribo” que considera que están protagonizando contra él la oposición de conservadores (Partido Popular) y de la extrema derecha (Vox) y medios y organizaciones de la derecha y la ultraderecha y que, según asegura, utilizan también para ello los ataques a su esposa, Begoña Gómez.

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra ella por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias que se fundamenta en una serie de noticias de prensa, y que la fiscalía ha pedido archivar.

Sánchez publicó una carta a la ciudadanía en la red X el miércoles para anunciar que cancelaba unos días su agenda para pensar sobre si merecía la pena seguir al frente del Gobierno y que haría pública la decisión este lunes en una comparecencia.

Contra “la política de la vergüenza”

Según dijo Sánchez hoy, solo hay una manera de revertir “esta situación”, y es que la mayoría social, “como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo”.

Así se refirió a los apoyos que recibió estos días de los ministros, principales dirigentes y miles de militantes y simpatizantes del Partido Socialista para que no abandonara el Ejecutivo, así como de otras fuerzas políticas y algunos sindicatos, y que hoy mostraron satisfacción por la decisión tomada.

Subrayó Sánchez que el paso que ha dado es por motivos personales, pero son, aseguró, razones que todo el mundo puede entender y sentir como propios porque “responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española”.

Y añadió que esto no va del destino de un dirigente particular, pues es lo de menos, según comentó. “Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser”, añadió. España necesita una “reflexión colectiva”, que ya ha empezado a hacer en estos cinco días, resaltó.

Según el presidente del Gobierno, España lleva “demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente” la vida política, “contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables” hace apenas unos años.

“Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola”, indicó antes de insistir en su determinación de seguir y de agradecer “de corazón” las muestras de solidaridad y de empatía recibidas.

La denuncia contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, fue presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, un “sindicato” ultraderechista que ha interpuesto todo tipo de denuncias contra lo que considerara corrupciones políticas o económicas con lesión para el interés general.

El autodenominado sindicato sentó en el banquillo de los procesados a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, en 2016, en el juicio contra su entonces marido, Iñaki Urdangarín, por dos delitos contra la Hacienda Pública, de los que resultó absuelta.

Con información de EFE

Las protestas estudiantiles en contra de la guerra en Gaza se extendieron durante este fin de semana a decenas de universidades en todo Estados Unidos, llevando a cientos de arrestos y enfrentamientos entre los manifestantes y fuerzas del orden.

Las manifestaciones, que comenzaron en la Universidad de Columbia en Nueva York y se propagaron a campus en decenas de estados, incluyendo Georgia, Indiana, California y Texas, tienen en común el rechazo a la política estadounidense hacia Israel y la petición de que los centros educativos rompan relaciones con el gobierno y el sector privado israelí.

Los jóvenes han decido levantar campamentos en las instalaciones de las universidades, lo que ha llevado a tensiones con las instituciones, ya que muchas de ellas aseguran que ese modelo de protesta viola con sus políticas y han ordenado desalojos.

El sábado en la tarde, más de 200 estudiantes fueron arrestados en desalojos en las universidades de Northeastern en Boston, Massachusetts; Arizona State, en Tempe; Indiana University, en Bloomington, y Washington University en Saint Louis (Misuri).

En Missouri, la candidata presidencial por el partido independiente Green Party, Jill Stein, fue detenida por las autoridades durante el desalojo en el que se detuvieron a unas 80 personas, según informó la universidad en un comunicado.

La universidad planea presentar cargos de allanamiento de morada contra todos los detenidos en Saint Louis e incluso algunos “podrán ser acusados de resistirse al arresto y de agresión” a agentes de policía, según detalló el comunicado.

En Boston, la policía detuvo a más de un centenar de personas tras desalojar un campamento estudiantil que se había instalado desde el pasado jueves.

La policía estatal de Massachusetts adelantó que presentará cargos de allanamiento de morada y alteración del orden público contra los arrestados. Por su parte, la universidad dijo que “emprenderá acciones disciplinarias” contra algunos de los estudiantes.

En Arizona, los arrestos tuvieron lugar en al final de la noche el viernes, cuando la policía entró a un campamento y detuvo a más de 70 personas. La universidad acusó a los manifestantes de estar invadiendo la propiedad privada y señaló que la mayoría “no eran parte del cuerpo estudiantil o la facultad”.

La Universidad de Indiana, por su parte, ordenó el desalojo de un campamento la tarde de este sábado, llevando a que la policía estatal arrestara a más de 20 personas que también enfrentan cargos por invasión y resistirse al arresto.

La Casa Blanca no se ha pronunciado durante este fin de semana sobre las protestas; el lunes, el presidente Joe Biden condenó lo que llamó “manifestaciones antisemitas” en las universidades y rechazó “a quienes no entienden lo que sucede en Palestina”.

La mayoría de los estadounidenses está en desacuerdo con el manejo que el gobierno demócrata le está dando a la guerra en Gaza.

Con información de EFE

La precariedad del sistema de pensiones en los países de América Latina y el Caribe obliga a millones de trabajadores a buscar una vía laboral informal para completar sus bajos ingresos, después de décadas de trabajo y de haber superado la edad de jubilación.

Desde México hasta Paraguay, los sistemas de pensiones en la región están marcados por dificultades estructurales y sociales que impactan profundamente en la calidad de vida de los adultos mayores.

México: la mitad del trabajo es informal

La situación de las pensiones en México refleja la complejidad de un país donde la informalidad laboral afecta a casi la mitad de la población activa.

Con una pensión mínima que apenas supera los 6 mil pesos mensuales, muchos mexicanos se enfrentan a la difícil decisión de prolongar su vida laboral para asegurar un retiro medianamente estable, considerando que el salario mínimo es de 7 mil 468 pesos.

El Congreso mexicano evalúa actualmente una serie de iniciativas que buscan otorgar una tasa de reemplazo del 100 por ciento para los trabajadores que comenzaron su vida laboral formal a partir de 1997, con un tope de 17 mil pesos mensuales.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado lunes, con los votos oficialistas, una reforma de las pensiones que beneficiará a 28 millones de trabajadores del sector público y privado, así como la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, una bolsa de 40 mil millones de pesos que busca que el Estado garantice jubilaciones con 100 por ciento del último sueldo.

Argentina o la necesidad de seguir trabajando para los jubilados

En un escenario de severa crisis económica y con la tasa de inflación más alta del mundo (287.9 por ciento), el 65 por ciento de los jubilados en Argentina cobra la jubilación mínima, que en abril ha sido de 171 mil 217 pesos (192 dólares), un ingreso que llegó a los 241 mil pesos por el bono de refuerzo que la seguridad social otorgado por la situación de emergencia.

Este ingreso, que representa un 82 por ciento del salario mínimo legal en Argentina, actualmente situado en los 202.800 pesos (232 dólares), coloca a muchos jubilados en una situación de gran vulnerabilidad económica.

A pesar de los intentos legislativos para garantizar un nivel mínimo de ingresos para los jubilados, la realidad es que muchos trabajadores se ven obligados a seguir trabajando después de alcanzar la edad de retiro.

De acuerdo a datos oficiales correspondientes al cuarto trimestre de 2023, sobre un total de 19 millones de personas ocupadas (formal e informalmente) dentro de la población urbana de Argentina, un 4.4 por ciento eran mayores de 65 años.

En Brasil se duplicaron los pensionistas que trabajan

Con una pensión mínima que apenas supera el salario mínimo, y un aumento en la población de adultos mayores que aún están en la fuerza laboral, el desafío de garantizar una jubilación digna es evidente.

En Brasil el salario mínimo es de mil 412 reales (unos 274 dólares), valor que marca la pensión mínima y que percibe un 64 por ciento de los pensionistas.

Aunque no hay estadísticas exactas del número de pensionistas que trabajan en el país, según datos oficiales, en 2023 había 7.4 millones de brasileños de 60 años o más que continuaban trabajando, lo que supone el doble que hace una década, y un 12 por ciento más que el año anterior.

Chile, el inventor de la capitalización individual

En Chile, el sistema de pensiones establecido en 1980, durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), enfrenta críticas por no garantizar retiros dignos. Este sistema se basa en la capitalización individual, en la que los trabajadores aportan mensualmente un 10 por ciento de su sueldo a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Sin embargo, las pensiones resultantes son insuficientes, con cifras que frecuentemente se sitúan por debajo del sueldo mínimo del país, que es de 470 mil pesos (unos 531 dólares).

Este problema se agrava debido a las características del mercado laboral chileno, marcado por la inestabilidad y los bajos salarios.

La falta de estabilidad laboral genera lo que se conoce como “lagunas previsionales”, períodos en los cuales los trabajadores no cotizan y, por ende, no ahorran lo suficiente para su jubilación.

Además, los bajos sueldos limitan su capacidad de ahorro, especialmente de las mujeres, quienes enfrentan discriminación salarial y dificultades adicionales para acceder a empleos estables y bien remunerados.

Esta situación lleva a una alta proporción de personas a continuar trabajando incluso después de alcanzar la edad de jubilación.

Perú, Bolivia o Paraguay: la mayoría carece de sistema de pensiones

En Perú, la situación no es menos preocupante. La pensión media es de 500 soles (133 dólares), mientras que el salario mínimo es mil 25 soles. Con la mayoría de los adultos mayores sin acceso a un sistema de pensiones formal, y una gran proporción trabajando en la informalidad, la jubilación se convierte en un lujo para muchos.

Aunque se han implementado programas de asistencia social, como Pensión 65, la realidad es que los ingresos de los adultos mayores son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Bolivia, a pesar de contar con un sistema de pensiones que permite una renta de vejez de hasta el 70 por ciento del salario referencial, enfrenta desafíos significativos en términos de cobertura y suficiencia de ingresos.

En un país de 12.2 millones de personas, el número de jubilados que reciben pensión es de apenas 220 mil, un 68 por ciento de los cuales perciben una prestación menor a 6 mil bolivianos, (unos 862 dólares).

Aunque el sueldo mínimo es de 2 mil 362 bolivianos (unos 342 dólares), lo cierto es que el 80 por ciento de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, según Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En Paraguay, la cobertura de la seguridad social es de apenas el 24.5 por ciento, muy por debajo del promedio latinoamericano, que es del 61 por ciento de la población total, dejando a una gran proporción de la población sin acceso a un sistema de pensiones formal.

En un país donde el salario mínimo es de 2 millones de guaraníes (unos 269 dólares), existen dos pilares para el régimen de protección social, uno contributivo, que se financia con aportes de los trabajadores, y otro no contributivo, que recibe fondos del erario público.

La realidad de las pensiones en América Latina es un reflejo de las profundas desigualdades y dificultades económicas que enfrentan millones de ciudadanos en la región.

Con información de EFE