Sentencia histórica en Puebla: 60 años de prisión para excandidato a gobernador por feminicidio de activista Cecilia Monzón

Tres años después del feminicidio que conmocionó al estado, un tribunal de Puebla dictó una sentencia contundente: 60 años de prisión para Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura, declarado autor intelectual del asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, ocurrido en mayo de 2022. La misma pena fue aplicada a sus dos cómplices: Jair Mauricio Domínguez (sobrino de López Zavala) y Silvestre Vargas Ruiz (identificado como el homicida material).

La resolución judicial, dada a conocer esta semana aunque la declaración de culpabilidad se produjo días antes, incluye además una multa de 113 mil pesos para cada uno de los sentenciados. El fallo cierra un capítulo judicial de alto impacto político y social, que mantuvo en vilo a la sociedad poblana y al movimiento feminista nacional.

Un crimen que trascendió la justicia penal
El asesinato de Cecilia Monzón, ocurrido a balazos cuando circulaba en su vehículo en el municipio de San Pedro Cholula, no solo evidenció los riesgos que enfrentan las defensoras de derechos en México, sino que detonó una reforma legal con su nombre. Antes de que se alcanzara esta sentencia, y como respuesta a la movilización social y exigencia de justicia, el Congreso de Puebla promulgó la “Ley Monzón”.

Esta legislación, de alcance estatal, establece que se suspenderá automáticamente la patria potestad de un padre vinculado a proceso por feminicidio o tentativa de feminicidio sobre sus hijos o hijas, con el objetivo de proteger a los menores y evitar que queden bajo la custodia legal de un posible agresor.

Un proceso judicial bajo escrutinio
El caso, seguido de cerca por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, puso en el centro a Javier López Zavala, quien en 2019 contendió por la gubernatura de Puebla por el partido Puebla Unido. La sentencia lo destierra de la vida pública y lo coloca en la prisión por seis décadas, marcando un precedente en la judicialización de crímenes contra activistas con perfil político.

La lentitud del proceso y el retraso en la notificación de la sentencia habían generado críticas y desconfianza entre los colectivos feministas y la familia de la víctima, quienes durante años mantuvieron la exigencia de justicia y alertaron sobre posibles dilaciones o influencias políticas.

Un mensaje contra la impunidad
La condena emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla es una de las más severas aplicadas en el estado por un feminicidio, especialmente por tratarse de una figura política de relieve. Para el movimiento que acompañó el caso, la sentencia representa un hito en la lucha contra la impunidad en crímenes por razones de género, aunque también subraya la deuda pendiente en materia de protección a defensoras y prevención de la violencia.