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Nacional

Fabricantes de armas de EU piden desechar demanda de México

Empresas fabricantes y distribuidoras de armas estadunidenses solicitaron que la demanda que interpuso en su contra el gobierno de México sea desechada, por la ausencia de fundamento de que participan en actividades ilícitas, y acusaron que está buscando “imponer” sus políticas de control de armas, en violación al derecho constitucional de tener y portar armas en Estados Unidos, lo cual calificaron de “un choque de valores” entre ambos países.

México presentó una demanda civil contra 11 empresas que fabrican y/o distribuyen armas de fuego ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts el 4 de agosto pasado. Las empresas cumplieron este lunes con el plazo para exponer sus respuestas por escrito sobre las acusaciones.

México sostiene que, de forma deliberada, los fabricantes facilitan la venta de armas de fuego que finalmente llegan a manos del crimen organizado del otro lado de la frontera y con la demanda está buscando tanto reparaciones económicas por el daño como compromisos de estas empresas para frenar el flujo ilícito de armas, al asumir mayor responsabilidad en la venta y promoción comercial de sus productos, los cuales nutren la violencia.

En sus primeras respuestas formales expuestas este lunes ante el tribunal, las empresas ofrecieron un abanico de razones con las cuales solicitan que se deseche el litigio.

Calificaron el caso así: “Incapaces de controlar la violencia de los cárteles dentro de sus propias fronteras, México presentó esta demanda buscando culpar” a fabricantes y distribuidores de armas de fuego en Estados Unidos.

Ante ello, aseguran que México no ofrece ninguna evidencia de responsabilidad directa de estas empresas con la compra y uso ilícito de sus productos por terceros, y que bajo las leyes estadunidenses este caso no tiene sustento.

En un argumento conjunto, ocho de las 11 empresas acusadas –varias también presentaron sus respuestas individuales– afirman que México está buscando responsabilizar a los fabricantes de armas de la violencia provocada por los cárteles en su territorio.

Señalan que en su acusación, las autoridades mexicanas “no alegan que alguno de los demandados, los cuales son miembros de la comunidad empresarial en Estados Unidos que acatan la ley, venden sus armas de fuego a los cárteles”, sino, de hecho, que los actores criminales son intermediarios sin ningún vínculo con las compañías. Por tanto, concluyen que “no se puede responsabilizar a los demandados por la acción independiente de algún tercero”.

Más aún, acusan que México, con esta demanda, está intentando “imponer sus propias políticas de control de armas sobre empresas de armas de fuego estadunidenses ignorando las decisiones hechas por legislaturas domésticas y depositadas en las constituciones estatales y la federal” de Estados Unidos.

En su argumento ante el tribunal, la agrupación de empresas demandadas resalta que “en el fondo, este caso implica un choque de valores nacionales; mientras Estados Unidos reconoce el derecho de mantener y portar armas, México casi ha eliminado la posesión privada de éstas”.

Con ello, acusan que México está buscando extenderse más allá de sus fronteras y “castigar ventas de armas que no sólo son legales, sino constitucionalmente protegidas en Estados Unidos”.

Concluyen que “al intentar llevar a la bancarrota a los fabricantes de armas de Estados Unidos, esta jugada no sólo amenaza las libertades constitucionales en América, sino también el equilibrio cuidadoso de regulaciones de armas de fuego establecidas por el Congreso y legislaturas estatales”.

Advierten que este caso es un intento para usar el Poder Judicial en una “disputa diplomática” entre Estados Unidos y México sobre los efectos internacionales de sus políticas sobre armas. “Este tribunal no tiene que jugar en esto. Debería desechar la queja”, aconsejan.

En su gama de razones legales por las cuales solicitan que la Corte desestime este litigio, las empresas enfatizan que la ley federal en Estados Unidos establece una amplia “inmunidad” a fabricantes y distribuidores de armas autorizados contra demandas que “resultan del mal uso criminal o ilícito de un arma de fuego por un tercero”.

A la vez, cuestionan si este tribunal tiene jurisdicción para este caso, ya que mucha de la actividad ilícita que se alega en la demanda no fue cometida en Massachusetts.

Al mismo tiempo, la ley estadunidense, agregan, no ofrece protecciones a entidades extranjeras por el uso dañino de estos productos en sus territorios. Más aún, señalan que bajo las leyes nacionales, no pueden ser responsabilizadas por el mal uso de sus productos legales por terceros en otros países.

“El gobierno de México, que enfrenta una epidemia de violencia de armas impulsada por cárteles de droga y otras pandillas organizadas, ha decidido que Smith & Wesson y otros fabricantes de armas… son realmente los responsables de que mexicanos estén matando a otros mexicanos en México”, pero no alega que los demandados directamente entregaron esas armas a cualquiera en México, afirma en su argumento individual esa empresa.

Smith & Wesson, junto con los otros demandados, rechazan que México pueda intentar “imponer sus propias políticas de control de armas sobre empresas de armas de fuego estadunidenses”.

El juez federal F. Dennis Saylor ahora tendrá que evaluar todos estos argumentos –y posiblemente otros más de México– al decidir si este caso procede o no, y bajo qué condiciones.

Con información de La Jornada

Nacional

AMLO incumplió con promesa de acabar con asesinatos de periodistas en México: Reporteros Sin Fronteras

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció hoy el “discurso hostil” hacia los medios del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante sus seis años de mandato, en los que ha incumplido su promesa de terminar con los asesinatos de periodistas en su país (37), a casi un mes de los comicios del 2 de junio.

“El balance es desolador: más allá de la cifra aterradora de reporteros que han perdido la vida, no se ha llevado a cabo ninguna reforma del sistema de protección de los periodistas, a pesar de las recomendaciones sobre la materia”, denunció la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), que tiene su sede en París, Francia.

Los 37 asesinados por ejercer como periodistas -muchas veces por investigar sobre los cárteles de la droga y sus ramificaciones políticas- se acercan en número a los ocurridos durante el mandato del antecesor de López Obrador, Enrique Peña Nieto. Durante 2012 y 2018 se contabilizaron 38 muertes de informadores en ese periodo.

No obstante, los seis años de Felipe Calderón (2006-2012) fueron los más mortíferos (51) en los últimos 30 años. Los Estados de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas han sido los que han contabilizado más asesinatos desde 1995.

Desde hace años, México figura entre los países con más informares asesinados en el mundo.

“Con vistas a las elecciones generales del 2 de junio, RSF pide a los candidatos que se comprometan a adoptar por fin medidas concretas para proteger a los profesionales de los medios y luchar contra la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas”, indicó Artur Romeu, director de la Oficina de RSF en América Latina.

La ONG envió un mensaje para los tres candidatos presidenciales: Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia; Xóchitl Gálvez, representante de la oposición de derechas, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano.

“Aunque los tres han hecho de la inseguridad y la corrupción sus temas centrales de campaña, a la fecha no se han pronunciado oficialmente sobre la trágica situación de los periodistas en México”, avisó.

Con información de EFE

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Nacional

ASF pierde última oportunidad de reactivar acusación contra Rosario Robles por Estafa Maestra

Con la decisión dada ayer por el Tribunal Federal, puede darse por concluido el proceso en contra de Rosario Robles que la involucraba en el llamada Estafa Maestra.

La FGR nunca acusó a la exfuncionaria de algo más allá que de una falta administrativa.

El Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México desechó el amparo solicitado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en contra de la resolución absolutoria que hace unos meses se le concedió a Rosario Robles. Con dicho amparo, la ASF buscaba reactivar la acusación en contra de la exfuncionaria cuando se desviaban recursos por medio del esquema conocido como La Estafa Maestra cuando ella encabezaba secretarías federales, ejercicio indebido del servicio público.

Desde el año pasado Rosario Robles ya había superado el caso de la Estafa Maestra, ya que el juez consideró que a la exfuncionaria nomás se le estaba acusando de faltas administrativas y no de un delito en sí y la Fiscalía General de la República nunca se tomó la molestia de investigar a fondo a la exfuncionaria para ver si había tenido algún papel más relevante en el desvío millonario de recursos.

¿Qué tuvo que haber hecho la FGR para evitar que Rosario Robles quedara sin proceso? Parecería lo primero que se tuvo que hacer, pero, según Animal Político, la Fiscalía nunca revisó las cuentas de las empresas fantasma involucradas en la Estafa Maestra, ni a la cadena de mando que dio luz verde a la salida de todo el dinero. La acusación contra Rosario Robles fue administrativa y la FGR nomás se limitó a investigar dentro de esa línea.

De acuerdo con Proceso, la ASF ya no puede volver a impugnar el fallo que absuelve a Rosario Robles. Así que la resolución que cancela el proceso penal contra la exfuncionaria, quien estuvo tres años en prisión de manera preventiva, ya es inamovible.

“¡Se acabó la infamia!”, celebró Rosario Robles en redes sociales al conocer el fallo ratificador del Noveno Tribunal Colegiado “La justicia triunfó. Derrotamos la venganza y el uso faccioso de nuestras instituciones para perseguir adversarios”, agregó la exfuncionaria.

Con información de Sopitas

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Nacional

Senado aprueba reforma al sistema de pensiones; pasa al Ejecutivo para su promulgación

Sin cambios al dictamen, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular reformar el sistema de pensiones y dar paso a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Con 70 votos en favor, 43 en contra y dos abstenciones, los legisladores de Morena y sus partidos aliados aprobaron en lo general el dictamen que busca que el Fondo de Pensiones para el Bienestar este financiado por los ahorros para el retiro que no hayan sido reclamados por personas de 70 años o más con cuentas inactivas. En lo particular, la reforma se aprobó con 69 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones.

Durante la discusión en lo particular, la senadora del PRI, Verónica Martínez García, afirmó que si dicha reforma beneficiara a los trabajadores su partido lo apoyaría, pero que “la actual reforma que se plantea afectará a las y los trabajadores, buscando obtener recursos de manera irregular para crear un fondo de pensiones”.

Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria propuso que en el dictamen se establezca que se notificara a los trabajadores que pudieran tener recursos o cuentas inactivas en materia de las pensiones y en caso de que no hubiera un reclamo dichos recursos puedan ser dispuestos por la autoridad, la cual fue rechazada por los morenistas.

La panista Kenia López Rabadán aseguró que “Morena perpetrará un robo a los adultos mayores”, porque “no les alcanza el dinero que tomaron de los fideicomisos” que desapareció la actual administración.

En la discusión del dictamen, la senadora morenista, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, acusó que la oposición sólo argumenta que la reforma busca perjudicar a los trabajadores cuando es a favor de ellos.

Asimismo, el senador de Morena, José Antonio Aguilar Castillejos, apuntó que es necesario fortalecer el sistema de pensiones y que la reforma no sólo se limita a la creación de un fondo y que “busca garantizar el derecho de las y los trabajadores a una pensión digna”.

El dictamen busca reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Infonavit, de la Ley del ISSSTE, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras, y se pretende crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

La reforma fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con información de Latinus

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