A 12 años de Ayotzinapa, padres denuncian “estancamiento” y exigen regreso de expertos internacionales

A pocos días de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, sus padres lanzaron un duro pronunciamiento en el que denuncian que las investigaciones se encuentran prácticamente estancadas y cuestionan la falta de resultados sustanciales para conocer el paradero de sus hijos.

En un comunicado difundido previo al aniversario del caso —que se conmemora el 26 de septiembre—, los familiares señalaron que, pese a las reiteradas promesas oficiales de esclarecimiento, la realidad muestra avances mínimos y acusaron al Estado mexicano de mantener una política de encubrimiento hacia las Fuerzas Armadas.

Los padres hicieron referencia a la reunión que sostuvieron el pasado 27 de agosto en Palacio Nacional con autoridades federales, en la que plantearon como una de sus principales exigencias el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el equipo de peritos internacionales que ya participó en dos ocasiones en el caso y cuya presencia consideran “indispensable” para coadyuvar y supervisar de manera autónoma las líneas de investigación.

“Resulta insuficiente que las indagatorias dependan exclusivamente de herramientas tecnológicas y mecanismos oficiales”, advirtieron los familiares, quienes insisten en que la mirada externa y calificada del GIEI es fundamental para romper con la opacidad que, aseguran, ha caracterizado el proceso.

Exigen archivos militares

Otro de los puntos centrales del posicionamiento es la demanda de entrega inmediata de más de 800 folios y registros militares que, afirman, fueron generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) durante septiembre de 2014, documentos que consideran “fundamentales” para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de aquel año.

Los padres acusaron al gobierno federal de negarse a abrir de manera completa los expedientes en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que, sostuvieron, representa un incumplimiento de las promesas de verdad y justicia.

“No aceptaremos simulaciones ni informes públicos parciales hasta que el último documento en poder de la Sedena sea puesto a disposición de la búsqueda de nuestros hijos”, advirtieron con contundencia.

Justicia inconclusa

Si bien los familiares reconocieron las recientes acciones jurídicas contra exfuncionarios estatales de alto nivel, enfatizaron que estos procedimientos no representan una respuesta suficiente mientras se desconozca el paradero de los 43 estudiantes.

Demandaron a la Fiscalía General de la República (FGR) fortalecer con pruebas contundentes los procesos judiciales existentes y ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes contra militares presuntamente implicados en el caso. Los padres señalaron que las detenciones no deben convertirse en “distractores políticos” frente a la ausencia de resultados que permitan conocer qué ocurrió con los jóvenes y dónde se encuentran.

A casi 144 meses de la desaparición de los normalistas, los padres expresaron su “profunda decepción y rechazo” ante lo que calificaron como una persistente opacidad del Estado mexicano. Reiteraron que mantendrán su lucha hasta obtener verdad y justicia y advirtieron que no permitirán que los años transcurridos o los informes oficiales sustituyan la obligación del Estado de esclarecer el caso.

El anuncio de los padres se produce en un contexto de creciente tensión entre las familias y el gobierno, que ha reiterado su compromiso con la verdad histórica pero que, según los propios afectados, no ha traducido ese compromiso en resultados concretos.