Investigan a escoltas y Guardia Nacional por asesinato de alcalde de Uruapan; uno está prófugo

La investigación por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido la noche del 1 de noviembre durante un evento por el Día de Muertos, se centra en su propio círculo de seguridad. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que de los ocho escoltas asignados al edil, siete fueron detenidos y uno se encuentra prófugo.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal detalló que los detenidos ya fueron puestos a disposición de un juez, quien determinará su situación legal. “Creo que es muy acertado lo que está haciendo la Fiscalía y el propio secretario Omar García Harfuch”, señaló Ramírez Bedolla, en referencia a la colaboración entre las autoridades estatales y federales.

La investigación, calificada como “integral y de 360 grados”, está a cargo de la Fiscalía de Michoacán en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal. El gobernador destacó que se examinan todas las líneas de investigación, con especial atención en el primer círculo de seguridad del alcalde, compuesto por los ocho escoltas.

También bajo la lupa: la Guardia Nacional

Ramírez Bedolla reveló que la investigación también incluye a elementos de la Guardia Nacional que formaban un “segundo círculo” de seguridad alrededor del presidente municipal. El gobernador aclaró que el propio Carlos Manzo había designado a los escoltas ahora investigados como su círculo más cercano de protección.

Vinculación a proceso

Este sábado 22 de noviembre, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa para Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, y los siete escoltas detenidos, por su presunta responsabilidad en el homicidio del edil.

El gobernador reconoció la colaboración entre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, y aseguró que su administración colabora en todo lo necesario para el avance de las indagatorias.

El caso ha conmocionado a Michoacán y puesto bajo los reflectores los protocolos de seguridad para funcionarios públicos en una de las entidades con mayor desafío en materia de seguridad.