Internacional
El gobierno de Milei impulsa una reforma de la ley de glaciares para desbloquear inversiones mineras
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha puesto en marcha una de las reformas estructurales más controversiales de su gestión: la modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares. El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias, tiene como objetivo declarado “ordenar el marco normativo vigente” y consolidar un “federalismo ambiental”. Sin embargo, su efecto práctico sería habilitar la exploración y explotación minera en vastas áreas actualmente protegidas, con el fin de atraer inversiones estimadas en más de 30.000 millones de dólares en la próxima década.
La ley vigente, sancionada en 2010, prohíbe taxativamente toda actividad minera e hidrocarburífera en los glaciares y en el ambiente periglacial (suelos congelados que regulan el recurso hídrico). El cambio central propuesto por el gobierno de Milei radica en restringir la protección únicamente a aquellos glaciares y geoformas que sean identificados como portadores de “funciones hídricas”. La determinación concreta de qué áreas pierden esa protección quedaría en manos de las “autoridades ambientales competentes” de cada provincia, en un proceso donde, según el texto, “todo glaciar se considerará protegido hasta que la autoridad verifique que carece de funciones hídricas”.
El motor económico: dólares para la deuda
La apuesta del Gobierno tiene una clara lectura económica. Según estimaciones del sector minero, citadas en los fundamentos del proyecto, el 70% de las potenciales inversiones se dirigiría a nuevos proyectos de cobre, oro y plata. Estos capitales son presentados como una fuente crucial de dólares para fortalecer las reservas internacionales del Banco Central, en un contexto donde Argentina enfrenta vencimientos de deuda abultados, que solo en 2026 ascenderán a 20.000 millones de dólares.
Alerta ambiental y críticas unánimes
La iniciativa ha encendido las alarmas en la comunidad científica y en las organizaciones ambientalistas, que la consideran un retroceso histórico. Greenpeace Argentina emitió un comunicado tajante, recordando que “los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce que abastecen de forma directa a 7 millones de personas en el país e indirectamente sostienen actividades económicas regionales”. Críticos argumentan que el concepto de “función hídrica” es ambiguo y que el proceso de verificación provincial podría estar sujeto a presiones económicas, degradando ecosistemas frágiles e insustituibles.
