Connect with us

Principal

Gobierno federal revisará pensiones “millonarias” de exfuncionarios de Pemex y LyFC

Publicado

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que revisará la situación legal de las pensiones “millonarias” que perciben más de un centenar de exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), montos que llegan a ser hasta 140 veces superiores al promedio que reciben los trabajadores mexicanos.

La secretaria de Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expuso la disparidad durante una conferencia de prensa el 29 de agosto. Reveló que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la pensión mensual promedio en el país es de 7,092 pesos, una cifra que contrasta drásticamente con los beneficios de algunos ex empleados de empresas paraestatales.

Las cifras de la desigualdad

El reporte oficial detalla que 9,457 pensionados de la extinta LyFC reciben entre 100,000 y un millón de pesos al mes. El gasto anual para cubrir estos pagos asciende a 28,074 millones de pesos.

Por otro lado, al menos 618 ex trabajadores de Pemex reciben una pensión mensual que supera el salario anual del director general de la paraestatal. Adicionalmente, 544 pensionados más de la empresa petrolera perciben montos superiores al sueldo de la propia presidenta de la República. En conjunto, las pensiones de los jubilados de Pemex representan un erogación anual de 24,844 millones de pesos.

Acciones y posibles cambios constitucionales

Ante estos datos, la presidenta Sheinbaum afirmó que su administración evaluará acciones legales para eliminar estas pensiones, que calificó como “ofensivas para el pueblo de México”.

“Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas; un millón de pesos, imagínense, mensuales”, declaró la mandataria.

Para ello, la secretaria Buenrostro informó que se han establecido mesas de trabajo con la Consejería Jurídica, con la participación del IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Hacienda y su propia dependencia, con el objetivo central de revisar la legalidad de todas estas pensiones.

El plan de acción

El gobierno federal implementará una serie de medidas para abordar el problema:

  • Se emitirá un oficio para normar de manera coordinada los requisitos en los procesos de jubilación entre todas las dependencias involucradas.
  • Se firmarán convenios de colaboración con los registros civiles para actualizar y depurar los padrones de pensionados, evitando pagos a personas fallecidas.
  • Se homologarán los expedientes de los jubilados para centralizar la información.
  • Se realizará una revisión jurídica y constitucional que permita el intercambio de información con autoridades estatales para tener un padrún de beneficiarios preciso y actualizado.

La iniciativa busca auditar y, en su caso, revertir los beneficios considerados desproporcionados, en un esfuerzo por equilibrar la justicia social y la responsabilidad fiscal.